Noticias bancarias y jurídicas

La AEPD ha estimado la reclamación de una ciudadana contra su exabogada. La letrada no contestó a la petición de supresión de datos del artículo 17 RGPD que recibió en agosto. La abogada alegó estar de vacaciones y que el expediente estaba destruido. La autoridad recuerda que el responsable debe responder expresamente, incluso para denegar motivadamente o comunicar que no hay datos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 4.000 euros a Bodense Estructuras y Calderería S.L. por instalar cámaras que grababan imagen y sonido en zonas de paso, almacén y despacho de dirección. La empresa usó el sonido para justificar un despido disciplinario por conducta vejatoria. La AEPD considera que fue una medida desproporcionada, pues existían medios menos invasivos como testigos. Los carteles informativos no bastan para legitimar la grabación de conversaciones privadas.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un organizador de viajes como autor de un delito continuado de estafa. Cobró a las víctimas 299 euros por un viaje a Praga y luego 480 euros por uno a Italia, sumando más de 5.300 euros abonados mediante Bizum, sin haber realizado gestión alguna y usando excusas sucesivas para aplazar la entrega de billetes y documentación. La sentencia le impone además la responsabilidad civil de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados.

Varios exámenes de un taller de empleo gestionado por el Ayuntamiento de Canals (Valencia), con DNI, nombre y calificaciones de tres alumnos, aparecieron abandonados junto a contenedores en la vía pública. Tras la denuncia vecinal, la AEPD abrió el expediente EXP202408290 y apreció una vulneración del principio de integridad y confidencialidad del artículo 5.1.f del RGPD. La Agencia declaró la infracción pero no impuso multa económica, al ser una Administración local sometida al artículo 77 de la LOPDGDD.

Un vecino de Salamanca vio cómo sus datos personales (nombre, apellidos, DNI y correo) aparecían en una web que se hacía pasar por la de pago de multas de la ORA, usada para estafar a otros ciudadanos. La Policía no pudo identificar al titular del sitio, pero la AEPD, tras consultar a la operadora de telefonía y al registrador del dominio, identificó al responsable. La Agencia concluyó que no había base jurídica que legitimara el tratamiento de esos datos y le impuso una sanción de 2.000 euros por vulnerar el artículo 6.1 del RGPD.

Los ciberdelincuentes han ampliado sus técnicas de phishing más allá del correo electrónico y ahora utilizan códigos QR falsos en hoteles y aeropuertos (QRishing), mensajes de WhatsApp y Telegram que suplantan a plataformas de reservas y aerolíneas, y voces clonadas mediante inteligencia artificial para hacerse pasar por jefes o proveedores y solicitar pagos o cambios de cuenta bancaria. El patrón común es la urgencia: mensajes que hablan de "última oportunidad" o "cierre inmediato" para que el usuario facilite datos o efectúe pagos sin comprobar el origen. Los expertos recomiendan no actuar bajo presión, verificar siempre el canal oficial antes de pagar y desconfiar de los QR colocados sobre señalización o enviados por desconocidos.

España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad durante 2025, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior, según datos publicados por INCIBE. Dentro de estas cifras, el phishing superó los 25.000 casos, confirmando la tendencia creciente de este tipo de fraudes. El artículo contextualiza estos datos en el arranque del mes de septiembre, un periodo en el que los ciberdelincuentes intensifican sus campañas aprovechando la vuelta de vacaciones y la menor atención de los usuarios.

El 24 de agosto de 2026, OpenAI anunció la llegada de ChatGPT Anuncios a 31 mercados europeos, España incluida. La publicidad se muestra en las versiones Free y Go; Plus, Pro, Business y Enterprise permanecen sin anuncios. OpenAI declara que las conversaciones son privadas frente a los anunciantes, que se puede desactivar la personalización, borrar datos de anuncios y acceder a una vía sin publicidad de pago. El artículo advierte que una conversación puede revelar datos sensibles (salud, religión, orientación sexual, vulnerabilidad económica) y que las garantías de producto no equivalen a una auditoría de conformidad RGPD.

El artículo explica que el saldo recargado en una app o tarjeta prepago puede ser dinero electrónico, una categoría jurídica con definición propia, régimen de reembolso y reserva de actividad. Emitirlo sin licencia del Banco de España no es un descuido, sino operar en un negocio regulado. La materia se rige en España por la Ley 21/2011 y el Real Decreto 778/2012, que transponen la Directiva 2009/110/CE. De esta calificación depende si una fintech puede lanzar su producto con un simple contrato o necesita autorización administrativa.

Septiembre es momento de revisar contratos y suscripciones que el verano dejó en pausa. El artículo repasa cinco derechos del consumidor: renovaciones automáticas, derecho de desistimiento en compras online, información precontractual y cláusulas abusivas, todos regulados en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Recuerda que el plazo de desistimiento es de 14 días naturales y que la información sobre ese derecho también es obligación del empresario. Una renovación no debería ser automática solo porque el consumidor no detectó una cláusula escondida.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 1.000 euros (500 por cada infracción) a una mancomunidad de propietarios por difundir a través de grupos de WhatsApp un documento médico que identificaba a una vecina con sensibilidad química. La AEPD rechaza que el carácter informal del chat excluya la responsabilidad en protección de datos y considera que comunicar un dato de salud a determinadas personas no autoriza a compartirlo con el resto del grupo. Se vulneraron los artículos 5.1.f) y 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al acceder terceros no autorizados a información médica especialmente sensible.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte de que dispositivos conectados a Internet —televisores, robots aspiradores, altavoces, bombillas, alarmas o timbres— pueden captar y almacenar voces, imágenes e información personal sin que el usuario sea consciente, incluidos datos de familiares e invitados. Estos aparatos no siempre distinguen quién es su titular y pueden seguir recopilando información aunque no se interactúe con ellos, lo que permite elaborar perfiles detallados de hábitos y comportamientos. Además, una configuración insegura puede convertirlos en puerta de entrada para ciberdelincuentes y exponer los datos tratados por terceros en caso de brecha de seguridad. La AEPD ofrece seis recomendaciones para un uso más seguro, como limitar la información facilitada, elegir fabricantes con garantías de privacidad y revisar las finalidades del consentimiento.

Raúl Castañeda, fundador de Preico Jurídicos, afirma haber asesorado a más de 150.000 clientes en reclamaciones contra abusos bancarios tras haber sido él mismo víctima de lo que califica como estafa por parte de Cofidis, experiencia que le llevó a perder todo y a vivir con su hija en un almacén. En la entrevista explica que dirige el despacho sin ser abogado, dedicándose a escuchar a los afectados y a derivarlos al equipo jurídico cuando el caso tiene encaje legal. Defiende un trato personalizado frente a la industrialización de las demandas y asegura haber llevado casos de forma altruista cuando el afectado no tenía recursos. La pieza combina su visión empresarial, su faceta más personal y su posicionamiento sobre el sector jurídico español.

El artículo analiza el inicio del juicio en California contra Meta por diseñar funciones adictivas para menores (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones, likes) y por recabar datos de menores de 13 años sin consentimiento paterno. Se recuerda también el veredicto de Nuevo México de marzo de 2026 que condenó a Meta a indemnizar a una afectada. El texto se centra en si en España podrían articularse acciones colectivas o individuales similares, con qué legitimación (particulares, asociaciones de consumidores, Fiscalía) y qué normas españolas y europeas serían aplicables. Se señala que la vía europea está siguiendo la línea de las demandas estadounidenses, con la Comisión Europea implicada en julio de 2026.

La AEPD ha resuelto el expediente EXP202514784 contra DIGI y concluye que las operadoras de telefonía no pueden rechazar de forma genérica el derecho de acceso de un usuario al registro de llamadas entrantes, alegando secreto de las comunicaciones o protección de terceros. La Agencia recuerda que la Ley 25/2007 no establece ninguna limitación específica al derecho de acceso sobre esos registros, aunque sí exige ponderar caso por caso qué datos pueden facilitarse al titular y cuáles deben restringirse para proteger a terceros. La resolución surgió tras la reclamación de un cliente al que DIGI denegó la petición de conocer fecha, hora, duración y número llamante de las llamadas que había recibido.

La Sentencia 517/2026 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2026:3579) rechaza que un condenado por violencia de género pueda evitar la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal alegando que, con posterioridad a los hechos, cambió su sexo en el Registro Civil. El Alto Tribunal aclara dos escenarios: cuando los hechos ocurrieron siendo varón según el Registro, el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos; y cuando el cambio se hizo antes del delito con intención de burlar la ley, constituye fraude de ley. La sentencia desestima el recurso de casación y mantiene la condena del agresor, que agredió a su expareja y a la hija común menor de edad.

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) pide que la futura Ley de Crédito al Consumo refuerce la protección frente al sobreendeudamiento y limite los intereses según la modalidad de financiación. Considera insuficiente el tope general del 22% previsto en el anteproyecto, porque una TAE del 15% lo cumpliría pese a duplicar la media del mercado. También reclama incluir las tarjetas de débito diferido cuando ofrecen financiación, prohibir préstamos para pagar otros impagados, reforzar la transparencia en la evaluación de solvencia y limitar a 30 euros los gastos de recuperación de impagos.

La AEPD ha informado de que en julio de 2026 se recibieron 919 notificaciones de brechas de datos personales, la cifra mensual más alta del último año. Los hoteles y sus proveedores de software de reserva son los principales afectados. Los ciberdelincuentes aprovechan los datos robados para contactar con los clientes y reclamarles un nuevo pago de la reserva alegando supuestas incidencias. La Agencia recuerda las obligaciones del RGPD (artículos 33 y 34) sobre notificación de brechas y pide reforzar la autenticación, incluido el doble factor.

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado la sentencia que declaró la nulidad de una cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia, pero no condenó en costas a la entidad financiera porque ésta se había allanado a las peticiones de la clienta en la vía extrajudicial, por correo electrónico, antes incluso de conocer la demanda. La Audiencia condena además a la clienta a las costas de la apelación, señalando que ha presentado hasta 19 demandas (una por cada micropréstamo) en lugar de acumularlas, conducta que considera abusiva y contraria a la buena fe.

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Oviedo ha condenado a una Empresa de Micropréstamos a entregar a una clienta los 9 contratos de préstamo que no le había facilitado, de un total de 19 suscritos. La sentencia desestima la entrega de los cuadros de amortización al considerar que los datos relevantes constan en las condiciones particulares y pueden consultarse en la cuenta bancaria. La clienta pretendía también la nulidad de los contratos y la devolución de intereses, pero la Audiencia Provincial estudia el recurso sobre costas y cuadros de amortización.