Resumen en lenguaje ciudadano
La profesora Matilde Cuena analiza el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo y concluye que, pese a sus avances, contiene una contradicción estructural: obliga a los prestamistas a evaluar la solvencia del cliente y a denegar el crédito si la evaluación es negativa, pero si el banco incumple esta obligación y concede igualmente el préstamo, el derecho concursal puede sancionar al consumidor insolvente por 'endeudamiento temerario' y privarle de la exoneración de deudas. El anteproyecto prohíbe además utilizar datos de redes sociales o datos de salud para evaluar la solvencia y exige explicar la lógica de los algoritmos de scoring utilizados.
Si obtuviste un préstamo de consumo o microcrédito sin que el banco te pidiera justificación de ingresos, puedes alegar que no cumplió con la evaluación de solvencia obligatoria.
Qué significa para ti
El análisis académico publicado en Hay Derecho el 13 de julio de 2026 pone el dedo en la llaga de una incoherencia del sistema financiero español: la normativa europea exige que el banco evalúe la solvencia para proteger al consumidor, pero si el banco falla en esa evaluación y el consumidor acaba sobreendeudado, es el propio consumidor quien sufre las consecuencias ante los tribunales.
Esta crítica tiene implicaciones prácticas para millones de familias españolas que han recurrido a créditos al consumo, tarjetas revolving o microcréditos. El crédito al consumo alcanzó en noviembre de 2025 un máximo histórico de 114.000 millones de euros, y el segmento de alto coste afecta al 9% de las operaciones.
La reforma normativa es un paso adelante, pero su eficacia real dependerá de que los tribunales apliquen correctamente la responsabilidad del prestamista cuando se acredite que concedió crédito sin evaluar adecuadamente la solvencia del cliente. Los consumidores sobreendeudados deben documentar las circunstancias en que obtuvieron el crédito, especialmente si el banco no solicitó información suficiente sobre sus ingresos antes de concedérselo.
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