Noticias bancarias y jurídicas

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 429/2026, de 18 de marzo, establece que la legalidad de las comisiones bancarias no depende de que el cliente sea o no consumidor, sino de que respondan a un servicio real, efectivamente prestado y debidamente acreditado por el banco. Esta resolución es especialmente relevante para autónomos y empresas, que hasta ahora quedaban fuera de la protección frente a cláusulas abusivas. El Supremo corrige expresamente la postura de la Audiencia Provincial, que había 'privado indebidamente de protección' a quienes no tenían la condición de consumidor. No hay comisión válida si no existe un servicio efectivo, un coste real y prueba suficiente de las gestiones realizadas.

El Banco de España ha publicado en abril de 2026 la versión actualizada de su Compendio de criterios de buenas prácticas bancarias, el documento de referencia que recoge los principales criterios aplicados por el regulador para resolver las reclamaciones de los clientes contra sus entidades financieras. Este compendio se actualiza al menos una vez al año y sirve de guía tanto para los ciudadanos que quieren reclamar como para los propios bancos sobre qué conductas se consideran conformes o contrarias a las buenas prácticas. El documento cubre materias tan relevantes como comisiones, transparencia en la contratación, servicios de pago, préstamos hipotecarios y cuentas corrientes. Aunque las resoluciones del Banco de España no son vinculantes, los bancos suelen acatarlas para evitar sanciones y daño reputacional.

La AEPD ha impuesto una sanción de 890.000 euros a una entidad bancaria española por operar un sistema de inteligencia artificial que denegaba préstamos de forma completamente automatizada, sin que los empleados de la sucursal pudieran modificar la decisión del algoritmo. La infracción vulnera el artículo 22 del RGPD, que prohíbe que las personas queden sujetas a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado cuando estas produzcan efectos jurídicos significativos. La AEPD también sancionó la ausencia de una Evaluación de Impacto específica para el sistema. Esta resolución es la sanción más elevada de las impuestas hasta marzo de 2026 en los 147 expedientes abiertos por la agencia contra el uso de IA.

La sentencia 312/2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de febrero, frena la estrategia de BBVA y otros bancos para evitar devolver los gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de prescripción solo comienza a correr cuando el consumidor tiene un conocimiento real y razonablemente acreditado de la abusividad de la cláusula. Los bancos no pueden basarse en sentencias anteriores o en la difusión mediática del problema para alegar que el cliente ya sabía; deben probar que ese cliente concreto conocía la abusividad. El alto tribunal califica de 'paradójico' que el banco pida seguridad jurídica cuando lleva una década sin asumir las consecuencias de sus cláusulas declaradas abusivas.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 341/2026, de 3 de marzo, en la que declara abusiva la comisión de apertura incluida en el contrato hipotecario de Banco Santander con un consumidor, al no haber sido objeto de negociación ni explicación suficiente. El cliente firmó en 2007 un préstamo hipotecario al que el banco aplicó una comisión de apertura del 0,85% sobre el capital prestado sin justificarla. El Supremo establece que cuando el banco no puede acreditar que el cliente fue informado claramente del coste y finalidad de la comisión, esta debe considerarse nula y procede su devolución íntegra al consumidor. Esta doctrina resulta aplicable a millones de hipotecas firmadas en España entre 2000 y 2015.

El 5 de marzo de 2026, el Abogado General del TJUE Athanasios Rantos presentó sus conclusiones en el asunto C-70/25 (Tukowiecka), estableciendo que un banco no puede negarse a devolver inmediatamente el dinero de una operación no autorizada alegando negligencia grave del cliente. La obligación de reembolso es incondicional, a más tardar al final del día hábil siguiente a la notificación, salvo que el banco tenga motivos fundados de fraude del propio cliente y lo comunique por escrito a la autoridad competente. Si el banco considera posteriormente que el cliente fue negligente, debe ser él quien reclame judicialmente al usuario, asumiendo la carga de la prueba. La sentencia definitiva del TJUE está pendiente, pero sus conclusiones ya tienen peso argumental en los tribunales españoles.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 319/2026, ha establecido que cuando un consumidor formuló un requerimiento claro al banco para que eliminara una cláusula abusiva —como las de gastos hipotecarios— sin recibir respuesta positiva, y el banco se allana posteriormente en juicio, la entidad debe asumir las costas del proceso. El alto tribunal aplica la doctrina de que el allanamiento tardío no exime de costas si el banco incumplió previamente la obligación de no vincular a los consumidores con cláusulas nulas. La decisión se basa en el principio de efecto disuasorio de la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas. El fallo reitera que la reclamación extrajudicial previa es el elemento clave para que el banco asuma los costes del litigio que él mismo provocó.

El Tribunal Supremo dictó en febrero de 2026 la sentencia STS 312/2026, que rechaza la estrategia de BBVA de invocar la prescripción para no devolver los gastos hipotecarios. Según el Supremo, el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que el consumidor concreto tenga un conocimiento real de que la cláusula era abusiva, no basta con que existan sentencias previas o cobertura mediática del asunto. El banco debe probar que ese cliente en particular sabía que podía reclamar. La sentencia aplica la doctrina del TJUE de abril de 2024 y la propia del Supremo de junio de 2024.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 312/2026, de 25 de febrero, ha rechazado el intento de BBVA de cerrar la puerta a la reclamación de gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de cinco años para reclamar no empieza a correr hasta que el consumidor tiene un conocimiento real de que la cláusula que le hizo pagar notaría, registro y gestoría era abusiva. El banco no puede asumir que el cliente 'debería haber sabido' por la difusión mediática de sentencias anteriores. Esta resolución mantiene abierta la vía de reclamación incluso para hipotecas muy antiguas, siempre que el banco no pueda probar que el cliente concreto tenía ese conocimiento antes.

La Ley 10/2025, en vigor desde diciembre de 2025, reforma en profundidad el sistema de atención al cliente en el sector financiero español. La novedad más importante es la creación de la figura del Defensor de la Clientela, cuyas decisiones favorables al cliente serán vinculantes para el banco, no como hasta ahora, que podían ser ignoradas. Los plazos se acortan: un mes para resolver reclamaciones generales y quince días para las relacionadas con servicios de pago. Las entidades financieras tienen hasta diciembre de 2026 para adaptar sus estructuras y procedimientos. La ley también amplía el perímetro de entidades obligadas, incluyendo fintech, entidades de pago y prestamistas inmobiliarios no bancarios.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado íntegramente una sentencia de primera instancia que daba la razón a un cliente frente a Banco Santander, reforzando de forma expresa que negar la condición de consumidor de manera genérica no es suficiente para que un banco evite el control de transparencia y abusividad de sus cláusulas. La sentencia consolida una línea jurisprudencial que facilita la declaración de nulidad de cláusulas abusivas cuando no existe una vinculación real del contrato con una actividad empresarial del cliente. Esta resolución limita una estrategia defensiva frecuente utilizada por las entidades financieras para esquivar la normativa de protección al consumidor.

El Tribunal Supremo ha dictado la STS 181/2026, de 10 de febrero, en la que declara que una entidad bancaria que bloquea cuentas y cobra comisiones por servicios efectivamente prestados no incurre en competencia desleal. El alto tribunal considera que esa conducta está justificada económicamente, amparada legal y contractualmente, y reconocida como correcta por el Banco de España. Además, el hecho de que el banco bonificara antes esa comisión no le impide cobrarla más adelante si lo comunica debidamente al cliente.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 571/2025 de 9 de abril, ha establecido una doctrina de responsabilidad cuasi objetiva para los bancos ante fraudes digitales como phishing, smishing y SIM swapping. El fallo confirma que el banco debe devolver el dinero sustraído incluso cuando se usaron las credenciales del cliente, a menos que la entidad pueda acreditar que el cliente actuó con negligencia grave. En el caso concreto, Ibercaja fue condenada a restituir las cantidades tras un fraude que combinó phishing y duplicación de SIM. El Banco de España ha publicado un análisis específico sobre el nuevo marco de responsabilidad bancaria que abre la puerta a cientos de reclamaciones similares.

El Tribunal Supremo ha confirmado las multas de 5 millones de euros que la AEPD impuso al BBVA por deficiencias en su política de protección de datos, revocando la sentencia previa de la Audiencia Nacional que las anulaba. El Alto Tribunal concluyó que la AEPD actuó de forma legal al ampliar el expediente sancionador basándose en un documento interno del banco que revelaba carencias en el cumplimiento normativo. El Supremo subrayó además que el BBVA tuvo plena oportunidad de presentar alegaciones durante el proceso, por lo que no existió arbitrariedad. Este fallo consolida un precedente importante: las reclamaciones individuales de clientes pueden servir de palanca para investigar y sancionar problemas estructurales en la gestión de datos.

La Ley 10/2025, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2025, establece que los bancos y demás entidades financieras deben disponer de un servicio de atención a la clientela gratuito, eficaz, accesible e inclusivo. Las reclamaciones por cobros indebidos deben resolverse en un plazo máximo de cinco días. Queda prohibida la atención exclusiva mediante contestadores automáticos o inteligencia artificial. Las empresas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas internos a las nuevas exigencias.

El Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la prevención del blanqueo de capitales, ha multado a Openbank con 40 millones de euros. La sanción no está relacionada con casos reales de blanqueo, sino con deficiencias en los procedimientos internos del banco, en particular en la gestión de cuentas de clientes inactivas o no operativas. El propio banco reconoció que las cuestiones detectadas ya han sido subsanadas. El elevado importe de la sanción se explica porque este tipo de multas se calculan en función del volumen de negocio de la empresa matriz, que en este caso es Banco Santander.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que regula los servicios de atención a la clientela, entró en vigor el 28 de diciembre de 2025 e introduce un cambio sustancial para la banca: todas las entidades deberán contar con un Defensor de la Clientela cuyas resoluciones favorables al cliente serán vinculantes para el banco. La norma establece plazos más ágiles de respuesta a reclamaciones, amplía los canales de acceso y eleva los estándares de accesibilidad para colectivos vulnerables. Las entidades tienen hasta diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas internos. Si la resolución del banco es desfavorable, el cliente podrá acudir al Banco de España, CNMV o DGSFP, que dispondrán de 90 días para resolver.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 6 millones de euros que el Banco de España impuso al BBVA en 2020 por incumplir el Código de Buenas Prácticas de protección a deudores hipotecarios vulnerables. El banco no informó adecuadamente a sus clientes de la posibilidad de acogerse a este código ni les explicó por qué se les denegaba ese derecho. El tribunal rechazó el recurso del BBVA y afeó que un banco con servicios jurídicos propios alegara indefensión.