Hacienda tiene plazos.
Tú también.

No la firmes de conformidad sin revisarla. Una propuesta de liquidación nace casi siempre de un procedimiento de comprobación limitada, en el que la Administración ha cruzado tus datos con los que ya tiene y ha detectado una diferencia. Tienes un plazo para presentar alegaciones y aportar los justificantes que respalden tu declaración antes de que la liquidación sea definitiva. Es el momento más barato y eficaz para corregir el expediente: muchas veces la diferencia se explica con documentación que la Administración no tenía a la vista. Firmar la conformidad acelera el cobro y puede reducir una eventual sanción, pero también cierra la discusión: conviene valorar antes si la regularización es correcta.

Son dos procedimientos distintos y con alcance muy diferente. En la comprobación limitada (artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria) la Administración solo puede examinar los datos declarados y sus justificantes, los registros y las facturas, y requerir a terceros para contrastar información que ya posee; en ningún caso puede examinar a fondo la contabilidad mercantil ni pedir a los bancos información sobre tus movimientos financieros. La inspección es el procedimiento de mayor profundidad: ahí sí se entra en la contabilidad y en la actividad completa. Por eso la ley le pone un plazo máximo (artículo 150): 18 meses con carácter general y 27 meses cuando la cifra de negocios obliga a auditar las cuentas o cuando la empresa está en un grupo de consolidación fiscal.

El plazo es breve: un mes contado desde el día siguiente a la notificación. Dentro de ese mes puedes elegir dos vías. La primera es el recurso de reposición (artículo 223), que es potestativo y se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto; sirve para una revisión rápida sin coste. La segunda es la reclamación económico-administrativa (artículo 235), que resuelve un Tribunal Económico-Administrativo, un órgano distinto del que liquidó. No se pueden usar las dos a la vez contra el mismo acto. Si la reclamación económico-administrativa se desestima, queda abierta la vía judicial contencioso-administrativa. Respetar el plazo de un mes es decisivo: pasado, el acto gana firmeza y se complica mucho discutirlo.

El artículo 66 de la Ley General Tributaria establece un plazo de prescripción de cuatro años para los principales derechos tributarios: el de la Administración a liquidar la deuda, el de exigir el pago de lo ya liquidado o autoliquidado, el del contribuyente a solicitar devoluciones y el de obtenerlas. El matiz importante es que ese plazo se interrumpe con determinadas actuaciones (una notificación de la Administración, un recurso, un reconocimiento de deuda) y vuelve a empezar desde cero. Por eso que hayan pasado años no significa automáticamente que la deuda haya prescrito: hay que revisar el historial del expediente para saber si realmente ha transcurrido el plazo sin interrupciones.

Sí, el artículo 65 de la Ley General Tributaria permite solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento del pago cuando la situación económico-financiera te impide, de forma transitoria, pagar en los plazos ordinarios. Se pide a instancia del obligado y, por encima de ciertos importes, exige aportar garantías. No todas las deudas son aplazables: la ley inadmite, entre otras, las de quien tiene que retener o ingresar a cuenta y los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Un detalle útil: presentar la solicitud dentro del período voluntario evita que la deuda entre en vía ejecutiva mientras se resuelve, aunque los intereses de demora sigan corriendo.

Cuando la deuda no se paga en voluntaria entra en período ejecutivo y se le suman recargos: un recargo ejecutivo del 5% si pagas todo antes de que te notifiquen la providencia de apremio, un recargo de apremio reducido del 10% si pagas dentro del plazo que abre esa providencia, y un recargo de apremio ordinario del 20% (más intereses) en los demás casos. La providencia de apremio solo puede oponerse por motivos tasados que recoge la ley (por ejemplo, el pago, la prescripción o un defecto en la notificación de la liquidación). Frente a un embargo hay margen de actuación, pero los plazos son muy cortos: cuanto antes se revise el expediente, más opciones hay de frenarlo o reconducirlo.

La gestoría es imprescindible para el día a día: llevar la contabilidad y presentar las declaraciones. El abogado fiscalista entra cuando hay conflicto con la Administración: una comprobación o inspección abierta, una propuesta de liquidación con la que no estás de acuerdo, un expediente sancionador, un recurso o reclamación que preparar, o un embargo que frenar. En esos escenarios lo que está en juego es jurídico (plazos de recurso, motivos de oposición, carga de la prueba, culpabilidad en la sanción) y conviene una defensa especializada. No prometemos un resultado concreto: ningún profesional serio puede garantizarlo. Lo que sí hacemos es revisar tu expediente y decirte con claridad qué defensa tiene y qué plazos no puedes dejar pasar.