Noticias bancarias y jurídicas

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha presentado su Memoria de 2025, destacando el avance de la criminalidad informática. Solo en la Fiscalía Provincial se incoaron 252 procedimientos por estafas informáticas y se formularon 227 escritos de acusación. La fiscal superior, Isabel Martín López, reclama más medios humanos, tecnológicos y organizativos para responder a una delincuencia cada vez más compleja.

El III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad del Colegio de la Abogacía de Madrid evidenció que la norma sobre exoneración de deudas se aplica de forma desigual según el juzgado. El decano Eugenio Ribón pidió criterios más homogéneos, procedimientos ágiles y seguridad jurídica para que quienes cumplan los requisitos puedan acceder realmente a la segunda oportunidad. Se abordaron temas como planes de pago, crédito público, concursos sin masa y sobreendeudamiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que un consumidor puede reclamar la devolución de cantidades cobradas por una cláusula abusiva aunque hayan pasado más de tres años desde que se aplicaron. La sentencia amplía el plazo para reclamar devoluciones de cláusulas abusivas, superando la limitación temporal que se venía aplicando. Esto beneficia a consumidores que no reclamaron a tiempo por no conocer la abusividad de la cláusula. El fallo refuerza la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas en contratos bancarios.

Un hombre que compró una vivienda en subasta ordenó cortar la luz y el agua a la anterior propietaria, de 88 años, que seguía viviendo allí. El juzgado lo investiga por coacciones. El juez advierte que la sentencia del Supremo que avala cortar suministros solo se aplica a okupas sin título, no a personas embargadas que aún viven en su casa durante el proceso hipotecario.

El Tribunal Supremo condena a Banco Santander a devolver más de 96.000 euros a una empresa por cobrar comisiones por descubierto y por exceso de límite junto con intereses de demora sobre los mismos importes. La sentencia declara la nulidad de estos cobros por falta de causa. El Supremo aclara que el pago continuado de liquidaciones o la tolerancia durante años no impide reclamar judicialmente dentro del plazo legal.

El Tribunal Supremo ha fijado que la documentación con trascendencia tributaria obtenida durante una entrada y registro autorizada para investigar unos ejercicios concretos puede usarse legítimamente para liquidar y sancionar periodos distintos, si se cumplen las exigencias de la doctrina del hallazgo casual. En el caso, una empresa de bebidas fue inspeccionada por Hacienda para 2016 y 2017, pero durante el volcado informático aparecieron correos que revelaban ventas no declaradas de 2015. La AEAT amplió la inspección a ese ejercicio, liquidó 91.500 euros e impuso sanción de 98.400 euros. Tanto el TSJ de Asturias como el Supremo han desestimado los recursos de la empresa.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre la abusividad de las cláusulas que imponen la contratación de seguros de amortización de vida financiados mediante prima única. El fallo resuelve un recurso contra Banco Santander y afecta a un préstamo hipotecario suscrito en 2017 con Allianz Popular Vida. El Supremo determina que la oferta vinculante, la solicitud de adhesión y la escritura forman una unidad negocial impuesta, sujeta a control de abusividad.

Un tribunal de Lleida ha exonerado a un hombre de una deuda de 35.656 euros generada por una hipoteca firmada en 2004. El deudor perdió su vivienda en 2009 tras una ejecución hipotecaria y quedó en situación de insolvencia desde la crisis de 2008. El juez consideró que era un deudor de buena fe y aplicó la Ley de Segunda Oportunidad para perdonarle el pasivo insatisfecho.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha dado luz verde a la terna española para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, formada por Luis Jimena Quesada, Ana María Salinas de Frías y Daniel Sarmiento. La decisión se produce pese a que el procedimiento está impugnado ante el Tribunal Supremo. El proceso ha sido criticado por la composición del comité de selección, que incluía a tres altos cargos del Gobierno y una consejera del Consejo de Estado designada por el Ejecutivo. El Supremo ordenó informar a Europa de los recursos existentes, pero el órgano europeo ha continuado con el procedimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una condena de ocho años y ocho meses de prisión para un hombre que estafó, amenazó y robó a una mujer que lo había acogido en su casa. El condenado la convenció para pedir un préstamo hipotecario de 25.600 euros y, tras vender la vivienda, la obligó a incluirle como autorizado en su cuenta bancaria. Mediante 46 retiradas en cajeros, vació 54.010 euros, dejando un saldo de apenas 1,78 euros y sumiendo a la víctima en la indigencia. También se condena a su pareja por receptación.

La ley prohíbe pagos en efectivo de 1.000 euros o más cuando interviene un empresario o profesional; el límite es 999 euros. Una empresa fue sancionada con 133.251 euros por 515 operaciones de compra de relojes de segunda mano por 1.000 euros cada una. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la sanción al entender que hubo un error interpretativo de la empresa, sin ocultación ni fraude fiscal.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena por estafa continuada agravada contra un hombre que alquiló falsamente una vivienda. El tribunal valida las capturas de WhatsApp y los resguardos de Bizum aportados por las víctimas como prueba suficiente, sin exigir pericial informática. La apertura telemática de una cuenta bancaria con verificación biométrica y el uso del teléfono personal del acusado para recibir pagos fueron claves para acreditar su participación.

El Tribunal Supremo ha condenado a una entidad de crédito por vulnerar el derecho al honor de una clienta al incluirla en un registro de morosos (ASNEF-Equifax) cuando la deuda ya estaba siendo impugnada por usura. La clienta había enviado una reclamación extrajudicial en abril de 2022 y presentado demanda judicial en junio, pero la financiera comunicó los datos al fichero en octubre de ese año. El Supremo considera que la existencia de una controversia previa priva a la deuda del carácter incontrovertido exigido por la ley. La entidad deberá indemnizar con 2.000 euros por daño moral.

El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que el Derecho comunitario no obliga a hacer públicos los datos de todos los accionistas de una sociedad anónima. Una ley nacional que permita el acceso indiscriminado a esos datos, sin exigir un interés legítimo, vulnera el RGPD. El caso parte de Letonia, donde 17 accionistas minoritarios recurrieron la normativa que publicaba en internet datos como nombre, DNI, dirección o número de acciones, descargables de forma masiva por usuarios no identificados. El TJUE distingue entre administradores y simples accionistas: estos últimos no son nombrados ni cesados, solo poseen títulos.

El Tribunal Supremo ha eliminado la cláusula de intereses ordinarios de una hipoteca inversa por falta de transparencia, sin posibilidad de reducción conservadora del tipo de interés. También aclara que no es necesario el consentimiento de los herederos para que los padres contraten este producto, ya que solo tienen una expectativa de derechos. Los herederos reclamaban la nulidad del contrato y de varias cláusulas por abusivas y poco transparentes. El Supremo confirma la nulidad de la cláusula de intereses por el sistema de liquidación y anatocismo sin transparencia.

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que fija que el interés remuneratorio de una hipoteca inversa es anulable si el banco no explicó con claridad que los intereses se suman a la deuda y generan nuevos intereses (anatocismo). Las resoluciones 1190/2026 y 1317/2026 resuelven casos contra Kutxabank. En uno de ellos, los prestatarios recibían 650 euros de renta mensual y pagaban 580,25 euros de intereses en 2019. El Supremo confirmó la nulidad de la cláusula y condenó en costas a la entidad.

El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz que solo se incorporen a la causa los movimientos bancarios de sus cuentas que estén vinculados al caso Leire Díez y que se eviten filtraciones. El partido invoca el derecho a la intimidad de las personas y entidades que aparecen en esos movimientos, ya que muchas operaciones no guardan relación con los hechos investigados. La petición llega después de que el juez reclamara a 12 entidades información sobre 82 cuentas, seis de ellas del PSOE. La UCO cifró en 43.225 euros los pagos a Leire Díez.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un organizador de viajes como autor de un delito continuado de estafa. Cobró a las víctimas 299 euros por un viaje a Praga y luego 480 euros por uno a Italia, sumando más de 5.300 euros abonados mediante Bizum, sin haber realizado gestión alguna y usando excusas sucesivas para aplazar la entrega de billetes y documentación. La sentencia le impone además la responsabilidad civil de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados.

La Sentencia 517/2026 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2026:3579) rechaza que un condenado por violencia de género pueda evitar la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal alegando que, con posterioridad a los hechos, cambió su sexo en el Registro Civil. El Alto Tribunal aclara dos escenarios: cuando los hechos ocurrieron siendo varón según el Registro, el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos; y cuando el cambio se hizo antes del delito con intención de burlar la ley, constituye fraude de ley. La sentencia desestima el recurso de casación y mantiene la condena del agresor, que agredió a su expareja y a la hija común menor de edad.

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado la sentencia que declaró la nulidad de una cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia, pero no condenó en costas a la entidad financiera porque ésta se había allanado a las peticiones de la clienta en la vía extrajudicial, por correo electrónico, antes incluso de conocer la demanda. La Audiencia condena además a la clienta a las costas de la apelación, señalando que ha presentado hasta 19 demandas (una por cada micropréstamo) en lugar de acumularlas, conducta que considera abusiva y contraria a la buena fe.