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Sanciones de la AEPD, sentencias de tribunales, resoluciones del Banco de España y cambios normativos que afectan a los consumidores bancarios en España.
25 noticias sobre BBVA
La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a BBVA a devolver 1.087,72 euros por gastos hipotecarios. El banco alegó que la acción había prescrito por una sentencia del Supremo de 2015. La Audiencia rechazó que una sentencia colectiva inicie el plazo de prescripción para reclamaciones individuales.
El Tribunal Supremo ha confirmado que BBVA debe devolver 22.148,14 euros más intereses a una mercantil por cobrar comisiones de devolución de efectos mercantiles sin acreditar ningún servicio efectivo. La empresa pagó esas comisiones durante más de una década sin protestar y tardó años en reclamar. El banco alegó que el silencio del cliente equivalía a consentimiento, pero el Supremo lo rechaza: la mera pasividad no autoriza a cobrar comisiones sin servicio real. La cláusula no se declara nula automáticamente, pero el cobro queda sin justificación si no se demuestra la prestación.
El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, exdirectivo de BBVA. La medida se adopta después de que la Audiencia Nacional abriera juicio oral contra BBVA, su antiguo presidente Francisco González y otras catorce personas por presuntas irregularidades en encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y seis meses de prisión por varios delitos, mientras la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal.
El Banco de España ha decidido elevar el colchón de capital exigido a BBVA para 2027 del 0,75% al 1%, recuperando el nivel que tenía en 2024 y 2025. El aumento se debe a que la puntuación de BBVA como entidad de importancia sistémica nacional (OEIS) ha crecido de 1.931 a 2.039 puntos básicos, situándola en una subcategoría superior. Santander mantiene el 1,25% por ser también entidad sistémica mundial, mientras CaixaBank se queda en el 0,50% y Sabadell en el 0,25%. Estos colchones adicionales de capital buscan reforzar la solvencia de los grandes bancos y reducir el riesgo de que su eventual quiebra desestabilice el sistema financiero.
Sumar ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció a sus diputados el derecho a acceder a los datos de lo que gana cada banco gracias a la facilidad de depósito del BCE. El Banco de España, en respuesta al fallo, solo ofreció una sala de lectura presencial y controlada, pero los parlamentarios consideran que eso vacía el contenido del fallo. Exigen que los datos se entreguen en soporte documental completo en un plazo máximo de cinco días, con firma de recibí y advertencia de confidencialidad. Están en juego más de 20.000 millones de euros que los bancos han ingresado desde 2022 por aparcar su liquidez en el banco central sin asumir riesgo alguno.
El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia en la semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 en la que vuelve a desestimar el recurso de apelación formulado por BBVA en materia de gastos hipotecarios. El alto tribunal reafirma que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios es el de la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula, y no la fecha de la publicidad general de la doctrina jurisprudencial. Esto significa que BBVA no puede escudarse en que el consumidor 'ya sabía' que la cláusula era abusiva por haber sentencias previas del Supremo, salvo que el banco lo pruebe individualmente. El fallo condena a BBVA al pago de las costas de la apelación.
Entre el 21 y el 27 de julio de 2026, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete ha dictado tres sentencias consecutivas que confirman la nulidad de cláusulas de gastos hipotecarios de BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell respectivamente, obligándoles a devolver las cantidades indebidamente cobradas por notaría, registro, gestoría y tasación más intereses y costas. En los tres casos los bancos recurrieron alegando prescripción de la acción, argumento que el tribunal desestimó de plano. Las cantidades en cada caso oscilan entre 284 euros y 979 euros, pero el patrón repetido ilustra la masa crítica de litigios que siguen llegando a los juzgados. Los tres fallos responden al mismo magistrado ponente y aplican de forma uniforme la doctrina del Tribunal Supremo sobre el dies a quo de la prescripción.
La Memoria de Reclamaciones 2025 del Banco de España pone de relieve que Banco Santander, el banco más rentable de España con 7.328 millones de beneficio en el primer semestre de 2026, es también el que más ignora los fallos del supervisor favorables al cliente: en el 76,1% de los 339 casos resueltos a su favor, Santander no rectificó. A mucha distancia le siguen Deutsche Bank (75,7%) y Kutxabank (69,5%). En el lado opuesto, CaixaBank rectificó en el 58,8% de los casos. El dato expone la debilidad estructural del sistema: las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y los bancos pueden ignorarlas sin consecuencias inmediatas.
El Banco de España ha publicado su Memoria de Reclamaciones de 2025, que muestra una caída global del 44,8% en el número de quejas —de 56.000 en 2024 a 30.970 en 2025—, pero deja un dato preocupante: el fraude con tarjeta y operaciones de pago ya es el principal motivo de reclamación, con un aumento del 18%. Las quejas por hipotecas se desplomaron un 80% al disiparse el efecto de las sentencias sobre gastos hipotecarios, mientras que las devoluciones a clientes alcanzaron un máximo histórico de 6,78 millones de euros. El Banco de España advierte de que en el primer cuatrimestre de 2026 las reclamaciones ya crecen un 50% y todo apunta a que el año cerrará con unos 40.000 expedientes, impulsados por el fraude digital. De las reclamaciones admitidas a trámite, el 53% se resolvió a favor del cliente, con un plazo medio de tramitación de solo 39 días.
La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso de BBVA y confirmado la nulidad de las cláusulas que imponían al consumidor todos los gastos de constitución de su hipoteca. El banco deberá devolver al cliente las cantidades pagadas por notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación, más los intereses legales y las costas del proceso. El tribunal rechazó el argumento de prescripción al considerar que el plazo no puede comenzar antes de que el consumidor tenga conocimiento real de la abusividad de la cláusula. Además, el tribunal subrayó que es el banco quien debe demostrar que el cliente conocía previamente la nulidad, y BBVA no pudo acreditarlo.
El 9 de julio de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña dictó la apertura de juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre exdirectivos y mandos policiales, por los encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción pide 173 años de prisión para González y una multa de 181 millones de euros para el banco. Los delitos imputados al BBVA incluyen cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El juez fija una fianza de 1,17 millones de euros para cubrir responsabilidades civiles.
La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación de BBVA y confirmado su obligación de devolver a un consumidor los gastos de notaría, registro y gestoría pagados indebidamente al firmar su hipoteca, más intereses y costas. El banco alegó prescripción, pero el tribunal lo rechazó con contundencia: es la entidad quien debe demostrar que el cliente sabía que la cláusula era abusiva, y en este caso no pudo acreditarlo. La resolución refuerza una jurisprudencia consolidada que mantiene abierto el plazo de reclamación mientras el banco no pruebe ese conocimiento previo del consumidor.
La CNMC investiga si los seis grandes bancos coordinaron su política de tipos fijos hipotecarios a través de declaraciones de directivos, al tiempo que el FMI y la Junta Europea de Riesgo Sistémico recomiendan a España introducir límites al crédito hipotecario de alto riesgo. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reconoció que podría ser necesario restringir las hipotecas de mayor riesgo, especialmente las concedidas a perfiles con menor solvencia. España es el único país de la eurozona, junto con Italia, sin medidas de restricción al crédito hipotecario. El sector bancario defiende la competitividad del mercado y niega cualquier práctica irregular.
El fraude bancario mediante phishing y smishing ha crecido un 19% en España durante 2026, con mensajes generados por inteligencia artificial que imitan a la perfección el estilo comunicativo de cada banco sin errores de ortografía. El smishing —fraude por SMS— es la variante más activa porque los mensajes de texto generan una sensación de urgencia que el email ya no consigue. Los estafadores combinan frecuentemente SMS alarmante con llamada posterior del falso 'departamento de seguridad' para obtener el código OTP en tiempo real. Las entidades financieras y el INCIBE responden con más medios: la línea 017 atendió casi 143.000 consultas en 2025, un 45% más que el año anterior.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el 16 de junio de 2026 un expediente sancionador (S/0009/26) contra los seis principales bancos cotizados en bolsa por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. El organismo investiga si declaraciones públicas de directivos sobre la política comercial futura, especialmente sobre tipos fijos, permitieron a los competidores anticipar el comportamiento de sus rivales, reduciendo así la competencia real. Las sanciones potenciales podrían ascender a cientos de millones de euros y el procedimiento tiene un plazo máximo de 24 meses para resolverse. Los bancos afectados niegan cualquier acuerdo y alegan que la dinámica del mercado, no un pacto, explica el comportamiento de los tipos hipotecarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerró definitivamente en febrero de 2026 la investigación abierta sobre si la gran banca española había pactado no trasladar las subidas de tipos de interés a la remuneración de los depósitos de sus clientes. El regulador descartó indicios de colusión entre las entidades investigadas. Esta conclusión contrasta con la apertura simultánea del nuevo expediente sancionador por hipotecas fijas, mostrando que la CNMC mantiene una vigilancia activa pero selectiva sobre el sector. Los ahorradores que esperaban una actuación regulatoria en materia de depósitos deberán buscar alternativas competitivas por sus propios medios.
Las entidades bancarias en España están intensificando los controles sobre la documentación de sus clientes en junio de 2026. Miles de personas podrían ver bloqueadas sus cuentas si no responden a los requerimientos de actualización de datos. Esta medida no proviene de Hacienda, sino de las propias entidades financieras que deben cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Banco de España ha confirmado que los bancos están legitimados para aplicar estas restricciones cuando los clientes desatienden de forma continuada las peticiones de actualización.
El Tribunal Supremo ha reafirmado en 2026 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente no empieza a correr desde la firma de la hipoteca ni desde las primeras sentencias mediáticas, sino desde el momento en que el consumidor concreto tiene conocimiento real de que la cláusula es abusiva. El banco no puede alegar prescripción basándose únicamente en la difusión mediática de sentencias anteriores. Quienes firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 pueden reclamar la devolución de gastos de registro, gestoría, tasación y parte de notaría. El Supremo refuerza así la protección del consumidor frente a una estrategia defensiva muy extendida en la banca.
La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero centraliza en un único organismo todas las reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera, de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando se trate de normativa de conducta o cláusulas abusivas ya declaradas como tales por los altos tribunales, y el importe sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de resoluciones vinculantes podrá ser objeto de sanción. Esta institución centraliza los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
La Audiencia Provincial de Tarragona dictó el 11 de junio de 2026 una sentencia (ECLI:ES:APT:2026:767) que rechaza el argumento de BBVA según el cual la amplia cobertura mediática de las sentencias sobre cláusulas de gastos hipotecarios debería adelantar el inicio del plazo de prescripción. El banco sostenía que los consumidores podían conocer sus derechos desde 2016 o 2017 gracias a la repercusión de la STS 705/2015. El tribunal exige que sea la propia entidad quien pruebe que el cliente concreto tenía conocimiento real de la abusividad, no una notoriedad genérica. La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE favorable al consumidor.