Noticias bancarias y jurídicas

La Sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia dictada el 30 de abril de 2026 y publicada esta semana, aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre costas en litigios de cláusulas abusivas con consumidores. El tribunal fija que cuando el banco recurre en apelación y dicho recurso solo se estima parcialmente —manteniéndose la declaración de abusividad—, el banco debe abonar la mitad de las costas de apelación causadas al consumidor. El criterio se fundamenta en el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea y en la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas.

Según la Memoria de Reclamaciones 2025 del Banco de España, las quejas por tarjetas de crédito y débito ya representan el 31,3% de todas las reclamaciones, superando por primera vez a las hipotecas (22,1%). El organismo gestionó 30.970 reclamaciones en 2025, un 44,8% menos que en 2024, pero ya constata un repunte superior al 50% en el primer cuatrimestre de 2026. Si se mantiene ese ritmo, el volumen anual podría rondar los 40.000 expedientes. El principal detonante del repunte es el fraude en operaciones de pago digital, cada vez más sofisticado.

El Banco de España gestionó 30.970 reclamaciones en 2025, un 44,8% menos que el año anterior, principalmente por la vuelta a la normalidad tras el pico de 2024 vinculado a sentencias sobre gastos hipotecarios. De todas las reclamaciones recibidas, solo se admitió a trámite poco más de un tercio (10.856), y de ellas el 53% concluyó de forma favorable al ciudadano. El 48% de las quejas se centraron en fraude, gastos hipotecarios o comisiones, y las reclamaciones por tarjetas superaron por primera vez a las hipotecas como principal conflicto. El propio supervisor prevé que en 2026 las reclamaciones se sitúen en torno a las 40.000, impulsadas por el repunte del fraude.

El 21 de julio de 2026, la Agencia Española de Protección de Datos publicó una nota técnica que analiza cómo los principios de exactitud y minimización del RGPD se proyectan sobre los tratamientos de datos que usan sistemas de inteligencia artificial. Se trata de uno de los primeros trabajos en el mundo que aborda esta cuestión de forma sistemática, con el objetivo de ofrecer criterios claros a responsables del tratamiento, encargados y delegados de protección de datos. El documento tiene especial relevancia para sectores como la banca, que usa IA para scoring crediticio, análisis de riesgo y detección de fraude.

El Banco de España ha publicado su Memoria de Reclamaciones de 2025, que muestra una caída global del 44,8% en el número de quejas —de 56.000 en 2024 a 30.970 en 2025—, pero deja un dato preocupante: el fraude con tarjeta y operaciones de pago ya es el principal motivo de reclamación, con un aumento del 18%. Las quejas por hipotecas se desplomaron un 80% al disiparse el efecto de las sentencias sobre gastos hipotecarios, mientras que las devoluciones a clientes alcanzaron un máximo histórico de 6,78 millones de euros. El Banco de España advierte de que en el primer cuatrimestre de 2026 las reclamaciones ya crecen un 50% y todo apunta a que el año cerrará con unos 40.000 expedientes, impulsados por el fraude digital. De las reclamaciones admitidas a trámite, el 53% se resolvió a favor del cliente, con un plazo medio de tramitación de solo 39 días.

La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso de BBVA y confirmado la nulidad de las cláusulas que imponían al consumidor todos los gastos de constitución de su hipoteca. El banco deberá devolver al cliente las cantidades pagadas por notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación, más los intereses legales y las costas del proceso. El tribunal rechazó el argumento de prescripción al considerar que el plazo no puede comenzar antes de que el consumidor tenga conocimiento real de la abusividad de la cláusula. Además, el tribunal subrayó que es el banco quien debe demostrar que el cliente conocía previamente la nulidad, y BBVA no pudo acreditarlo.

Un juzgado de Moncada (Valencia) ha condenado a una entidad bancaria a devolver 5.800 euros a una clienta que fue víctima de una estafa de phishing. La sentencia, firme desde el 20 de julio de 2026, considera que los casos de phishing son conductas delictivas muy elaboradas que inducen a error con facilidad, y que el banco debería haber detectado la modificación del límite máximo diario de la tarjeta de crédito sin verificar que era la propia clienta quien lo ordenó. La resolución refuerza la obligación de los bancos de controlar movimientos inusuales en las cuentas.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha estimado parcialmente el recurso de un consumidor frente a Banco Santander y le ha impuesto las costas de primera instancia por considerar que actuó con mala fe. El tribunal constató que el banco rechazó por escrito una reclamación extrajudicial sobre gastos hipotecarios recibida el 27 de febrero de 2024, defendiendo la validez de la cláusula, lo que obligó innecesariamente al cliente a acudir a los juzgados. La Sala aplicó la doctrina del Tribunal Supremo sobre imposición de costas cuando la entidad se allana tras haber rechazado previamente la reclamación del consumidor. En consecuencia, el banco debe asumir los costes del proceso que él mismo provocó con su negativa injustificada.

La magistrada Eva Cerón del juzgado número 8 de San Sebastián ha preparado en julio de 2026 una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre las cláusulas IRPH en hipotecas, con una decena de preguntas que cuestionan si la sola referencia a la Circular 5/1994 del Banco de España es suficiente para acreditar la transparencia del índice. La jueza también plantea si el método de cálculo del IRPH mediante media simple —sin ponderar el peso de cada banco— generaba el riesgo de que las entidades remitieran datos inflados, lo que podría viciar la cláusula. Este caso corre en paralelo al asunto C-297/26, planteado desde Palma. El TJUE deberá pronunciarse por sexta vez sobre el IRPH.

En julio de 2026 los SMS falsos que suplantan a bancos han alcanzado tal grado de perfección gracias a la inteligencia artificial que ya no presentan errores gramaticales y se cuelan en el mismo hilo de mensajes que las comunicaciones reales del banco. El fraude online superó los 45.445 casos en España en 2025, un 19% más que el año anterior, con más de 25.000 incidentes relacionados con phishing bancario por SMS. La CNMC prepara un sistema de bloqueo de SMS fraudulentos, aunque su entrada en vigor se ha retrasado hasta septiembre de 2026. La jurisprudencia española y el TJUE refuerzan la obligación del banco de devolver el dinero de operaciones no autorizadas sin poder alegar previamente una supuesta negligencia del cliente para retrasar el reembolso.

La magistrada Eva Cerón, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián, prepara una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE con una decena de preguntas sobre el IRPH, el índice de referencia hipotecario que afecta a más de un millón de familias. La jueza cuestiona si basta con mencionar en el contrato la Circular 5/1994 del Banco de España o si el banco debió explicar al cliente que el IRPH era sistemáticamente más caro que el Euríbor. También pregunta si los bancos pudieron enviar datos inflados para encarecer el cálculo del índice. Paralelamente, el juez Rafael de la Fuente de Palma ya tiene registrada otra cuestión prejudicial (asunto C-297/26) sobre los mismos problemas de transparencia.

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto en julio de 2026 una sanción de 250.000 euros a una empresa cuyas medidas de seguridad resultaron insuficientes para prevenir un ataque de ransomware que comprometió datos personales de clientes o empleados. La resolución, recogida en el newsletter de Garrigues de julio de 2026, se enmarca en la línea de la AEPD de responsabilizar a las organizaciones no solo cuando ocurre el ataque, sino cuando sus sistemas carecían de las protecciones adecuadas con carácter previo. La misma publicación recoge que la AEPD registró en 2025 el mayor número de reclamaciones de su historia. El sector financiero acumula el mayor volumen de expedientes abiertos por uso de inteligencia artificial.

El 14 de julio de 2026, la AEPD publicó un conjunto de recomendaciones para reforzar el cumplimiento del RGPD en la Administración General del Estado, fruto del trabajo conjunto con más de 70 delegados de protección de datos de diferentes ministerios y organismos. Las recomendaciones insisten en que el delegado de protección de datos debe participar desde las fases iniciales de cualquier proyecto tecnológico o normativo, garantizando independencia funcional. El documento también aborda los retos específicos de la inteligencia artificial en el sector público, con orientaciones sobre minimización y evaluación de impacto.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que Novo Banco, creado como banco puente tras la resolución del Banco Espírito Santo, tiene legitimación pasiva para soportar las acciones de nulidad de cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios que le fueron transmitidos. El Alto Tribunal rechaza el recurso del banco y confirma que Novo Banco no solo debe asumir los contratos, sino también las consecuencias jurídicas de su contenido, incluida la restitución de cantidades pagadas por el consumidor en aplicación de cláusulas abusivas, incluso en fechas anteriores a la subrogación. La resolución protege a los consumidores cuyas hipotecas fueron transferidas sin su consentimiento a entidades banco-puente.

El Banco de España ha recordado públicamente que las entidades financieras tienen competencia para bloquear o limitar la operativa de una cuenta bancaria cuando el cliente no atiende las solicitudes de documentación exigidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El supervisor aclara que el bloqueo no es arbitrario: el banco debe tener causa justificada y notificar previamente al titular para minimizar los perjuicios. También cabe el bloqueo cuando hay instrucciones contradictorias entre cotitulares. En la mayoría de los casos el bloqueo es reversible: basta con aportar la documentación solicitada para que se restablezca el servicio.

El Tribunal Supremo ha fallado que la pausa del desayuno y los 15 minutos de cortesía al fichar forman parte de la jornada laboral en CaixaBank, siempre que exista un acuerdo previo que los reconozca. El alto tribunal rectifica el criterio de instancias anteriores y establece que la implantación de un nuevo sistema de registro horario no puede usarse para eliminar derechos que ya estaban pactados con la plantilla. La sentencia afecta directamente a los trabajadores de CaixaBank con horario fijo y sienta un precedente para el resto del mercado laboral.

La profesora Matilde Cuena analiza el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo y concluye que, pese a sus avances, contiene una contradicción estructural: obliga a los prestamistas a evaluar la solvencia del cliente y a denegar el crédito si la evaluación es negativa, pero si el banco incumple esta obligación y concede igualmente el préstamo, el derecho concursal puede sancionar al consumidor insolvente por 'endeudamiento temerario' y privarle de la exoneración de deudas. El anteproyecto prohíbe además utilizar datos de redes sociales o datos de salud para evaluar la solvencia y exige explicar la lógica de los algoritmos de scoring utilizados.

El anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2026 y actualmente en tramitación parlamentaria, establece un límite transitorio del 22% TAE para tarjetas revolving y créditos al consumo en general. Para los microcréditos de alto coste, el límite de interés mensual se fija en el 4% con una comisión máxima de apertura del 5% o 30 euros. Los bancos y prestamistas deberán evaluar obligatoriamente la solvencia del cliente antes de conceder el crédito, y no podrán hacerlo si la evaluación es negativa. La norma transpone la Directiva UE 2023/2225 y su aplicación plena está prevista para noviembre de 2026.

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha condenado a una entidad bancaria a devolver 19.990 euros más intereses y costas a un cliente víctima de una sofisticada ciberestafa combinada de smishing y vishing. El afectado recibió un SMS que imitaba ser de su banco y, tras una llamada desde un número falsificado de la entidad, realizó dos transferencias de 10.000 euros creyendo seguir instrucciones de seguridad legítimas. El tribunal rechazó los argumentos del banco sobre negligencia del cliente, reconociendo que los mensajes llegaron por el hilo oficial de la entidad y que el afectado denunció los hechos de inmediato. La sentencia marca un hito al exigir a las entidades sistemas antifraude capaces de detectar este tipo de suplantaciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha estimado íntegramente la demanda de dos consumidores contra Banco Sabadell por incluir en su hipoteca tres seguros de vida de prima única y una comisión automática de 35 euros por cada impago. El juez declara que el banco no pudo demostrar que las cláusulas fueran negociadas individualmente, ya que formaban parte de un 'todo indisoluble' del contrato. Como consecuencia, Sabadell debe devolver 29.445 euros más intereses y costas, y eliminar la comisión de impago del contrato. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal Supremo que obliga al banco a probar la negociación real de cada cláusula.