Noticias bancarias y jurídicas

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Más Sol Energía con dos multas de 5.000 euros. Una de ellas deriva de una llamada comercial a una persona inscrita en la lista Robinson, sin que la empresa acreditara una base legitimadora válida. La otra sanciona la obtención de datos personales a través de terceros sin informar al interesado sobre su origen ni sobre la base jurídica del tratamiento. La AEPD considera que comprar una base de datos a un proveedor no elimina la responsabilidad de la empresa que la utiliza para hacer una campaña. La compañía que trata los datos debe poder demostrar que el interesado consintió realmente y debe cumplir sus obligaciones de información, aunque los datos procedan de una compra.

Un particular solicitó la nulidad radical de un contrato de préstamo por considerarlo usurario. La entidad financiera se allanó a la nulidad, pero después reclamó 13.060,86 euros, intereses y costas mediante una demanda reconvencional, argumentando que el capital dispuesto no había sido amortizado. El Juzgado de Primera Instancia de Oviedo declaró nulo el préstamo por usura, descartó la reconvención y condenó a la entidad a pagar las costas. La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de la empresa financiera y ha confirmado íntegramente la sentencia. Consideró que la reconvención carecía de interés legítimo porque los efectos de la nulidad debían operar conforme a la ley y que la liquidación de las cantidades podía realizarse en ejecución de sentencia. También confirmó la condena en costas.

El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, exdirectivo de BBVA. La medida se adopta después de que la Audiencia Nacional abriera juicio oral contra BBVA, su antiguo presidente Francisco González y otras catorce personas por presuntas irregularidades en encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y seis meses de prisión por varios delitos, mientras la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha vuelto a recordar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que no puede dar por respondido el derecho de acceso a datos personales de un ciudadano limitándose a entregar expedientes o remitir al Registro de Actividades de Tratamiento. El organismo público alegaba que la petición debía tramitarse por la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, pero la AEPD aclara que si el ciudadano canaliza su solicitud expresamente como derecho de acceso del RGPD, el responsable del tratamiento está obligado a resolverla formalmente. La resolución cita dos sentencias del TJUE (asuntos C-487/21 y C-579/21) que refuerzan una interpretación intensiva del derecho de acceso en Europa.

La AEPD, en su resolución EXP202515647, ha recordado que el derecho de acceso del artículo 15 del RGPD incluye los registros de actividad, logs, metadatos e incluso las grabaciones de clases realizadas por Zoom, sin que la empresa pueda sustituirlos por descripciones genéricas. La Agencia rechaza que estos datos queden fuera del derecho por tratarse de información generada durante la relación laboral o por existir un pleito paralelo. Sigue las Directrices 01/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos, que obligan a entregar los datos concretos tratados.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº524/2026 de 29 de julio, ha fijado los criterios para apreciar una asistencia letrada constitucionalmente ineficaz en el proceso penal. La Sala explica que no basta con identificar errores o decisiones discutibles del abogado, sino que quien lo alega debe acreditar dos requisitos: que la actuación se apartó de los estándares objetivos de razonabilidad y que, de no haber sido así, existía una probabilidad razonable de obtener un resultado distinto y favorable. El pronunciamiento parte de un caso de estafa inmobiliaria en Tenerife en el que los condenados cuestionaron también el trabajo de sus abogados.

ASUFIN ha reclamado una mayor implicación de bancos, operadoras de telecomunicaciones, plataformas digitales y administraciones ante el crecimiento de las ciberestafas. Según datos de Incibe, las consultas ciudadanas por ciberestafas se duplicaron en el primer semestre de 2026 hasta rozar las 100.000, y las incidencias por fraude bancario se han cuadruplicado. La asociación considera insuficiente que las entidades aleguen negligencia del cliente cuando ha sido víctima de un engaño y reclama sistemas de detección en tiempo real, bloqueo de operaciones sospechosas y protocolos para clientes vulnerables. También recuerda que la reforma europea PSD3/PSR que reforzará la protección frente al fraude autorizado todavía no ha entrado en vigor.

El Banco de España ha recordado que las entidades financieras están legalmente habilitadas para bloquear o restringir la operativa de cuentas bancarias cuando el titular no cumple los requisitos de identificación exigidos por la normativa antiblanqueo. El bloqueo no es una sanción sino una medida regulada y proporcional. Para evitarlo basta con mantener actualizados el DNI, NIE o pasaporte y aportar documentación sobre el origen de los fondos cuando el banco lo solicite. El supervisor subraya que los bloqueos deben aplicarse de forma gradual y con notificación previa al cliente.

El Banco de España ha sancionado al Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), entidad de cabecera del Grupo Cajamar, con una multa de 2 millones de euros por incumplimientos graves en su política de retribuciones variables. La infracción consiste en no haber computado al menos el 15% de los compromisos por pensiones del colectivo identificado como retribución variable, tal y como exige la normativa de ordenación bancaria. Además de la entidad, han sido sancionados individualmente su consejero delegado Manuel Yebra (75.000 euros) y varios consejeros del banco. Cajamar ha recurrido las sanciones ante la Audiencia Nacional, alegando que actuó conforme a una interpretación correcta avalada por expertos independientes.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de Banco Santander y ha rechazado anular la compra de pagarés de Abengoa por importe superior a 95.000 euros realizada en julio de 2015. La Sala de lo Civil establece que los pagarés de empresa no son productos financieros complejos y que la obligación de información del banco depende de la naturaleza real del producto. El Supremo advierte que el hecho de que una inversión genere pérdidas no significa, por sí solo, que el consentimiento estuviera viciado: es necesario acreditar que el error fue esencial, excusable e imputable a un incumplimiento informativo. En este caso, la orden de compra contenía la información esencial e identificaba los riesgos de insolvencia.

El Banco de España ha publicado en el BOE número 189, de 4 de agosto de 2026, su resolución mensual con los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario correspondientes al mes de julio de 2026. El Euríbor a un año —el índice al que está referenciada la gran mayoría de las hipotecas variables en España— se sitúa en el 2,855%, mientras que el plazo a seis meses se fija en el 2,647% y el de tres meses en el 2,425%. Estos datos son determinantes para el cálculo de las revisiones de las cuotas hipotecarias de millones de familias españolas. La resolución se enmarca en la publicación mensual obligatoria del Banco de España conforme a la Circular 5/2012.

Una mujer con antecedentes por estafa se presentó en una sucursal bancaria de Lugones haciéndose pasar verbalmente por la titular de una cuenta, facilitando su DNI y correo electrónico, y retiró 1.500 euros en efectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (sentencia STSJ AST 329/2026, de 28 de julio) ha ratificado íntegramente la condena de primera instancia: tres años y seis meses de prisión, multa de 1.890 euros e indemnización de 1.500 euros más intereses a la entidad bancaria. El tribunal rechaza que la falta de rigor del empleado al no exigir el DNI físico exima de responsabilidad penal a quien diseñó el engaño. Contra la sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El 2 de agosto de 2026 ha entrado en vigor la fase más amplia del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act), que ahora aplica sus obligaciones más estrictas a los sistemas de alto riesgo, entre ellos el scoring crediticio y los modelos de decisión automatizada que usan los bancos para conceder o denegar préstamos. Los bancos que usen estos sistemas deben acreditar transparencia, trazabilidad y posibilidad de revisión humana. La AEPD ya ha sancionado con 890.000 euros a una entidad bancaria por su sistema de credit scoring con IA antes de esta nueva fase. Con el AI Act plenamente activo, las multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.

La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha procesado penalmente al gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander y a la propia entidad bancaria como responsables de una estafa que afectó a 84 perjudicados —particulares y empresas— que reclaman en total 38,5 millones de euros. La instructora concluye que los mecanismos de control implantados por Novo Banco no alcanzaron el nivel de eficacia exigible, y que la entidad solo supo de las irregularidades porque el propio gestor se confesó ante la Fiscalía en febrero de 2020, no por sus propios sistemas de supervisión. Además, declara partícipes lucrativos a cinco familiares del investigado principal, quienes habrían recibido 1,7 millones de euros de origen presuntamente ilícito. Practicadas todas las diligencias instructoras, el caso avanza ya hacia la fase de enjuiciamiento.

El Banco de España ha decidido elevar el colchón de capital exigido a BBVA para 2027 del 0,75% al 1%, recuperando el nivel que tenía en 2024 y 2025. El aumento se debe a que la puntuación de BBVA como entidad de importancia sistémica nacional (OEIS) ha crecido de 1.931 a 2.039 puntos básicos, situándola en una subcategoría superior. Santander mantiene el 1,25% por ser también entidad sistémica mundial, mientras CaixaBank se queda en el 0,50% y Sabadell en el 0,25%. Estos colchones adicionales de capital buscan reforzar la solvencia de los grandes bancos y reducir el riesgo de que su eventual quiebra desestabilice el sistema financiero.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos de una inversora minorista y ha condenado a CaixaBank —como sucesora de Bankpyme— a devolver 79.000 euros más intereses y costas de todas las instancias. Los bonos Kaupthing eran valores de alto riesgo emitidos por el banco islandés quebrado en 2008, descritos en el proceso como no aptos para inversores sin experiencia. El Supremo aprecia ocultamiento contractual y vulneración del deber de información, considerando que el nexo causal entre la falta de información y el daño económico es directo. La sentencia es la STS 1274/2026.

Sumar ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció a sus diputados el derecho a acceder a los datos de lo que gana cada banco gracias a la facilidad de depósito del BCE. El Banco de España, en respuesta al fallo, solo ofreció una sala de lectura presencial y controlada, pero los parlamentarios consideran que eso vacía el contenido del fallo. Exigen que los datos se entreguen en soporte documental completo en un plazo máximo de cinco días, con firma de recibí y advertencia de confidencialidad. Están en juego más de 20.000 millones de euros que los bancos han ingresado desde 2022 por aparcar su liquidez en el banco central sin asumir riesgo alguno.

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia en la semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 en la que vuelve a desestimar el recurso de apelación formulado por BBVA en materia de gastos hipotecarios. El alto tribunal reafirma que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios es el de la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula, y no la fecha de la publicidad general de la doctrina jurisprudencial. Esto significa que BBVA no puede escudarse en que el consumidor 'ya sabía' que la cláusula era abusiva por haber sentencias previas del Supremo, salvo que el banco lo pruebe individualmente. El fallo condena a BBVA al pago de las costas de la apelación.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) convocó el 27 de julio de 2026 los 'Premios Protección de Datos Personales 2026', que incluyen seis categorías: investigación científica, comunicación, buenas prácticas de cumplimiento, formación y concienciación, labor del Delegado de Protección de Datos, protección de colectivos vulnerables frente a la violencia digital, e investigación jurídica. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de octubre de 2026 y los trabajos deben haberse difundido entre octubre de 2025 y octubre de 2026. En esta edición se priorizarán los trabajos que aborden tecnologías innovadoras o disruptivas y su relación con la protección de datos. La AEPD también ha convocado simultáneamente el Premio de Privacidad y Protección de Datos en Iberoamérica para el mismo ejercicio.

El 27 de julio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa por la que se actualiza la lista de entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Esta publicación corresponde a las variaciones producidas en el segundo trimestre de 2026. El Código de Buenas Prácticas permite a los deudores hipotecarios en dificultades solicitar medidas de alivio a su banco, como la reestructuración de la deuda o la dación en pago, si la entidad está adherida. Los consumidores solo pueden acogerse a estas medidas si su banco figura en la lista oficial.