Cada día llegan a ConsultaAbogado.online personas con problemas legales reales — cuentas bloqueadas, comisiones indebidas, fraudes, herencias, despidos — buscando un abogado que les ayude.
Únete a nuestra red de abogados colaboradores: tú eliges tu especialidad y tus provincias. Sin permanencia y sin comisiones por caso.
Quiero colaborar →¿Prefieres escribirnos? abogados@consultaabogado.online
Sanciones de la AEPD, sentencias de tribunales, resoluciones del Banco de España y cambios normativos que afectan a los consumidores bancarios en España.
29 noticias sobre Santander
El Tribunal Supremo ha reafirmado en 2026 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente no empieza a correr desde la firma de la hipoteca ni desde las primeras sentencias mediáticas, sino desde el momento en que el consumidor concreto tiene conocimiento real de que la cláusula es abusiva. El banco no puede alegar prescripción basándose únicamente en la difusión mediática de sentencias anteriores. Quienes firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 pueden reclamar la devolución de gastos de registro, gestoría, tasación y parte de notaría. El Supremo refuerza así la protección del consumidor frente a una estrategia defensiva muy extendida en la banca.
La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero centraliza en un único organismo todas las reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera, de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando se trate de normativa de conducta o cláusulas abusivas ya declaradas como tales por los altos tribunales, y el importe sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de resoluciones vinculantes podrá ser objeto de sanción. Esta institución centraliza los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
La nueva Ley 10/2025 de Atención a la Clientela, en vigor desde 2026, establece que los contratos de servicios financieros no pueden renovarse automáticamente sin notificar previamente al cliente. La ley también introduce sanciones indemnizatorias para las empresas que, contraviniendo jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo o el TJUE, no cumplan con la acción restitutoria exigida por el consumidor. Adicionalmente, se exige a los bancos un mayor nivel de transparencia en la información y comunicación con sus clientes. Esta normativa complementa la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyas resoluciones serán vinculantes para las entidades en reclamaciones de hasta 20.000 euros.
El Tribunal Supremo ha reiterado en 2026, mediante las sentencias 486/2026 y 161/2026, que la falta de transparencia en una cláusula IRPH no implica por sí sola su nulidad: es necesario demostrar además un desequilibrio material en perjuicio del consumidor. Sin embargo, la sentencia 161/2026 sí anuló el IRPH en un caso de hipoteca por subrogación donde el banco no informó adecuadamente al comprador antes de la firma. El Supremo consolida así el análisis caso a caso, sin dar una solución global para todos los afectados. Esto mantiene limitadas las opciones de reclamar para la mayoría, aunque abre una vía real para quienes acrediten una deficiencia informativa grave y objetivable.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 800/2026 de 27 de mayo, ha dado la razón a Banco Santander y ha avalado la aplicación de las cláusulas malus y clawback al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y a su exconsejero delegado Francisco Gómez. El fallo permite que Santander recupere 12,8 millones de euros en concepto de compensación por prejubilación de Ron y unos 9 millones de Gómez. El Supremo considera que dichas compensaciones eran remuneración variable sujeta a recuperación, dado el grave deterioro financiero del Banco Popular antes de su resolución en 2017. La sentencia revoca parcialmente el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón a los exdirectivos.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de Banco Santander y le obliga a pagar 83,2 millones de euros en multas que en su día se impusieron a Banco Popular por vulnerar la normativa de prevención del blanqueo de capitales. El Supremo aplica el principio de sucesión universal: quien absorbe una entidad asume también sus sanciones pendientes. Santander alegó que las circunstancias especiales de la adquisición (intervención del FROB) debían rebajar su responsabilidad, pero el tribunal lo rechazó de plano. El fallo es un recordatorio de que las fusiones bancarias no 'limpian' el historial sancionador de la entidad absorbida.
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 341/2026, de 3 de marzo, en la que declara abusiva la comisión de apertura incluida en el contrato hipotecario de Banco Santander con un consumidor, al no haber sido objeto de negociación ni explicación suficiente. El cliente firmó en 2007 un préstamo hipotecario al que el banco aplicó una comisión de apertura del 0,85% sobre el capital prestado sin justificarla. El Supremo establece que cuando el banco no puede acreditar que el cliente fue informado claramente del coste y finalidad de la comisión, esta debe considerarse nula y procede su devolución íntegra al consumidor. Esta doctrina resulta aplicable a millones de hipotecas firmadas en España entre 2000 y 2015.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado íntegramente una sentencia de primera instancia que daba la razón a un cliente frente a Banco Santander, reforzando de forma expresa que negar la condición de consumidor de manera genérica no es suficiente para que un banco evite el control de transparencia y abusividad de sus cláusulas. La sentencia consolida una línea jurisprudencial que facilita la declaración de nulidad de cláusulas abusivas cuando no existe una vinculación real del contrato con una actividad empresarial del cliente. Esta resolución limita una estrategia defensiva frecuente utilizada por las entidades financieras para esquivar la normativa de protección al consumidor.
El Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la prevención del blanqueo de capitales, ha multado a Openbank con 40 millones de euros. La sanción no está relacionada con casos reales de blanqueo, sino con deficiencias en los procedimientos internos del banco, en particular en la gestión de cuentas de clientes inactivas o no operativas. El propio banco reconoció que las cuestiones detectadas ya han sido subsanadas. El elevado importe de la sanción se explica porque este tipo de multas se calculan en función del volumen de negocio de la empresa matriz, que en este caso es Banco Santander.