Noticias bancarias y jurídicas

Desde el 15 de septiembre de 2026, las operadoras deben bloquear SMS, MMS y RCS cuyo remitente sea un alias alfanumérico no inscrito en el Registro de la CNMC. Esta medida busca frenar el smishing, donde estafadores suplantan a bancos y empresas para robar datos. Las empresas con solicitud pendiente tienen un periodo de gracia temporal. El objetivo es que solo entidades legítimas puedan usar nombres comerciales como remitente.

El Ministerio de Consumo ha multado a la empresa de alquiler de coches Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes tasas por la gestión de multas de tráfico. Según el artículo 11 de la Ley de Tráfico, identificar al conductor infractor es una obligación legal del titular del vehículo, en este caso la compañía de alquiler. La Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe cobrar por servicios que son obligación legal de la empresa. La infracción se califica como 'muy grave'.

El artículo explica que el saldo recargado en una app o tarjeta prepago puede ser dinero electrónico, una categoría jurídica con definición propia, régimen de reembolso y reserva de actividad. Emitirlo sin licencia del Banco de España no es un descuido, sino operar en un negocio regulado. La materia se rige en España por la Ley 21/2011 y el Real Decreto 778/2012, que transponen la Directiva 2009/110/CE. De esta calificación depende si una fintech puede lanzar su producto con un simple contrato o necesita autorización administrativa.

Septiembre es momento de revisar contratos y suscripciones que el verano dejó en pausa. El artículo repasa cinco derechos del consumidor: renovaciones automáticas, derecho de desistimiento en compras online, información precontractual y cláusulas abusivas, todos regulados en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Recuerda que el plazo de desistimiento es de 14 días naturales y que la información sobre ese derecho también es obligación del empresario. Una renovación no debería ser automática solo porque el consumidor no detectó una cláusula escondida.

El artículo analiza el inicio del juicio en California contra Meta por diseñar funciones adictivas para menores (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones, likes) y por recabar datos de menores de 13 años sin consentimiento paterno. Se recuerda también el veredicto de Nuevo México de marzo de 2026 que condenó a Meta a indemnizar a una afectada. El texto se centra en si en España podrían articularse acciones colectivas o individuales similares, con qué legitimación (particulares, asociaciones de consumidores, Fiscalía) y qué normas españolas y europeas serían aplicables. Se señala que la vía europea está siguiendo la línea de las demandas estadounidenses, con la Comisión Europea implicada en julio de 2026.

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) pide que la futura Ley de Crédito al Consumo refuerce la protección frente al sobreendeudamiento y limite los intereses según la modalidad de financiación. Considera insuficiente el tope general del 22% previsto en el anteproyecto, porque una TAE del 15% lo cumpliría pese a duplicar la media del mercado. También reclama incluir las tarjetas de débito diferido cuando ofrecen financiación, prohibir préstamos para pagar otros impagados, reforzar la transparencia en la evaluación de solvencia y limitar a 30 euros los gastos de recuperación de impagos.

El 2 de agosto de 2026 ha entrado en vigor la fase más amplia del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act), que ahora aplica sus obligaciones más estrictas a los sistemas de alto riesgo, entre ellos el scoring crediticio y los modelos de decisión automatizada que usan los bancos para conceder o denegar préstamos. Los bancos que usen estos sistemas deben acreditar transparencia, trazabilidad y posibilidad de revisión humana. La AEPD ya ha sancionado con 890.000 euros a una entidad bancaria por su sistema de credit scoring con IA antes de esta nueva fase. Con el AI Act plenamente activo, las multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.

El 27 de julio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa por la que se actualiza la lista de entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Esta publicación corresponde a las variaciones producidas en el segundo trimestre de 2026. El Código de Buenas Prácticas permite a los deudores hipotecarios en dificultades solicitar medidas de alivio a su banco, como la reestructuración de la deuda o la dación en pago, si la entidad está adherida. Los consumidores solo pueden acogerse a estas medidas si su banco figura en la lista oficial.

La profesora Matilde Cuena analiza el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo y concluye que, pese a sus avances, contiene una contradicción estructural: obliga a los prestamistas a evaluar la solvencia del cliente y a denegar el crédito si la evaluación es negativa, pero si el banco incumple esta obligación y concede igualmente el préstamo, el derecho concursal puede sancionar al consumidor insolvente por 'endeudamiento temerario' y privarle de la exoneración de deudas. El anteproyecto prohíbe además utilizar datos de redes sociales o datos de salud para evaluar la solvencia y exige explicar la lógica de los algoritmos de scoring utilizados.

El anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2026 y actualmente en tramitación parlamentaria, establece un límite transitorio del 22% TAE para tarjetas revolving y créditos al consumo en general. Para los microcréditos de alto coste, el límite de interés mensual se fija en el 4% con una comisión máxima de apertura del 5% o 30 euros. Los bancos y prestamistas deberán evaluar obligatoriamente la solvencia del cliente antes de conceder el crédito, y no podrán hacerlo si la evaluación es negativa. La norma transpone la Directiva UE 2023/2225 y su aplicación plena está prevista para noviembre de 2026.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, primera norma en España que regula específicamente los servicios de atención a la clientela, está en vigor desde el 28 de diciembre de 2025 y las empresas, incluidos los bancos, tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas. La ley prohíbe que los contestadores automáticos o bots sean el único medio de atención y obliga a que el 95% de las solicitudes de atención personalizada se resuelvan en menos de 3 minutos. Además, declara nulos los contratos cerrados en llamadas telefónicas no consentidas y exige que las renovaciones automáticas se comuniquen con 15 días de antelación. El incumplimiento será sancionado como infracción en materia de consumo.

La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero centraliza en un único organismo todas las reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera, de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando se trate de normativa de conducta o cláusulas abusivas ya declaradas como tales por los altos tribunales, y el importe sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de resoluciones vinculantes podrá ser objeto de sanción. Esta institución centraliza los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de Servicios de Atención a la Clientela, entró en vigor el 27 de diciembre de 2025 y establece que las empresas —incluidos bancos y entidades financieras— deben comunicar con al menos 15 días de antelación cualquier renovación automática de un contrato o suscripción, bajo pena de que esa renovación pueda considerarse nula. Las empresas afectadas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas. Si una entidad no respeta el aviso previo, el cliente puede rechazar la renovación ya producida sin pagar penalizaciones ni el período iniciado, y la empresa puede ser sancionada por infracción grave en materia de consumo. Además, los contratos firmados en llamadas telefónicas no consentidas serán nulos de pleno derecho.

La nueva Ley 10/2025 de Atención a la Clientela, en vigor desde 2026, establece que los contratos de servicios financieros no pueden renovarse automáticamente sin notificar previamente al cliente. La ley también introduce sanciones indemnizatorias para las empresas que, contraviniendo jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo o el TJUE, no cumplan con la acción restitutoria exigida por el consumidor. Adicionalmente, se exige a los bancos un mayor nivel de transparencia en la información y comunicación con sus clientes. Esta normativa complementa la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyas resoluciones serán vinculantes para las entidades en reclamaciones de hasta 20.000 euros.

La Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2025, establece estándares mínimos de calidad obligatorios para los servicios de atención al cliente de los bancos y grandes empresas. Las entidades bancarias disponen de un plazo de adaptación de 12 meses desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 28 de diciembre de 2026. La ley introduce la figura del Defensor de la Clientela cuyas decisiones favorables al cliente serán vinculantes para la entidad. También se amplían los plazos de respuesta, se homogeneizan los canales de reclamación y se garantiza una atención más accesible, especialmente para colectivos vulnerables.

El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que centralizará en un único organismo los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Las resoluciones de la nueva Autoridad tendrán carácter vinculante para las entidades en reclamaciones inferiores a 20.000 euros, y el servicio será gratuito para el cliente. Podrán reclamar clientes de bancos, fintech, criptoactivos y préstamos al consumo, entre otros. Para acudir a ella, el cliente deberá haber presentado previamente la reclamación ante el servicio de atención al cliente del banco.

España avanza en la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un nuevo organismo que centralizará las reclamaciones que hoy gestionan por separado el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Las resoluciones de esta Autoridad serán vinculantes para los bancos cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros, lo que supone una novedad fundamental frente al actual sistema no vinculante del Banco de España. El acceso será gratuito para el ciudadano, sin necesidad de abogado ni procurador, y el plazo máximo de resolución será de 90 días. La Autoridad también extenderá su protección a usuarios de servicios fintech y criptoactivos.

El 5 de marzo de 2026, el Abogado General del TJUE Athanasios Rantos presentó sus conclusiones en el asunto C-70/25 (Tukowiecka), estableciendo que un banco no puede negarse a devolver inmediatamente el dinero de una operación no autorizada alegando negligencia grave del cliente. La obligación de reembolso es incondicional, a más tardar al final del día hábil siguiente a la notificación, salvo que el banco tenga motivos fundados de fraude del propio cliente y lo comunique por escrito a la autoridad competente. Si el banco considera posteriormente que el cliente fue negligente, debe ser él quien reclame judicialmente al usuario, asumiendo la carga de la prueba. La sentencia definitiva del TJUE está pendiente, pero sus conclusiones ya tienen peso argumental en los tribunales españoles.

La Ley 10/2025, en vigor desde diciembre de 2025, reforma en profundidad el sistema de atención al cliente en el sector financiero español. La novedad más importante es la creación de la figura del Defensor de la Clientela, cuyas decisiones favorables al cliente serán vinculantes para el banco, no como hasta ahora, que podían ser ignoradas. Los plazos se acortan: un mes para resolver reclamaciones generales y quince días para las relacionadas con servicios de pago. Las entidades financieras tienen hasta diciembre de 2026 para adaptar sus estructuras y procedimientos. La ley también amplía el perímetro de entidades obligadas, incluyendo fintech, entidades de pago y prestamistas inmobiliarios no bancarios.

La Ley 10/2025, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2025, establece que los bancos y demás entidades financieras deben disponer de un servicio de atención a la clientela gratuito, eficaz, accesible e inclusivo. Las reclamaciones por cobros indebidos deben resolverse en un plazo máximo de cinco días. Queda prohibida la atención exclusiva mediante contestadores automáticos o inteligencia artificial. Las empresas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas internos a las nuevas exigencias.