Noticias bancarias y jurídicas

Las entidades bancarias en España están intensificando los controles sobre la documentación de sus clientes en junio de 2026. Miles de personas podrían ver bloqueadas sus cuentas si no responden a los requerimientos de actualización de datos. Esta medida no proviene de Hacienda, sino de las propias entidades financieras que deben cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Banco de España ha confirmado que los bancos están legitimados para aplicar estas restricciones cuando los clientes desatienden de forma continuada las peticiones de actualización.

La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero centraliza en un único organismo todas las reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera, de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando se trate de normativa de conducta o cláusulas abusivas ya declaradas como tales por los altos tribunales, y el importe sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de resoluciones vinculantes podrá ser objeto de sanción. Esta institución centraliza los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

La AEPD sancionó a Openbank, banco digital de Banco Santander, con 2,5 millones de euros por infringir los artículos 25 y 32 del RGPD, al exigir a sus clientes el envío de documentación financiera sensible (requerida por la normativa de prevención de blanqueo de capitales) únicamente por correo electrónico, sin cifrar. Un cliente solicitó expresamente un canal más seguro —como su área personal en la web— pero el banco se negó. La AEPD concluyó que el email no es un medio adecuado para transmitir datos tan sensibles como el origen de los ingresos bancarios. La reclamación fue trasladada desde la autoridad de protección de datos de Baviera, al tener Openbank su sede en España.

El Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la prevención del blanqueo de capitales, ha multado a Openbank con 40 millones de euros. La sanción no está relacionada con casos reales de blanqueo, sino con deficiencias en los procedimientos internos del banco, en particular en la gestión de cuentas de clientes inactivas o no operativas. El propio banco reconoció que las cuestiones detectadas ya han sido subsanadas. El elevado importe de la sanción se explica porque este tipo de multas se calculan en función del volumen de negocio de la empresa matriz, que en este caso es Banco Santander.