Noticias bancarias y jurídicas

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de Banco Santander y le obliga a pagar 83,2 millones de euros en multas que en su día se impusieron a Banco Popular por vulnerar la normativa de prevención del blanqueo de capitales. El Supremo aplica el principio de sucesión universal: quien absorbe una entidad asume también sus sanciones pendientes. Santander alegó que las circunstancias especiales de la adquisición (intervención del FROB) debían rebajar su responsabilidad, pero el tribunal lo rechazó de plano. El fallo es un recordatorio de que las fusiones bancarias no 'limpian' el historial sancionador de la entidad absorbida.

La Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria ha desestimado el recurso de BBVA y confirma la multa de 2.000 euros por mala fe procesal y abuso del servicio público de Justicia en un litigio sobre comisión de apertura hipotecaria del 2%, que superaba el límite del 1,5% considerado abusivo por los tribunales de Cantabria. El banco había rechazado devolver los 1.924 euros cobrados al cliente extrajudicialmente y luego opuso resistencia en el juicio con argumentos ya reiteradamente rechazados. El tribunal subraya que la capacidad económica del banco hace proporcional la multa y que su conducta dilata sin justificación la restitución al consumidor. Esta figura de abuso del servicio de Justicia, introducida por la Ley 1/2025, pretende frenar la litigiosidad masiva de reclamaciones bancarias ya resueltas jurisprudencialmente.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por Evo Banco contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de julio de 2020, que le denegaba una deducción fiscal en su liquidación del Impuesto de Sociedades. La Audiencia Nacional anula tanto la resolución del TEAC como el acuerdo de liquidación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, reconociendo el derecho del banco a obtener la deducción interesada por importe de 577.760,35 euros. La sentencia, de 24 de abril de 2026, no impone costas a ninguna de las partes.

El 5 de marzo de 2026, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, presentó sus conclusiones en el asunto C-70/25 (Tukowiecka), relativo a una consumidora polaca víctima de phishing. El Abogado General propone que los bancos estén obligados a devolver el dinero robado de forma inmediata, antes de investigar si el cliente actuó con negligencia grave, invirtiendo así la carga del riesgo. Si el TJUE acoge este criterio, se establecería el principio 'devuelve primero, investiga después', que obligaría a los bancos europeos —incluidos los españoles— a reembolsar sin demora y solo después poder reclamar al cliente si acreditan su negligencia. La sentencia definitiva está pendiente y podría marcar un hito en la protección del consumidor financiero europeo.

El Tribunal Supremo, mediante la STS 571/2025 de 9 de abril de 2025, condenó a Ibercaja a devolver más de 56.000 euros a un cliente que sufrió quince transferencias fraudulentas en una sola noche mediante phishing y duplicación de tarjeta SIM (SIM swapping). El fallo establece que el banco tiene una responsabilidad cuasi objetiva: debe devolver el dinero de las operaciones no autorizadas salvo que pruebe negligencia grave o fraude del cliente. El mero hecho de que las transferencias se autenticaran correctamente con las claves del usuario no exonera al banco si esas claves fueron robadas mediante un ataque sofisticado. El pronunciamiento tiene efecto de jurisprudencia vinculante para todos los tribunales inferiores en España, y en 2026 está siendo ampliamente aplicado.

La Sección Civil de un Tribunal de Instancia de Málaga ha condenado a Unicaja Banco a devolver 2.000 euros a una clienta víctima de una estafa de phishing muy sofisticada que combinó un SMS que imitaba al banco con una llamada telefónica que suplantaba al servicio de atención al cliente. La sentencia reconoce que las técnicas de phishing actuales pueden engañar incluso a consumidores razonablemente diligentes y que la carga de proteger la banca digital recae en el banco, no en el usuario. Los cargos fraudulentos superaron el límite semanal de seguridad establecido en el contrato, una señal de riesgo que el sistema de Unicaja no detectó ni bloqueó. La resolución no es apelable por razón de cuantía.

Un juzgado de Granada ha condenado a una entidad bancaria a devolver 30.000 euros que fueron robados a un cliente mediante phishing. La magistrada descartó que existiera negligencia grave por parte del cliente, ya que el fraude se produjo en un contexto de evidente verosimilitud que indujo razonablemente al error. La sentencia sigue la corriente jurisprudencial mayoritaria en 2026 según la cual el banco debe asumir la responsabilidad cuando no demuestra que el cliente actuó con fraude o negligencia grave. Este caso se suma a un creciente número de condenas a entidades bancarias por fraudes digitales en toda España.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 429/2026, de 18 de marzo, establece que la legalidad de las comisiones bancarias no depende de que el cliente sea o no consumidor, sino de que respondan a un servicio real, efectivamente prestado y debidamente acreditado por el banco. Esta resolución es especialmente relevante para autónomos y empresas, que hasta ahora quedaban fuera de la protección frente a cláusulas abusivas. El Supremo corrige expresamente la postura de la Audiencia Provincial, que había 'privado indebidamente de protección' a quienes no tenían la condición de consumidor. No hay comisión válida si no existe un servicio efectivo, un coste real y prueba suficiente de las gestiones realizadas.

La sentencia 312/2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de febrero, frena la estrategia de BBVA y otros bancos para evitar devolver los gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de prescripción solo comienza a correr cuando el consumidor tiene un conocimiento real y razonablemente acreditado de la abusividad de la cláusula. Los bancos no pueden basarse en sentencias anteriores o en la difusión mediática del problema para alegar que el cliente ya sabía; deben probar que ese cliente concreto conocía la abusividad. El alto tribunal califica de 'paradójico' que el banco pida seguridad jurídica cuando lleva una década sin asumir las consecuencias de sus cláusulas declaradas abusivas.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 341/2026, de 3 de marzo, en la que declara abusiva la comisión de apertura incluida en el contrato hipotecario de Banco Santander con un consumidor, al no haber sido objeto de negociación ni explicación suficiente. El cliente firmó en 2007 un préstamo hipotecario al que el banco aplicó una comisión de apertura del 0,85% sobre el capital prestado sin justificarla. El Supremo establece que cuando el banco no puede acreditar que el cliente fue informado claramente del coste y finalidad de la comisión, esta debe considerarse nula y procede su devolución íntegra al consumidor. Esta doctrina resulta aplicable a millones de hipotecas firmadas en España entre 2000 y 2015.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 319/2026, ha establecido que cuando un consumidor formuló un requerimiento claro al banco para que eliminara una cláusula abusiva —como las de gastos hipotecarios— sin recibir respuesta positiva, y el banco se allana posteriormente en juicio, la entidad debe asumir las costas del proceso. El alto tribunal aplica la doctrina de que el allanamiento tardío no exime de costas si el banco incumplió previamente la obligación de no vincular a los consumidores con cláusulas nulas. La decisión se basa en el principio de efecto disuasorio de la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas. El fallo reitera que la reclamación extrajudicial previa es el elemento clave para que el banco asuma los costes del litigio que él mismo provocó.

El Tribunal Supremo dictó en febrero de 2026 la sentencia STS 312/2026, que rechaza la estrategia de BBVA de invocar la prescripción para no devolver los gastos hipotecarios. Según el Supremo, el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que el consumidor concreto tenga un conocimiento real de que la cláusula era abusiva, no basta con que existan sentencias previas o cobertura mediática del asunto. El banco debe probar que ese cliente en particular sabía que podía reclamar. La sentencia aplica la doctrina del TJUE de abril de 2024 y la propia del Supremo de junio de 2024.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 312/2026, de 25 de febrero, ha rechazado el intento de BBVA de cerrar la puerta a la reclamación de gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de cinco años para reclamar no empieza a correr hasta que el consumidor tiene un conocimiento real de que la cláusula que le hizo pagar notaría, registro y gestoría era abusiva. El banco no puede asumir que el cliente 'debería haber sabido' por la difusión mediática de sentencias anteriores. Esta resolución mantiene abierta la vía de reclamación incluso para hipotecas muy antiguas, siempre que el banco no pueda probar que el cliente concreto tenía ese conocimiento antes.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado íntegramente una sentencia de primera instancia que daba la razón a un cliente frente a Banco Santander, reforzando de forma expresa que negar la condición de consumidor de manera genérica no es suficiente para que un banco evite el control de transparencia y abusividad de sus cláusulas. La sentencia consolida una línea jurisprudencial que facilita la declaración de nulidad de cláusulas abusivas cuando no existe una vinculación real del contrato con una actividad empresarial del cliente. Esta resolución limita una estrategia defensiva frecuente utilizada por las entidades financieras para esquivar la normativa de protección al consumidor.

El Tribunal Supremo ha dictado la STS 181/2026, de 10 de febrero, en la que declara que una entidad bancaria que bloquea cuentas y cobra comisiones por servicios efectivamente prestados no incurre en competencia desleal. El alto tribunal considera que esa conducta está justificada económicamente, amparada legal y contractualmente, y reconocida como correcta por el Banco de España. Además, el hecho de que el banco bonificara antes esa comisión no le impide cobrarla más adelante si lo comunica debidamente al cliente.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 571/2025 de 9 de abril, ha establecido una doctrina de responsabilidad cuasi objetiva para los bancos ante fraudes digitales como phishing, smishing y SIM swapping. El fallo confirma que el banco debe devolver el dinero sustraído incluso cuando se usaron las credenciales del cliente, a menos que la entidad pueda acreditar que el cliente actuó con negligencia grave. En el caso concreto, Ibercaja fue condenada a restituir las cantidades tras un fraude que combinó phishing y duplicación de SIM. El Banco de España ha publicado un análisis específico sobre el nuevo marco de responsabilidad bancaria que abre la puerta a cientos de reclamaciones similares.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 6 millones de euros que el Banco de España impuso al BBVA en 2020 por incumplir el Código de Buenas Prácticas de protección a deudores hipotecarios vulnerables. El banco no informó adecuadamente a sus clientes de la posibilidad de acogerse a este código ni les explicó por qué se les denegaba ese derecho. El tribunal rechazó el recurso del BBVA y afeó que un banco con servicios jurídicos propios alegara indefensión.