Noticias bancarias y jurídicas

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha dado luz verde a la terna española para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, formada por Luis Jimena Quesada, Ana María Salinas de Frías y Daniel Sarmiento. La decisión se produce pese a que el procedimiento está impugnado ante el Tribunal Supremo. El proceso ha sido criticado por la composición del comité de selección, que incluía a tres altos cargos del Gobierno y una consejera del Consejo de Estado designada por el Ejecutivo. El Supremo ordenó informar a Europa de los recursos existentes, pero el órgano europeo ha continuado con el procedimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una condena de ocho años y ocho meses de prisión para un hombre que estafó, amenazó y robó a una mujer que lo había acogido en su casa. El condenado la convenció para pedir un préstamo hipotecario de 25.600 euros y, tras vender la vivienda, la obligó a incluirle como autorizado en su cuenta bancaria. Mediante 46 retiradas en cajeros, vació 54.010 euros, dejando un saldo de apenas 1,78 euros y sumiendo a la víctima en la indigencia. También se condena a su pareja por receptación.

La ley prohíbe pagos en efectivo de 1.000 euros o más cuando interviene un empresario o profesional; el límite es 999 euros. Una empresa fue sancionada con 133.251 euros por 515 operaciones de compra de relojes de segunda mano por 1.000 euros cada una. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la sanción al entender que hubo un error interpretativo de la empresa, sin ocultación ni fraude fiscal.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena por estafa continuada agravada contra un hombre que alquiló falsamente una vivienda. El tribunal valida las capturas de WhatsApp y los resguardos de Bizum aportados por las víctimas como prueba suficiente, sin exigir pericial informática. La apertura telemática de una cuenta bancaria con verificación biométrica y el uso del teléfono personal del acusado para recibir pagos fueron claves para acreditar su participación.

El Tribunal Supremo ha condenado a una entidad de crédito por vulnerar el derecho al honor de una clienta al incluirla en un registro de morosos (ASNEF-Equifax) cuando la deuda ya estaba siendo impugnada por usura. La clienta había enviado una reclamación extrajudicial en abril de 2022 y presentado demanda judicial en junio, pero la financiera comunicó los datos al fichero en octubre de ese año. El Supremo considera que la existencia de una controversia previa priva a la deuda del carácter incontrovertido exigido por la ley. La entidad deberá indemnizar con 2.000 euros por daño moral.

El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que el Derecho comunitario no obliga a hacer públicos los datos de todos los accionistas de una sociedad anónima. Una ley nacional que permita el acceso indiscriminado a esos datos, sin exigir un interés legítimo, vulnera el RGPD. El caso parte de Letonia, donde 17 accionistas minoritarios recurrieron la normativa que publicaba en internet datos como nombre, DNI, dirección o número de acciones, descargables de forma masiva por usuarios no identificados. El TJUE distingue entre administradores y simples accionistas: estos últimos no son nombrados ni cesados, solo poseen títulos.

El Tribunal Supremo ha eliminado la cláusula de intereses ordinarios de una hipoteca inversa por falta de transparencia, sin posibilidad de reducción conservadora del tipo de interés. También aclara que no es necesario el consentimiento de los herederos para que los padres contraten este producto, ya que solo tienen una expectativa de derechos. Los herederos reclamaban la nulidad del contrato y de varias cláusulas por abusivas y poco transparentes. El Supremo confirma la nulidad de la cláusula de intereses por el sistema de liquidación y anatocismo sin transparencia.

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que fija que el interés remuneratorio de una hipoteca inversa es anulable si el banco no explicó con claridad que los intereses se suman a la deuda y generan nuevos intereses (anatocismo). Las resoluciones 1190/2026 y 1317/2026 resuelven casos contra Kutxabank. En uno de ellos, los prestatarios recibían 650 euros de renta mensual y pagaban 580,25 euros de intereses en 2019. El Supremo confirmó la nulidad de la cláusula y condenó en costas a la entidad.

El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz que solo se incorporen a la causa los movimientos bancarios de sus cuentas que estén vinculados al caso Leire Díez y que se eviten filtraciones. El partido invoca el derecho a la intimidad de las personas y entidades que aparecen en esos movimientos, ya que muchas operaciones no guardan relación con los hechos investigados. La petición llega después de que el juez reclamara a 12 entidades información sobre 82 cuentas, seis de ellas del PSOE. La UCO cifró en 43.225 euros los pagos a Leire Díez.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un organizador de viajes como autor de un delito continuado de estafa. Cobró a las víctimas 299 euros por un viaje a Praga y luego 480 euros por uno a Italia, sumando más de 5.300 euros abonados mediante Bizum, sin haber realizado gestión alguna y usando excusas sucesivas para aplazar la entrega de billetes y documentación. La sentencia le impone además la responsabilidad civil de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados.

La Sentencia 517/2026 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2026:3579) rechaza que un condenado por violencia de género pueda evitar la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal alegando que, con posterioridad a los hechos, cambió su sexo en el Registro Civil. El Alto Tribunal aclara dos escenarios: cuando los hechos ocurrieron siendo varón según el Registro, el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos; y cuando el cambio se hizo antes del delito con intención de burlar la ley, constituye fraude de ley. La sentencia desestima el recurso de casación y mantiene la condena del agresor, que agredió a su expareja y a la hija común menor de edad.

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado la sentencia que declaró la nulidad de una cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia, pero no condenó en costas a la entidad financiera porque ésta se había allanado a las peticiones de la clienta en la vía extrajudicial, por correo electrónico, antes incluso de conocer la demanda. La Audiencia condena además a la clienta a las costas de la apelación, señalando que ha presentado hasta 19 demandas (una por cada micropréstamo) en lugar de acumularlas, conducta que considera abusiva y contraria a la buena fe.

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Oviedo ha condenado a una Empresa de Micropréstamos a entregar a una clienta los 9 contratos de préstamo que no le había facilitado, de un total de 19 suscritos. La sentencia desestima la entrega de los cuadros de amortización al considerar que los datos relevantes constan en las condiciones particulares y pueden consultarse en la cuenta bancaria. La clienta pretendía también la nulidad de los contratos y la devolución de intereses, pero la Audiencia Provincial estudia el recurso sobre costas y cuadros de amortización.

Un particular solicitó la nulidad radical de un contrato de préstamo por considerarlo usurario. La entidad financiera se allanó a la nulidad, pero después reclamó 13.060,86 euros, intereses y costas mediante una demanda reconvencional, argumentando que el capital dispuesto no había sido amortizado. El Juzgado de Primera Instancia de Oviedo declaró nulo el préstamo por usura, descartó la reconvención y condenó a la entidad a pagar las costas. La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de la empresa financiera y ha confirmado íntegramente la sentencia. Consideró que la reconvención carecía de interés legítimo porque los efectos de la nulidad debían operar conforme a la ley y que la liquidación de las cantidades podía realizarse en ejecución de sentencia. También confirmó la condena en costas.

El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, exdirectivo de BBVA. La medida se adopta después de que la Audiencia Nacional abriera juicio oral contra BBVA, su antiguo presidente Francisco González y otras catorce personas por presuntas irregularidades en encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y seis meses de prisión por varios delitos, mientras la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº524/2026 de 29 de julio, ha fijado los criterios para apreciar una asistencia letrada constitucionalmente ineficaz en el proceso penal. La Sala explica que no basta con identificar errores o decisiones discutibles del abogado, sino que quien lo alega debe acreditar dos requisitos: que la actuación se apartó de los estándares objetivos de razonabilidad y que, de no haber sido así, existía una probabilidad razonable de obtener un resultado distinto y favorable. El pronunciamiento parte de un caso de estafa inmobiliaria en Tenerife en el que los condenados cuestionaron también el trabajo de sus abogados.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de Banco Santander y ha rechazado anular la compra de pagarés de Abengoa por importe superior a 95.000 euros realizada en julio de 2015. La Sala de lo Civil establece que los pagarés de empresa no son productos financieros complejos y que la obligación de información del banco depende de la naturaleza real del producto. El Supremo advierte que el hecho de que una inversión genere pérdidas no significa, por sí solo, que el consentimiento estuviera viciado: es necesario acreditar que el error fue esencial, excusable e imputable a un incumplimiento informativo. En este caso, la orden de compra contenía la información esencial e identificaba los riesgos de insolvencia.

Una mujer con antecedentes por estafa se presentó en una sucursal bancaria de Lugones haciéndose pasar verbalmente por la titular de una cuenta, facilitando su DNI y correo electrónico, y retiró 1.500 euros en efectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (sentencia STSJ AST 329/2026, de 28 de julio) ha ratificado íntegramente la condena de primera instancia: tres años y seis meses de prisión, multa de 1.890 euros e indemnización de 1.500 euros más intereses a la entidad bancaria. El tribunal rechaza que la falta de rigor del empleado al no exigir el DNI físico exima de responsabilidad penal a quien diseñó el engaño. Contra la sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha procesado penalmente al gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander y a la propia entidad bancaria como responsables de una estafa que afectó a 84 perjudicados —particulares y empresas— que reclaman en total 38,5 millones de euros. La instructora concluye que los mecanismos de control implantados por Novo Banco no alcanzaron el nivel de eficacia exigible, y que la entidad solo supo de las irregularidades porque el propio gestor se confesó ante la Fiscalía en febrero de 2020, no por sus propios sistemas de supervisión. Además, declara partícipes lucrativos a cinco familiares del investigado principal, quienes habrían recibido 1,7 millones de euros de origen presuntamente ilícito. Practicadas todas las diligencias instructoras, el caso avanza ya hacia la fase de enjuiciamiento.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos de una inversora minorista y ha condenado a CaixaBank —como sucesora de Bankpyme— a devolver 79.000 euros más intereses y costas de todas las instancias. Los bonos Kaupthing eran valores de alto riesgo emitidos por el banco islandés quebrado en 2008, descritos en el proceso como no aptos para inversores sin experiencia. El Supremo aprecia ocultamiento contractual y vulneración del deber de información, considerando que el nexo causal entre la falta de información y el daño económico es directo. La sentencia es la STS 1274/2026.