Noticias bancarias y jurídicas

El Tribunal Supremo ha reafirmado en 2026 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente no empieza a correr desde la firma de la hipoteca ni desde las primeras sentencias mediáticas, sino desde el momento en que el consumidor concreto tiene conocimiento real de que la cláusula es abusiva. El banco no puede alegar prescripción basándose únicamente en la difusión mediática de sentencias anteriores. Quienes firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 pueden reclamar la devolución de gastos de registro, gestoría, tasación y parte de notaría. El Supremo refuerza así la protección del consumidor frente a una estrategia defensiva muy extendida en la banca.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 722/2026 de 11 de mayo, ha resuelto que no basta con haber comprado una vivienda sobre plano para poder reclamar al banco avalista la devolución del dinero anticipado cuando la promoción fracasa: es imprescindible que la compra tuviera una finalidad residencial y no inversora. El caso afectaba a compradores de una promoción fallida en Campos del Río (Murcia) que reclamaron a Caixabank como avalista al amparo de la antigua Ley 57/1968. El Supremo apreció indicios de finalidad inversora en varios compradores —titularidad de otros inmuebles, cláusulas de cesión contractual— y les denegó la protección. La sentencia refuerza la exigencia de acreditar el uso residencial real de la vivienda para acceder al régimen de protección de cantidades anticipadas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 11 de junio de 2026 (asunto C-81/24, Jenec) que un banco no puede negar la apertura de una cuenta de pago básica a un consumidor basándose únicamente en que su nombre figura en la lista de sanciones OFAC del Tesoro de EE.UU. La entidad financiera está obligada a realizar una evaluación individualizada del riesgo de blanqueo de capitales y solo puede denegar la cuenta si, tras ese análisis, concluye que el riesgo no puede gestionarse con medidas proporcionadas. La resolución refuerza el criterio de que la normativa antiblanqueo exige un enfoque basado en el riesgo concreto, no respuestas automáticas derivadas de listas extranjeras. Aunque el caso tiene origen esloveno, la doctrina es directamente aplicable a todos los bancos de la UE, incluidos los españoles.

La Audiencia Provincial de Tarragona dictó el 11 de junio de 2026 una sentencia (ECLI:ES:APT:2026:767) que rechaza el argumento de BBVA según el cual la amplia cobertura mediática de las sentencias sobre cláusulas de gastos hipotecarios debería adelantar el inicio del plazo de prescripción. El banco sostenía que los consumidores podían conocer sus derechos desde 2016 o 2017 gracias a la repercusión de la STS 705/2015. El tribunal exige que sea la propia entidad quien pruebe que el cliente concreto tenía conocimiento real de la abusividad, no una notoriedad genérica. La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE favorable al consumidor.

El Tribunal Supremo ha aclarado que Hacienda no puede embargar automáticamente la cuenta bancaria de un menor de edad por deudas tributarias de sus progenitores, ya que el menor no tenía rentas tributables ni capacidad para asentir en la declaración conjunta de sus padres. El fallo establece además que solo las cantidades superiores al salario mínimo interprofesional depositadas en cuenta pueden considerarse ahorro embargable. El ciudadano tiene la carga de demostrar que los fondos de su cuenta provienen de ingresos protegidos frente a embargo. La resolución refuerza la idea de que Hacienda debe investigar el origen real de los fondos antes de actuar.

El Tribunal Supremo ha condenado a Ibercaja a devolver más de 56.000 euros a un cliente víctima de una estafa que combinó phishing y duplicación de tarjeta SIM, mediante la cual los delincuentes realizaron 15 transferencias no autorizadas en una sola noche. El banco había alegado que las operaciones se realizaron con autenticación de doble factor válida, pero el Supremo rechazó este argumento. La sentencia establece que el uso de contraseñas o códigos SMS no implica automáticamente que el cliente autorizó la operación, y que el banco debe demostrar que hubo consentimiento real y consciente. Además, obliga a las entidades a mejorar sus sistemas de detección de operaciones sospechosas.

El Tribunal Supremo ha reiterado en 2026, mediante las sentencias 486/2026 y 161/2026, que la falta de transparencia en una cláusula IRPH no implica por sí sola su nulidad: es necesario demostrar además un desequilibrio material en perjuicio del consumidor. Sin embargo, la sentencia 161/2026 sí anuló el IRPH en un caso de hipoteca por subrogación donde el banco no informó adecuadamente al comprador antes de la firma. El Supremo consolida así el análisis caso a caso, sin dar una solución global para todos los afectados. Esto mantiene limitadas las opciones de reclamar para la mayoría, aunque abre una vía real para quienes acrediten una deficiencia informativa grave y objetivable.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 800/2026 de 27 de mayo, ha dado la razón a Banco Santander y ha avalado la aplicación de las cláusulas malus y clawback al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y a su exconsejero delegado Francisco Gómez. El fallo permite que Santander recupere 12,8 millones de euros en concepto de compensación por prejubilación de Ron y unos 9 millones de Gómez. El Supremo considera que dichas compensaciones eran remuneración variable sujeta a recuperación, dado el grave deterioro financiero del Banco Popular antes de su resolución en 2017. La sentencia revoca parcialmente el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón a los exdirectivos.

El Tribunal Supremo ha dictado la STS 793/2026 en la que aclara cuándo una entidad bancaria es responsable de devolver las cantidades anticipadas por compradores de viviendas que finalmente no se entregaron. La clave está en si el banco conocía o debía haber conocido que la cuenta de la promotora recibía dinero de compradores. No basta con que el banco supiera que su cliente se dedicaba al sector inmobiliario: es necesario que pudiera advertir que los ingresos eran anticipos de compraventa. Esta sentencia sigue la consolidada doctrina iniciada en 2015 y actualizada en 2025 y 2026 con múltiples fallos en el mismo sentido. Si el banco lo sabía, responde; si no lo sabía razonablemente, no.

La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo en 2026 ha consolidado un criterio protector para las víctimas de phishing bancario: el peso de la seguridad informática recae sobre el banco, no sobre el cliente. Los tribunales entienden que los fraudes actuales de phishing y smishing son tan sofisticados que pueden engañar a cualquier consumidor razonablemente diligente, lo que impide calificar automáticamente la conducta del cliente como negligencia grave. El banco solo se libra de responsabilidad si prueba que el cliente actuó con dolo o negligencia absolutamente inexcusable. Esta doctrina está avalada por la STS 571/2025 de abril de 2025, que obliga al banco a probar tanto el correcto funcionamiento de su sistema como la culpa del cliente.

El Tribunal Supremo ha dictado la STS 161/2026 en la que declara nula la cláusula IRPH de una hipoteca suscrita por subrogación al préstamo del promotor con Unicaja, porque el banco nunca entregó a los compradores una copia del contrato original donde estaba incluida esa cláusula. Al no estar correctamente incorporada al contrato del consumidor, la cláusula carece de efectos jurídicos: el préstamo subsiste pero sin interés remuneratorio. Esta vía —control de incorporación— es distinta al debate habitual sobre la transparencia del IRPH y abre una ruta de reclamación más clara para quienes compraron vivienda nueva subrogándose en la hipoteca del promotor. El banco no puede exigir intereses de una cláusula que el cliente nunca tuvo la oportunidad real de conocer.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de Banco Santander y le obliga a pagar 83,2 millones de euros en multas que en su día se impusieron a Banco Popular por vulnerar la normativa de prevención del blanqueo de capitales. El Supremo aplica el principio de sucesión universal: quien absorbe una entidad asume también sus sanciones pendientes. Santander alegó que las circunstancias especiales de la adquisición (intervención del FROB) debían rebajar su responsabilidad, pero el tribunal lo rechazó de plano. El fallo es un recordatorio de que las fusiones bancarias no 'limpian' el historial sancionador de la entidad absorbida.

La Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria ha desestimado el recurso de BBVA y confirma la multa de 2.000 euros por mala fe procesal y abuso del servicio público de Justicia en un litigio sobre comisión de apertura hipotecaria del 2%, que superaba el límite del 1,5% considerado abusivo por los tribunales de Cantabria. El banco había rechazado devolver los 1.924 euros cobrados al cliente extrajudicialmente y luego opuso resistencia en el juicio con argumentos ya reiteradamente rechazados. El tribunal subraya que la capacidad económica del banco hace proporcional la multa y que su conducta dilata sin justificación la restitución al consumidor. Esta figura de abuso del servicio de Justicia, introducida por la Ley 1/2025, pretende frenar la litigiosidad masiva de reclamaciones bancarias ya resueltas jurisprudencialmente.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por Evo Banco contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de julio de 2020, que le denegaba una deducción fiscal en su liquidación del Impuesto de Sociedades. La Audiencia Nacional anula tanto la resolución del TEAC como el acuerdo de liquidación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, reconociendo el derecho del banco a obtener la deducción interesada por importe de 577.760,35 euros. La sentencia, de 24 de abril de 2026, no impone costas a ninguna de las partes.

El Tribunal Supremo, mediante la STS 571/2025 de 9 de abril de 2025, condenó a Ibercaja a devolver más de 56.000 euros a un cliente que sufrió quince transferencias fraudulentas en una sola noche mediante phishing y duplicación de tarjeta SIM (SIM swapping). El fallo establece que el banco tiene una responsabilidad cuasi objetiva: debe devolver el dinero de las operaciones no autorizadas salvo que pruebe negligencia grave o fraude del cliente. El mero hecho de que las transferencias se autenticaran correctamente con las claves del usuario no exonera al banco si esas claves fueron robadas mediante un ataque sofisticado. El pronunciamiento tiene efecto de jurisprudencia vinculante para todos los tribunales inferiores en España, y en 2026 está siendo ampliamente aplicado.

La Sección Civil de un Tribunal de Instancia de Málaga ha condenado a Unicaja Banco a devolver 2.000 euros a una clienta víctima de una estafa de phishing muy sofisticada que combinó un SMS que imitaba al banco con una llamada telefónica que suplantaba al servicio de atención al cliente. La sentencia reconoce que las técnicas de phishing actuales pueden engañar incluso a consumidores razonablemente diligentes y que la carga de proteger la banca digital recae en el banco, no en el usuario. Los cargos fraudulentos superaron el límite semanal de seguridad establecido en el contrato, una señal de riesgo que el sistema de Unicaja no detectó ni bloqueó. La resolución no es apelable por razón de cuantía.

Un juzgado de Granada ha condenado a una entidad bancaria a devolver 30.000 euros que fueron robados a un cliente mediante phishing. La magistrada descartó que existiera negligencia grave por parte del cliente, ya que el fraude se produjo en un contexto de evidente verosimilitud que indujo razonablemente al error. La sentencia sigue la corriente jurisprudencial mayoritaria en 2026 según la cual el banco debe asumir la responsabilidad cuando no demuestra que el cliente actuó con fraude o negligencia grave. Este caso se suma a un creciente número de condenas a entidades bancarias por fraudes digitales en toda España.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 429/2026, de 18 de marzo, establece que la legalidad de las comisiones bancarias no depende de que el cliente sea o no consumidor, sino de que respondan a un servicio real, efectivamente prestado y debidamente acreditado por el banco. Esta resolución es especialmente relevante para autónomos y empresas, que hasta ahora quedaban fuera de la protección frente a cláusulas abusivas. El Supremo corrige expresamente la postura de la Audiencia Provincial, que había 'privado indebidamente de protección' a quienes no tenían la condición de consumidor. No hay comisión válida si no existe un servicio efectivo, un coste real y prueba suficiente de las gestiones realizadas.

La sentencia 312/2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de febrero, frena la estrategia de BBVA y otros bancos para evitar devolver los gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de prescripción solo comienza a correr cuando el consumidor tiene un conocimiento real y razonablemente acreditado de la abusividad de la cláusula. Los bancos no pueden basarse en sentencias anteriores o en la difusión mediática del problema para alegar que el cliente ya sabía; deben probar que ese cliente concreto conocía la abusividad. El alto tribunal califica de 'paradójico' que el banco pida seguridad jurídica cuando lleva una década sin asumir las consecuencias de sus cláusulas declaradas abusivas.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 341/2026, de 3 de marzo, en la que declara abusiva la comisión de apertura incluida en el contrato hipotecario de Banco Santander con un consumidor, al no haber sido objeto de negociación ni explicación suficiente. El cliente firmó en 2007 un préstamo hipotecario al que el banco aplicó una comisión de apertura del 0,85% sobre el capital prestado sin justificarla. El Supremo establece que cuando el banco no puede acreditar que el cliente fue informado claramente del coste y finalidad de la comisión, esta debe considerarse nula y procede su devolución íntegra al consumidor. Esta doctrina resulta aplicable a millones de hipotecas firmadas en España entre 2000 y 2015.