Noticias bancarias y jurídicas

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Oviedo ha condenado a una Empresa de Micropréstamos a entregar a una clienta los 9 contratos de préstamo que no le había facilitado, de un total de 19 suscritos. La sentencia desestima la entrega de los cuadros de amortización al considerar que los datos relevantes constan en las condiciones particulares y pueden consultarse en la cuenta bancaria. La clienta pretendía también la nulidad de los contratos y la devolución de intereses, pero la Audiencia Provincial estudia el recurso sobre costas y cuadros de amortización.

Un particular solicitó la nulidad radical de un contrato de préstamo por considerarlo usurario. La entidad financiera se allanó a la nulidad, pero después reclamó 13.060,86 euros, intereses y costas mediante una demanda reconvencional, argumentando que el capital dispuesto no había sido amortizado. El Juzgado de Primera Instancia de Oviedo declaró nulo el préstamo por usura, descartó la reconvención y condenó a la entidad a pagar las costas. La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de la empresa financiera y ha confirmado íntegramente la sentencia. Consideró que la reconvención carecía de interés legítimo porque los efectos de la nulidad debían operar conforme a la ley y que la liquidación de las cantidades podía realizarse en ejecución de sentencia. También confirmó la condena en costas.

El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, exdirectivo de BBVA. La medida se adopta después de que la Audiencia Nacional abriera juicio oral contra BBVA, su antiguo presidente Francisco González y otras catorce personas por presuntas irregularidades en encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y seis meses de prisión por varios delitos, mientras la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº524/2026 de 29 de julio, ha fijado los criterios para apreciar una asistencia letrada constitucionalmente ineficaz en el proceso penal. La Sala explica que no basta con identificar errores o decisiones discutibles del abogado, sino que quien lo alega debe acreditar dos requisitos: que la actuación se apartó de los estándares objetivos de razonabilidad y que, de no haber sido así, existía una probabilidad razonable de obtener un resultado distinto y favorable. El pronunciamiento parte de un caso de estafa inmobiliaria en Tenerife en el que los condenados cuestionaron también el trabajo de sus abogados.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de Banco Santander y ha rechazado anular la compra de pagarés de Abengoa por importe superior a 95.000 euros realizada en julio de 2015. La Sala de lo Civil establece que los pagarés de empresa no son productos financieros complejos y que la obligación de información del banco depende de la naturaleza real del producto. El Supremo advierte que el hecho de que una inversión genere pérdidas no significa, por sí solo, que el consentimiento estuviera viciado: es necesario acreditar que el error fue esencial, excusable e imputable a un incumplimiento informativo. En este caso, la orden de compra contenía la información esencial e identificaba los riesgos de insolvencia.

Una mujer con antecedentes por estafa se presentó en una sucursal bancaria de Lugones haciéndose pasar verbalmente por la titular de una cuenta, facilitando su DNI y correo electrónico, y retiró 1.500 euros en efectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (sentencia STSJ AST 329/2026, de 28 de julio) ha ratificado íntegramente la condena de primera instancia: tres años y seis meses de prisión, multa de 1.890 euros e indemnización de 1.500 euros más intereses a la entidad bancaria. El tribunal rechaza que la falta de rigor del empleado al no exigir el DNI físico exima de responsabilidad penal a quien diseñó el engaño. Contra la sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha procesado penalmente al gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander y a la propia entidad bancaria como responsables de una estafa que afectó a 84 perjudicados —particulares y empresas— que reclaman en total 38,5 millones de euros. La instructora concluye que los mecanismos de control implantados por Novo Banco no alcanzaron el nivel de eficacia exigible, y que la entidad solo supo de las irregularidades porque el propio gestor se confesó ante la Fiscalía en febrero de 2020, no por sus propios sistemas de supervisión. Además, declara partícipes lucrativos a cinco familiares del investigado principal, quienes habrían recibido 1,7 millones de euros de origen presuntamente ilícito. Practicadas todas las diligencias instructoras, el caso avanza ya hacia la fase de enjuiciamiento.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos de una inversora minorista y ha condenado a CaixaBank —como sucesora de Bankpyme— a devolver 79.000 euros más intereses y costas de todas las instancias. Los bonos Kaupthing eran valores de alto riesgo emitidos por el banco islandés quebrado en 2008, descritos en el proceso como no aptos para inversores sin experiencia. El Supremo aprecia ocultamiento contractual y vulneración del deber de información, considerando que el nexo causal entre la falta de información y el daño económico es directo. La sentencia es la STS 1274/2026.

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia en la semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 en la que vuelve a desestimar el recurso de apelación formulado por BBVA en materia de gastos hipotecarios. El alto tribunal reafirma que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios es el de la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula, y no la fecha de la publicidad general de la doctrina jurisprudencial. Esto significa que BBVA no puede escudarse en que el consumidor 'ya sabía' que la cláusula era abusiva por haber sentencias previas del Supremo, salvo que el banco lo pruebe individualmente. El fallo condena a BBVA al pago de las costas de la apelación.

Entre el 21 y el 27 de julio de 2026, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete ha dictado tres sentencias consecutivas que confirman la nulidad de cláusulas de gastos hipotecarios de BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell respectivamente, obligándoles a devolver las cantidades indebidamente cobradas por notaría, registro, gestoría y tasación más intereses y costas. En los tres casos los bancos recurrieron alegando prescripción de la acción, argumento que el tribunal desestimó de plano. Las cantidades en cada caso oscilan entre 284 euros y 979 euros, pero el patrón repetido ilustra la masa crítica de litigios que siguen llegando a los juzgados. Los tres fallos responden al mismo magistrado ponente y aplican de forma uniforme la doctrina del Tribunal Supremo sobre el dies a quo de la prescripción.

La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso de Banco Santander y ha confirmado la anulación de dos garantías hipotecarias sobre inmuebles de una empresa declarada en concurso de acreedores. El tribunal considera que esas hipotecas, constituidas en noviembre de 2021 para garantizar un préstamo de 496.000 euros, otorgaban una ventaja injustificada al banco frente al resto de acreedores. Como consecuencia, el crédito de Santander pierde su privilegio especial y pasa a considerarse crédito ordinario en el concurso. Santander ha sido además condenado al pago de las costas del recurso de apelación.

La Sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia dictada el 30 de abril de 2026 y publicada esta semana, aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre costas en litigios de cláusulas abusivas con consumidores. El tribunal fija que cuando el banco recurre en apelación y dicho recurso solo se estima parcialmente —manteniéndose la declaración de abusividad—, el banco debe abonar la mitad de las costas de apelación causadas al consumidor. El criterio se fundamenta en el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea y en la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas.

La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso de BBVA y confirmado la nulidad de las cláusulas que imponían al consumidor todos los gastos de constitución de su hipoteca. El banco deberá devolver al cliente las cantidades pagadas por notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación, más los intereses legales y las costas del proceso. El tribunal rechazó el argumento de prescripción al considerar que el plazo no puede comenzar antes de que el consumidor tenga conocimiento real de la abusividad de la cláusula. Además, el tribunal subrayó que es el banco quien debe demostrar que el cliente conocía previamente la nulidad, y BBVA no pudo acreditarlo.

Un juzgado de Moncada (Valencia) ha condenado a una entidad bancaria a devolver 5.800 euros a una clienta que fue víctima de una estafa de phishing. La sentencia, firme desde el 20 de julio de 2026, considera que los casos de phishing son conductas delictivas muy elaboradas que inducen a error con facilidad, y que el banco debería haber detectado la modificación del límite máximo diario de la tarjeta de crédito sin verificar que era la propia clienta quien lo ordenó. La resolución refuerza la obligación de los bancos de controlar movimientos inusuales en las cuentas.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha estimado parcialmente el recurso de un consumidor frente a Banco Santander y le ha impuesto las costas de primera instancia por considerar que actuó con mala fe. El tribunal constató que el banco rechazó por escrito una reclamación extrajudicial sobre gastos hipotecarios recibida el 27 de febrero de 2024, defendiendo la validez de la cláusula, lo que obligó innecesariamente al cliente a acudir a los juzgados. La Sala aplicó la doctrina del Tribunal Supremo sobre imposición de costas cuando la entidad se allana tras haber rechazado previamente la reclamación del consumidor. En consecuencia, el banco debe asumir los costes del proceso que él mismo provocó con su negativa injustificada.

La magistrada Eva Cerón, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián, prepara una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE con una decena de preguntas sobre el IRPH, el índice de referencia hipotecario que afecta a más de un millón de familias. La jueza cuestiona si basta con mencionar en el contrato la Circular 5/1994 del Banco de España o si el banco debió explicar al cliente que el IRPH era sistemáticamente más caro que el Euríbor. También pregunta si los bancos pudieron enviar datos inflados para encarecer el cálculo del índice. Paralelamente, el juez Rafael de la Fuente de Palma ya tiene registrada otra cuestión prejudicial (asunto C-297/26) sobre los mismos problemas de transparencia.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que Novo Banco, creado como banco puente tras la resolución del Banco Espírito Santo, tiene legitimación pasiva para soportar las acciones de nulidad de cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios que le fueron transmitidos. El Alto Tribunal rechaza el recurso del banco y confirma que Novo Banco no solo debe asumir los contratos, sino también las consecuencias jurídicas de su contenido, incluida la restitución de cantidades pagadas por el consumidor en aplicación de cláusulas abusivas, incluso en fechas anteriores a la subrogación. La resolución protege a los consumidores cuyas hipotecas fueron transferidas sin su consentimiento a entidades banco-puente.

El Tribunal Supremo ha fallado que la pausa del desayuno y los 15 minutos de cortesía al fichar forman parte de la jornada laboral en CaixaBank, siempre que exista un acuerdo previo que los reconozca. El alto tribunal rectifica el criterio de instancias anteriores y establece que la implantación de un nuevo sistema de registro horario no puede usarse para eliminar derechos que ya estaban pactados con la plantilla. La sentencia afecta directamente a los trabajadores de CaixaBank con horario fijo y sienta un precedente para el resto del mercado laboral.

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha condenado a una entidad bancaria a devolver 19.990 euros más intereses y costas a un cliente víctima de una sofisticada ciberestafa combinada de smishing y vishing. El afectado recibió un SMS que imitaba ser de su banco y, tras una llamada desde un número falsificado de la entidad, realizó dos transferencias de 10.000 euros creyendo seguir instrucciones de seguridad legítimas. El tribunal rechazó los argumentos del banco sobre negligencia del cliente, reconociendo que los mensajes llegaron por el hilo oficial de la entidad y que el afectado denunció los hechos de inmediato. La sentencia marca un hito al exigir a las entidades sistemas antifraude capaces de detectar este tipo de suplantaciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha estimado íntegramente la demanda de dos consumidores contra Banco Sabadell por incluir en su hipoteca tres seguros de vida de prima única y una comisión automática de 35 euros por cada impago. El juez declara que el banco no pudo demostrar que las cláusulas fueran negociadas individualmente, ya que formaban parte de un 'todo indisoluble' del contrato. Como consecuencia, Sabadell debe devolver 29.445 euros más intereses y costas, y eliminar la comisión de impago del contrato. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal Supremo que obliga al banco a probar la negociación real de cada cláusula.