Noticias bancarias y jurídicas

El TSJ de Castilla-La Mancha ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de CaixaBank que consultó indebidamente las cuentas de una mercantil cliente para cobrar pagarés. El tribunal considera que la falta laboral había prescrito porque la entidad conocía los hechos desde hacía 10 meses a través de un director regional, pero no actuó hasta recibir una denuncia formal por el canal interno. La sentencia delimita el cómputo de la prescripción en faltas laborales dentro del sector bancario.

Un juez de Nuevo México ha condenado a Meta Platforms a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre cómo se compartían sus datos. La sentencia deriva del escándalo Cambridge Analytica, donde datos de hasta 87 millones de usuarios fueron obtenidos sin consentimiento. El juez consideró que los controles de privacidad de Facebook no ofrecían un control real y que Mark Zuckerberg sabía que los usuarios no comprendían la configuración de privacidad. La sanción supera a la impuesta por la FTC en 2019.

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación tras la multa de 20.000 euros impuesta a una empresa que negó a Hacienda el acceso a sus ordenadores. La empresa argumentó que contenían datos personales sensibles de clientes, como tratamientos médicos. El Supremo determinará si la Agencia Tributaria necesita una autorización judicial específica para acceder a esta información.

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena de dos años de prisión a un hombre por estafar a dos personas mediante mensajes de texto y llamadas fraudulentas. El condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 1.705 euros.

La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a BBVA a devolver 1.087,72 euros por gastos hipotecarios. El banco alegó que la acción había prescrito por una sentencia del Supremo de 2015. La Audiencia rechazó que una sentencia colectiva inicie el plazo de prescripción para reclamaciones individuales.

La AEPD ha registrado un aumento importante en las brechas de datos personales notificadas por los responsables de tratamiento durante el primer semestre de 2026, superando las 3.000 notificaciones. El texto subraya la relevancia de estas notificaciones para la protección de los datos de los ciudadanos. Se trata de un dato oficial que refleja la creciente exposición de la información personal en distintos sectores, incluido el financiero.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la nulidad de las cláusulas multidivisa de una hipoteca de Bankinter firmada en 2008, al considerarlas poco transparentes y causantes de un desequilibrio para el consumidor. El tribunal rechaza que la acción haya prescrito porque el banco no demostró que los clientes conocieran el carácter abusivo de las cláusulas antes de reclamar. La sentencia obliga a recalcular el préstamo como si fuera en euros, con el Euribor como referencia, y anula también la cláusula de gastos y la comisión por reclamación de posiciones deudoras. Bankinter deberá pagar las costas y aún puede recurrir al Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión a una mujer que falsificaba nóminas y contratos laborales para que los bancos concedieran préstamos hipotecarios. Con esa documentación falsa, la trama compraba viviendas, inflaba el precio en la escritura, cobraba los alquileres y dejaba de pagar las cuotas, dejando a las entidades con un inmueble sobrevalorado y la ejecución hipotecaria como única opción. Otras ocho personas en situación de dificultad económica actuaron como compradores a cambio de un beneficio ilícito. El hijo de la acusada principal fue absuelto del delito de receptación pero declarado partícipe a título lucrativo, por lo que debe devolver el dinero recibido.

La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de una titular de una tarjeta de crédito que había sido condenada a pagar 2.435,16 euros tras declararse nulo el contrato. El tribunal considera que el certificado de deuda usado en la condena no reflejaba todo lo pagado por intereses, comisiones y gastos de seguro. Por ello, ordena rehacer la liquidación en ejecución de sentencia para determinar la cantidad correcta que deba abonarse.

El fraude mediante cuentas mula crece con la IA, que abarata el reclutamiento de muleros y permite crear identidades sintéticas y deepfakes. El abogado Rafael Chelala Riva defiende que las entidades financieras tienen obligaciones de medios y no de resultado, y que no deben ser aseguradoras universales del fraude. También repasa el marco normativo en transición: PSD3 y el nuevo Reglamento europeo de servicios de pago aún no son exigibles.

Una mujer polaca cayó en un fraude de phishing al vender un objeto online y perdió 700 euros. El banco se negó a devolver el dinero alegando que ella facilitó sus claves. El TJUE ha dictado que, ante una operación no autorizada, el banco debe reembolsar inmediatamente el importe, sin poder suspenderlo por sospechar negligencia grave del cliente. Solo puede suspenderlo si sospecha fraude del propio cliente y lo comunica por escrito a la autoridad competente.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la condena por delito leve de estafa a una mujer que prestó su número de teléfono y cuenta bancaria para recibir fondos de un fraude digital a través de Bizum. La víctima fue captada en TikTok con una falsa oferta de empleo y realizó dos transferencias Bizum de 50 y 130 euros. El primer número beneficiario correspondía a la acusada, que cobró una comisión por recibir el dinero y no lo devolvió. El tribunal considera que la mujer actuó con dolo eventual o ignorancia deliberada, descartando que fuera una mera intermediaria involuntaria.

Los estados de Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana han presentado demandas por separado contra OpenAI por los daños que ChatGPT habría causado a menores y por engañar a los consumidores sobre la seguridad del producto. Las fiscalías acusan a la compañía de haber comercializado el chatbot como seguro pese a conocer los riesgos y de utilizar un diseño que favorece la dependencia y puede proporcionar respuestas peligrosas sobre salud, autolesiones o violencia. Las demandas se basan en las respectivas leyes estatales contra el fraude al consumidor y alegan prácticas de diseño engañosas para prolongar el uso y recopilar datos personales.

La SAP 333/2026, de 7 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Zaragoza confirma la condena a un año de prisión por estafa a una mujer que sirvió como 'mula bancaria' en la venta fraudulenta de un iPhone 13 Pro anunciada en Wallapop por 445 euros. La compradora fue redirigida a Instagram, donde perdió la protección de la plataforma, y realizó una transferencia que nunca llegó a su destino. La cuenta receptora pertenecía a una tercera persona que recibió el dinero y lo gastó de forma inmediata, lo que el tribunal considera prueba suficiente para condenarla como cooperadora necesaria, aunque no participara directamente en el engaño.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la nulidad de un contrato de crédito revolving de Cofidis con una TAE del 23,70%. El tribunal considera que las cláusulas de cálculo de intereses eran prácticamente imposibles de entender para un ciudadano medio. La clienta no deberá devolver más de lo que recibió. Cofidis deberá pagar las costas de ambas instancias.

El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven declarará ante el juez Calama tras ser detenido en Alemania y entregado a España por su presunta implicación en una red de blanqueo vinculada al rescate de Plus Ultra. La UDEF le sitúa como gestor de un entramado de sociedades que canalizaba fondos hacia la aerolínea y generaba facturas falsas. Está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Tras su detención se hallaron lingotes de oro en su domicilio y se le impusieron medidas cautelares como retirada del pasaporte y comparecencias bisemanales.

La Audiencia Provincial de Gerona ha estimado el recurso de CA Auto Bank contra la inadmisión de su demanda por impago de un leasing. El juzgado de instancia entendió que no se acreditó el intento de MASC porque el burofax no probaba su contenido y el correo electrónico no constaba contestado. La Audiencia aplica el criterio unificado de las secciones civiles de Gerona y considera suficiente que el email se enviara a la dirección del contrato firmado por el cliente. Con ello, el tribunal ordena admitir a trámite la demanda.

Un estudio de ClarityCheck muestra que el 47% de los usuarios de aplicaciones de citas utiliza expresiones ambiguas sobre sus intenciones sentimentales. La plataforma, especializada en verificación de identidades digitales, advierte de que estas discrepancias pueden indicar engaños deliberados o simplemente falta de transparencia.

Los tribunales permiten a las empresas investigar bajas laborales sospechosas mediante detectives privados, pero las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales no sirven para justificar un despido. El artículo analiza sentencias sobre empleados de baja que realizan actividades aparentemente incompatibles con su recuperación.

Un debate con 52 especialistas abordó el impacto de la inteligencia artificial en decisiones judiciales y sanitarias. El magistrado Eduardo de Porres advirtió de los riesgos de subir documentación confidencial a plataformas externas y recordó los límites del CGPJ sobre protección de datos. Los expertos coincidieron en que la tecnología avanza más rápido que la regulación.