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Sanciones de la AEPD, sentencias de tribunales, resoluciones del Banco de España y cambios normativos que afectan a los consumidores bancarios en España.
19 noticias sobre CaixaBank
El TSJ de Castilla-La Mancha ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de CaixaBank que consultó indebidamente las cuentas de una mercantil cliente para cobrar pagarés. El tribunal considera que la falta laboral había prescrito porque la entidad conocía los hechos desde hacía 10 meses a través de un director regional, pero no actuó hasta recibir una denuncia formal por el canal interno. La sentencia delimita el cómputo de la prescripción en faltas laborales dentro del sector bancario.
El Banco de España ha decidido elevar el colchón de capital exigido a BBVA para 2027 del 0,75% al 1%, recuperando el nivel que tenía en 2024 y 2025. El aumento se debe a que la puntuación de BBVA como entidad de importancia sistémica nacional (OEIS) ha crecido de 1.931 a 2.039 puntos básicos, situándola en una subcategoría superior. Santander mantiene el 1,25% por ser también entidad sistémica mundial, mientras CaixaBank se queda en el 0,50% y Sabadell en el 0,25%. Estos colchones adicionales de capital buscan reforzar la solvencia de los grandes bancos y reducir el riesgo de que su eventual quiebra desestabilice el sistema financiero.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos de una inversora minorista y ha condenado a CaixaBank —como sucesora de Bankpyme— a devolver 79.000 euros más intereses y costas de todas las instancias. Los bonos Kaupthing eran valores de alto riesgo emitidos por el banco islandés quebrado en 2008, descritos en el proceso como no aptos para inversores sin experiencia. El Supremo aprecia ocultamiento contractual y vulneración del deber de información, considerando que el nexo causal entre la falta de información y el daño económico es directo. La sentencia es la STS 1274/2026.
Sumar ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció a sus diputados el derecho a acceder a los datos de lo que gana cada banco gracias a la facilidad de depósito del BCE. El Banco de España, en respuesta al fallo, solo ofreció una sala de lectura presencial y controlada, pero los parlamentarios consideran que eso vacía el contenido del fallo. Exigen que los datos se entreguen en soporte documental completo en un plazo máximo de cinco días, con firma de recibí y advertencia de confidencialidad. Están en juego más de 20.000 millones de euros que los bancos han ingresado desde 2022 por aparcar su liquidez en el banco central sin asumir riesgo alguno.
La Memoria de Reclamaciones 2025 del Banco de España pone de relieve que Banco Santander, el banco más rentable de España con 7.328 millones de beneficio en el primer semestre de 2026, es también el que más ignora los fallos del supervisor favorables al cliente: en el 76,1% de los 339 casos resueltos a su favor, Santander no rectificó. A mucha distancia le siguen Deutsche Bank (75,7%) y Kutxabank (69,5%). En el lado opuesto, CaixaBank rectificó en el 58,8% de los casos. El dato expone la debilidad estructural del sistema: las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y los bancos pueden ignorarlas sin consecuencias inmediatas.
El Banco de España ha publicado su Memoria de Reclamaciones de 2025, que muestra una caída global del 44,8% en el número de quejas —de 56.000 en 2024 a 30.970 en 2025—, pero deja un dato preocupante: el fraude con tarjeta y operaciones de pago ya es el principal motivo de reclamación, con un aumento del 18%. Las quejas por hipotecas se desplomaron un 80% al disiparse el efecto de las sentencias sobre gastos hipotecarios, mientras que las devoluciones a clientes alcanzaron un máximo histórico de 6,78 millones de euros. El Banco de España advierte de que en el primer cuatrimestre de 2026 las reclamaciones ya crecen un 50% y todo apunta a que el año cerrará con unos 40.000 expedientes, impulsados por el fraude digital. De las reclamaciones admitidas a trámite, el 53% se resolvió a favor del cliente, con un plazo medio de tramitación de solo 39 días.
El Tribunal Supremo ha fallado que la pausa del desayuno y los 15 minutos de cortesía al fichar forman parte de la jornada laboral en CaixaBank, siempre que exista un acuerdo previo que los reconozca. El alto tribunal rectifica el criterio de instancias anteriores y establece que la implantación de un nuevo sistema de registro horario no puede usarse para eliminar derechos que ya estaban pactados con la plantilla. La sentencia afecta directamente a los trabajadores de CaixaBank con horario fijo y sienta un precedente para el resto del mercado laboral.
La CNMC investiga si los seis grandes bancos coordinaron su política de tipos fijos hipotecarios a través de declaraciones de directivos, al tiempo que el FMI y la Junta Europea de Riesgo Sistémico recomiendan a España introducir límites al crédito hipotecario de alto riesgo. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reconoció que podría ser necesario restringir las hipotecas de mayor riesgo, especialmente las concedidas a perfiles con menor solvencia. España es el único país de la eurozona, junto con Italia, sin medidas de restricción al crédito hipotecario. El sector bancario defiende la competitividad del mercado y niega cualquier práctica irregular.
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a CaixaBank con 400.000 euros (500.000 iniciales, reducidos por pago voluntario) por incumplir el principio de privacidad desde el diseño del artículo 25 del RGPD. Dos clientes recibieron por error documentación confidencial de terceros —incluyendo situación financiera y DNI— como respuesta a sus propias reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente. La AEPD acreditó que había brechas similares en años anteriores y que el 60% de ellas fue detectado por personas ajenas al banco, como otros clientes o el propio Banco de España. El banco alegó 'errores humanos puntuales', pero la AEPD rechazó esa defensa y obligó además a presentar en nueve meses un plan de mejora del SAC.
La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a CaixaBank con 500.000 euros por diseñar su Servicio de Atención al Cliente de forma que permitía enviar datos personales de un cliente a destinatarios equivocados. En uno de los casos, un cliente recibió por error información financiera y el DNI de un tercero. En otro, un cliente obtuvo documentación privada de dos personas distintas tras tramitar sus propias reclamaciones. La sanción se reduce a 400.000 euros si la entidad paga voluntariamente, y obliga a CaixaBank a presentar un plan de mejora en nueve meses.
El Tribunal Supremo ha condenado a CaixaBank a devolver los gastos hipotecarios y la comisión de apertura de una hipoteca firmada en 1999, en la sentencia 603/2026 de 20 de abril. La Audiencia Provincial había dado la razón al banco considerando prescrita la reclamación, pero el Supremo ha corregido ese criterio: el plazo de cinco años para reclamar no comienza desde que se pagaron los gastos, sino desde que el consumidor conoce o debería conocer que la cláusula era abusiva. Además, el tribunal ha establecido que corresponde al banco acreditar que el cliente disponía de ese conocimiento previo, carga de la prueba que CaixaBank no logró satisfacer. La condena incluye gastos notariales, de registro, gestoría, tasación, la comisión de apertura y los intereses de demora.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el 16 de junio de 2026 un expediente sancionador (S/0009/26) contra los seis principales bancos cotizados en bolsa por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. El organismo investiga si declaraciones públicas de directivos sobre la política comercial futura, especialmente sobre tipos fijos, permitieron a los competidores anticipar el comportamiento de sus rivales, reduciendo así la competencia real. Las sanciones potenciales podrían ascender a cientos de millones de euros y el procedimiento tiene un plazo máximo de 24 meses para resolverse. Los bancos afectados niegan cualquier acuerdo y alegan que la dinámica del mercado, no un pacto, explica el comportamiento de los tipos hipotecarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerró definitivamente en febrero de 2026 la investigación abierta sobre si la gran banca española había pactado no trasladar las subidas de tipos de interés a la remuneración de los depósitos de sus clientes. El regulador descartó indicios de colusión entre las entidades investigadas. Esta conclusión contrasta con la apertura simultánea del nuevo expediente sancionador por hipotecas fijas, mostrando que la CNMC mantiene una vigilancia activa pero selectiva sobre el sector. Los ahorradores que esperaban una actuación regulatoria en materia de depósitos deberán buscar alternativas competitivas por sus propios medios.
Las entidades bancarias en España están intensificando los controles sobre la documentación de sus clientes en junio de 2026. Miles de personas podrían ver bloqueadas sus cuentas si no responden a los requerimientos de actualización de datos. Esta medida no proviene de Hacienda, sino de las propias entidades financieras que deben cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Banco de España ha confirmado que los bancos están legitimados para aplicar estas restricciones cuando los clientes desatienden de forma continuada las peticiones de actualización.
El Tribunal Supremo ha reafirmado en 2026 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente no empieza a correr desde la firma de la hipoteca ni desde las primeras sentencias mediáticas, sino desde el momento en que el consumidor concreto tiene conocimiento real de que la cláusula es abusiva. El banco no puede alegar prescripción basándose únicamente en la difusión mediática de sentencias anteriores. Quienes firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 pueden reclamar la devolución de gastos de registro, gestoría, tasación y parte de notaría. El Supremo refuerza así la protección del consumidor frente a una estrategia defensiva muy extendida en la banca.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia 722/2026 de 11 de mayo, ha resuelto que no basta con haber comprado una vivienda sobre plano para poder reclamar al banco avalista la devolución del dinero anticipado cuando la promoción fracasa: es imprescindible que la compra tuviera una finalidad residencial y no inversora. El caso afectaba a compradores de una promoción fallida en Campos del Río (Murcia) que reclamaron a Caixabank como avalista al amparo de la antigua Ley 57/1968. El Supremo apreció indicios de finalidad inversora en varios compradores —titularidad de otros inmuebles, cláusulas de cesión contractual— y les denegó la protección. La sentencia refuerza la exigencia de acreditar el uso residencial real de la vivienda para acceder al régimen de protección de cantidades anticipadas.
La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero centraliza en un único organismo todas las reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera, de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando se trate de normativa de conducta o cláusulas abusivas ya declaradas como tales por los altos tribunales, y el importe sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de resoluciones vinculantes podrá ser objeto de sanción. Esta institución centraliza los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
La nueva Ley 10/2025 de Atención a la Clientela, en vigor desde 2026, establece que los contratos de servicios financieros no pueden renovarse automáticamente sin notificar previamente al cliente. La ley también introduce sanciones indemnizatorias para las empresas que, contraviniendo jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo o el TJUE, no cumplan con la acción restitutoria exigida por el consumidor. Adicionalmente, se exige a los bancos un mayor nivel de transparencia en la información y comunicación con sus clientes. Esta normativa complementa la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyas resoluciones serán vinculantes para las entidades en reclamaciones de hasta 20.000 euros.
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 5 millones de euros a CaixaBank por una grave brecha de seguridad que permitió que los clientes del banco pudieran ver datos sobre transferencias realizadas por otros clientes con los que no tenían ninguna relación. El fallo sanciona el incumplimiento de las medidas técnicas y organizativas exigidas por el RGPD para garantizar la confidencialidad de los datos financieros. CaixaBank acumula así una larga lista de expedientes sancionadores por parte de la AEPD en los últimos años. La multa refleja la tolerancia cero del regulador con las entidades que no protegen adecuadamente la información de sus clientes.