Noticias bancarias y jurídicas

El Tribunal Supremo ha confirmado que BBVA debe devolver 22.148,14 euros más intereses a una mercantil por cobrar comisiones de devolución de efectos mercantiles sin acreditar ningún servicio efectivo. La empresa pagó esas comisiones durante más de una década sin protestar y tardó años en reclamar. El banco alegó que el silencio del cliente equivalía a consentimiento, pero el Supremo lo rechaza: la mera pasividad no autoriza a cobrar comisiones sin servicio real. La cláusula no se declara nula automáticamente, pero el cobro queda sin justificación si no se demuestra la prestación.

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por no transponer la Directiva (UE) 2023/2225 sobre crédito al consumo, cuyo plazo venció el 20 de noviembre de 2025. España tiene dos meses para adoptar medidas o el caso puede ir al Tribunal de Justicia de la UE. El anteproyecto español, aún en tramitación, fija un tope del 24% TAE para créditos y revolving, crea la figura del prestamista de alto coste para microcréditos con un interés máximo del 4% mensual, y refuerza el análisis de solvencia con intervención humana si se deniega por decisión automatizada. La directiva se aplica desde el 20 de noviembre de 2026.

La fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, advierte de que los menores acceden a contenidos violentos, pornográficos y que incitan a la discriminación o autolesiones. Aporta datos: el 97,5% de los niños de 10 a 15 años usa Internet, seis de cada diez han sido testigos de violencia digital y la mitad han sido víctimas. Señala que los menores no son conscientes de los riesgos de compartir información en redes y pueden contactar con adultos que se hacen pasar por menores. La fiscal pide protección legal en el entorno digital.

El artículo analiza cómo la digitalización ha alterado la contratación de consumo, sustituyendo la contratación por negociación por una contratación predispuesta y digital. La Directiva 93/13 y el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios se han mostrado versátiles para controlar las cláusulas abusivas en el entorno digital. Se destaca que los servicios aparentemente gratuitos en los que la contraprestación se paga con datos personales están incluidos en la protección del consumidor. La normativa europea y española han ampliado la protección al entorno digital.

La CNMC ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de ley de contratos de crédito al consumo, que sustituirá a la legislación vigente y adaptará la normativa española a dos directivas europeas. El organismo valora positivamente el refuerzo de la transparencia y la protección del consumidor, pero recomienda cambios. Propone permitir el reembolso voluntario anticipado en los préstamos de alto coste, eliminando la amortización gradual obligatoria, y que los límites de precios se basen en datos reales del mercado. También sugiere simplificar los requisitos para nuevos operadores y reforzar la transparencia de los productos vinculados al crédito.

El Tribunal Supremo ha condenado a Cofidis a pagar 2.000 euros a una clienta por intromisión ilegítima en su derecho al honor. La clienta había reclamado contra un préstamo por considerarlo usurario y, durante el trámite judicial, Cofidis incluyó sus datos en el fichero de morosos ASNEF. La entidad conocía la controversia sobre la deuda, por lo que la deuda no reunía el requisito de certeza exigido para la inclusión en estos ficheros. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Zaragoza habían fallado antes a favor del banco, pero el Supremo ha estimado el recurso de la clienta.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha rechazado la nulidad de una cláusula de año comercial de 360 días en un préstamo hipotecario de Banco Sabadell. La sentencia concluye que el sistema aplicado era 360/360, no 365/360, y por tanto no perjudicaba al consumidor. Además, el tribunal reprocha al recurrente haber utilizado la inteligencia artificial como 'argumento de autoridad' en lugar de acreditar el perjuicio económico concreto.

Una instructora de Santander ha cerrado el sumario de la causa contra un gestor financiero de Novo Banco por presunta estafa y administración desleal con 84 perjudicados y más de 38 millones de euros reclamados. La jueza declara a Abanca responsable civil subsidiaria al considerar que adquirió Novo Banco como unidad de negocio y asumió la posición contractual del vendedor. La causa pasa a la Audiencia Provincial de Cantabria. Abanca ha recurrido el auto.

La AEPD publica una reflexión sobre la 'IA ofensiva' y advierte de que las notificaciones de brechas han aumentado un 150% en 2026. Sostiene que la IA agéntica reduce el tiempo entre el acceso a un sistema y la exfiltración de datos a minutos, y critica el parcheo automático sin supervisión. Propone medidas como inventariar la superficie expuesta, adoptar Zero Trust y purgar datos innecesarios.

Un expresidente de Fideuram–Intesa Sanpaolo autorizó transferencias millonarias hacia China y Hong Kong tras recibir un mensaje falso del CEO y una llamada con voz clonada por IA del socio director de A&O Shearman en Italia. Se recuperaron o bloquearon unos 53 millones, pero 36 millones siguen sin aparecer tras convertirse en criptomonedas. El esquema es un fraude del CEO con un salto cualitativo por el uso de IA para suplantar voces.

El Juzgado Mercantil de Lleida ha aplicado la Ley de la Segunda Oportunidad a dos hermanos que acumulaban una deuda conjunta de casi medio millón de euros. Su insolvencia se originó en 2008, cuando perdieron su empleo y el banco ejecutó su hipoteca, pero la deuda restante siguió reclamándose. Tras acreditar su condición de deudores de buena fe, el juez les exoneró de 247.310 y 246.520 euros respectivamente.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha presentado su Memoria de 2025, destacando el avance de la criminalidad informática. Solo en la Fiscalía Provincial se incoaron 252 procedimientos por estafas informáticas y se formularon 227 escritos de acusación. La fiscal superior, Isabel Martín López, reclama más medios humanos, tecnológicos y organizativos para responder a una delincuencia cada vez más compleja.

El Real Decreto 723/2026, que transpone la Directiva de transparencia retributiva, introduce un nuevo deber de información en los contratos laborales de más de cuatro semanas sobre sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones. La AEPD ha hecho pública una advertencia a una compañía sobre una herramienta de IA para cribado y evaluación de candidaturas, exigiendo cumplimiento de transparencia y supervisión humana. Desde el 5 de octubre las empresas deben informar de las pautas y reglas de funcionamiento de los sistemas de IA que afecten a condiciones de trabajo.

La AEPD ha recibido la primera notificación de una brecha de datos personales en España atribuida a un agente de inteligencia artificial. Un agente de IA puede actuar con autonomía: buscó vulnerabilidades, inició sesión y accedió a facturas y datos personales. La AEPD recuerda que el uso de IA no cambia las obligaciones del responsable: el plazo de 72 horas para notificar la brecha sigue vigente. Pide incluir este tipo de ataques en los análisis de riesgos. No se ha revelado el nombre de la empresa ni el modelo de IA utilizado.

La AEPD emitió una advertencia sobre una herramienta de IA para cribado de currículums y evaluación de candidatos en procesos de selección y movilidad interna. La empresa afirmaba que la decisión final sería humana, pero la Agencia precisó que esa intervención debe ser efectiva y permitir valorar críticamente el resultado automatizado. La advertencia se basó en el artículo 22 RGPD y en las Directrices WP251 del antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29.

El III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad del Colegio de la Abogacía de Madrid evidenció que la norma sobre exoneración de deudas se aplica de forma desigual según el juzgado. El decano Eugenio Ribón pidió criterios más homogéneos, procedimientos ágiles y seguridad jurídica para que quienes cumplan los requisitos puedan acceder realmente a la segunda oportunidad. Se abordaron temas como planes de pago, crédito público, concursos sin masa y sobreendeudamiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que un consumidor puede reclamar la devolución de cantidades cobradas por una cláusula abusiva aunque hayan pasado más de tres años desde que se aplicaron. La sentencia amplía el plazo para reclamar devoluciones de cláusulas abusivas, superando la limitación temporal que se venía aplicando. Esto beneficia a consumidores que no reclamaron a tiempo por no conocer la abusividad de la cláusula. El fallo refuerza la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas en contratos bancarios.

Un hombre que compró una vivienda en subasta ordenó cortar la luz y el agua a la anterior propietaria, de 88 años, que seguía viviendo allí. El juzgado lo investiga por coacciones. El juez advierte que la sentencia del Supremo que avala cortar suministros solo se aplica a okupas sin título, no a personas embargadas que aún viven en su casa durante el proceso hipotecario.

El Tribunal Supremo condena a Banco Santander a devolver más de 96.000 euros a una empresa por cobrar comisiones por descubierto y por exceso de límite junto con intereses de demora sobre los mismos importes. La sentencia declara la nulidad de estos cobros por falta de causa. El Supremo aclara que el pago continuado de liquidaciones o la tolerancia durante años no impide reclamar judicialmente dentro del plazo legal.

La AEPD ha remitido una advertencia a una empresa sobre la posible implantación de una herramienta de inteligencia artificial para cribado y evaluación de candidaturas en selección de personal y movilidad interna. La Agencia recuerda la necesidad de integrar la protección de datos desde el diseño, evaluar riesgos y garantizar la transparencia frente a candidatos y trabajadores. La advertencia se ampara en el artículo 22 RGPD y en la facultad preventiva del artículo 58.2.a) del RGPD.