Noticias bancarias y jurídicas

El fraude mediante cuentas mula crece con la IA, que abarata el reclutamiento de muleros y permite crear identidades sintéticas y deepfakes. El abogado Rafael Chelala Riva defiende que las entidades financieras tienen obligaciones de medios y no de resultado, y que no deben ser aseguradoras universales del fraude. También repasa el marco normativo en transición: PSD3 y el nuevo Reglamento europeo de servicios de pago aún no son exigibles.

Los estados de Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana han presentado demandas por separado contra OpenAI por los daños que ChatGPT habría causado a menores y por engañar a los consumidores sobre la seguridad del producto. Las fiscalías acusan a la compañía de haber comercializado el chatbot como seguro pese a conocer los riesgos y de utilizar un diseño que favorece la dependencia y puede proporcionar respuestas peligrosas sobre salud, autolesiones o violencia. Las demandas se basan en las respectivas leyes estatales contra el fraude al consumidor y alegan prácticas de diseño engañosas para prolongar el uso y recopilar datos personales.

Un estudio de ClarityCheck muestra que el 47% de los usuarios de aplicaciones de citas utiliza expresiones ambiguas sobre sus intenciones sentimentales. La plataforma, especializada en verificación de identidades digitales, advierte de que estas discrepancias pueden indicar engaños deliberados o simplemente falta de transparencia.

La fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, advierte de que los menores acceden a contenidos violentos, pornográficos y que incitan a la discriminación o autolesiones. Aporta datos: el 97,5% de los niños de 10 a 15 años usa Internet, seis de cada diez han sido testigos de violencia digital y la mitad han sido víctimas. Señala que los menores no son conscientes de los riesgos de compartir información en redes y pueden contactar con adultos que se hacen pasar por menores. La fiscal pide protección legal en el entorno digital.

El Tribunal de Instancia de Alcobendas admitió a trámite el acto de conciliación presentado por la OCU contra Red Eléctrica Española, diez distribuidoras y unas 50 comercializadoras. La OCU reclama un cauce colectivo de información, compensación y reparación para los usuarios afectados por el gran apagón del 28 de abril de 2025. Las empresas tienen diez días procesales para responder, con vencimiento el 22 de septiembre. La OCU también pide que las distribuidoras regularicen las compensaciones automáticas por calidad de suministro ya reconocidas por ley.

El jefe de Gabinete de Ceuta renunció y desmintió al delegado del Gobierno, asegurando que sí le avisó de los mensajes del CNI un día antes de la entrada masiva desde Marruecos. La Delegación del Gobierno niega que el delegado tuviera conocimiento del contenido de esas conversaciones. El artículo analiza la contradicción entre ambas versiones sobre lo ocurrido.

Los ciberdelincuentes han ampliado sus técnicas de phishing más allá del correo electrónico y ahora utilizan códigos QR falsos en hoteles y aeropuertos (QRishing), mensajes de WhatsApp y Telegram que suplantan a plataformas de reservas y aerolíneas, y voces clonadas mediante inteligencia artificial para hacerse pasar por jefes o proveedores y solicitar pagos o cambios de cuenta bancaria. El patrón común es la urgencia: mensajes que hablan de "última oportunidad" o "cierre inmediato" para que el usuario facilite datos o efectúe pagos sin comprobar el origen. Los expertos recomiendan no actuar bajo presión, verificar siempre el canal oficial antes de pagar y desconfiar de los QR colocados sobre señalización o enviados por desconocidos.

España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad durante 2025, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior, según datos publicados por INCIBE. Dentro de estas cifras, el phishing superó los 25.000 casos, confirmando la tendencia creciente de este tipo de fraudes. El artículo contextualiza estos datos en el arranque del mes de septiembre, un periodo en el que los ciberdelincuentes intensifican sus campañas aprovechando la vuelta de vacaciones y la menor atención de los usuarios.

Raúl Castañeda, fundador de Preico Jurídicos, afirma haber asesorado a más de 150.000 clientes en reclamaciones contra abusos bancarios tras haber sido él mismo víctima de lo que califica como estafa por parte de Cofidis, experiencia que le llevó a perder todo y a vivir con su hija en un almacén. En la entrevista explica que dirige el despacho sin ser abogado, dedicándose a escuchar a los afectados y a derivarlos al equipo jurídico cuando el caso tiene encaje legal. Defiende un trato personalizado frente a la industrialización de las demandas y asegura haber llevado casos de forma altruista cuando el afectado no tenía recursos. La pieza combina su visión empresarial, su faceta más personal y su posicionamiento sobre el sector jurídico español.

ASUFIN ha reclamado una mayor implicación de bancos, operadoras de telecomunicaciones, plataformas digitales y administraciones ante el crecimiento de las ciberestafas. Según datos de Incibe, las consultas ciudadanas por ciberestafas se duplicaron en el primer semestre de 2026 hasta rozar las 100.000, y las incidencias por fraude bancario se han cuadruplicado. La asociación considera insuficiente que las entidades aleguen negligencia del cliente cuando ha sido víctima de un engaño y reclama sistemas de detección en tiempo real, bloqueo de operaciones sospechosas y protocolos para clientes vulnerables. También recuerda que la reforma europea PSD3/PSR que reforzará la protección frente al fraude autorizado todavía no ha entrado en vigor.

En julio de 2026 los SMS falsos que suplantan a bancos han alcanzado tal grado de perfección gracias a la inteligencia artificial que ya no presentan errores gramaticales y se cuelan en el mismo hilo de mensajes que las comunicaciones reales del banco. El fraude online superó los 45.445 casos en España en 2025, un 19% más que el año anterior, con más de 25.000 incidentes relacionados con phishing bancario por SMS. La CNMC prepara un sistema de bloqueo de SMS fraudulentos, aunque su entrada en vigor se ha retrasado hasta septiembre de 2026. La jurisprudencia española y el TJUE refuerzan la obligación del banco de devolver el dinero de operaciones no autorizadas sin poder alegar previamente una supuesta negligencia del cliente para retrasar el reembolso.

La CNMC realizó el 23 y 24 de junio registros, autorizados por la Audiencia Nacional, en la sede de una asociación de empresas de intermediación hipotecaria. Se investiga si sus miembros pactaron fijar precios y condiciones de sus servicios y si acordaron no contratar empleados de empresas rivales del sector. Estas conductas, de confirmarse, serían infracción muy grave y conllevarían multas de hasta el 10% del volumen de negocio. El 28% de las hipotecas sobre vivienda en España se tramitan a través de intermediarios, por lo que el impacto potencial para los consumidores es muy amplio.

La CNMC investiga si los seis grandes bancos coordinaron su política de tipos fijos hipotecarios a través de declaraciones de directivos, al tiempo que el FMI y la Junta Europea de Riesgo Sistémico recomiendan a España introducir límites al crédito hipotecario de alto riesgo. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reconoció que podría ser necesario restringir las hipotecas de mayor riesgo, especialmente las concedidas a perfiles con menor solvencia. España es el único país de la eurozona, junto con Italia, sin medidas de restricción al crédito hipotecario. El sector bancario defiende la competitividad del mercado y niega cualquier práctica irregular.

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de 5.000 euros en la que la víctima recibió un SMS fraudulento que apareció en el mismo hilo de mensajes donde su banco le enviaba notificaciones legítimas, lo que le llevó a confiar en el enlace y autorizar una transferencia. La investigación ha permitido identificar a dos mujeres residentes en Madrid como presuntas autoras del delito de estafa. El caso ilustra el fenómeno del smishing con suplantación de remitente, mediante el cual los delincuentes consiguen que un mensaje falso se inserte en la conversación auténtica del banco gracias a técnicas de manipulación del identificador de remitente. Ver el nombre de la entidad en el hilo no garantiza la autenticidad del mensaje.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el 16 de junio de 2026 un expediente sancionador (S/0009/26) contra los seis principales bancos cotizados en bolsa por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. El organismo investiga si declaraciones públicas de directivos sobre la política comercial futura, especialmente sobre tipos fijos, permitieron a los competidores anticipar el comportamiento de sus rivales, reduciendo así la competencia real. Las sanciones potenciales podrían ascender a cientos de millones de euros y el procedimiento tiene un plazo máximo de 24 meses para resolverse. Los bancos afectados niegan cualquier acuerdo y alegan que la dinámica del mercado, no un pacto, explica el comportamiento de los tipos hipotecarios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerró definitivamente en febrero de 2026 la investigación abierta sobre si la gran banca española había pactado no trasladar las subidas de tipos de interés a la remuneración de los depósitos de sus clientes. El regulador descartó indicios de colusión entre las entidades investigadas. Esta conclusión contrasta con la apertura simultánea del nuevo expediente sancionador por hipotecas fijas, mostrando que la CNMC mantiene una vigilancia activa pero selectiva sobre el sector. Los ahorradores que esperaban una actuación regulatoria en materia de depósitos deberán buscar alternativas competitivas por sus propios medios.

El Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la prevención del blanqueo de capitales, ha multado a Openbank con 40 millones de euros. La sanción no está relacionada con casos reales de blanqueo, sino con deficiencias en los procedimientos internos del banco, en particular en la gestión de cuentas de clientes inactivas o no operativas. El propio banco reconoció que las cuestiones detectadas ya han sido subsanadas. El elevado importe de la sanción se explica porque este tipo de multas se calculan en función del volumen de negocio de la empresa matriz, que en este caso es Banco Santander.