Noticias bancarias y jurídicas

La CNMC investiga si los seis grandes bancos coordinaron su política de tipos fijos hipotecarios a través de declaraciones de directivos, al tiempo que el FMI y la Junta Europea de Riesgo Sistémico recomiendan a España introducir límites al crédito hipotecario de alto riesgo. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reconoció que podría ser necesario restringir las hipotecas de mayor riesgo, especialmente las concedidas a perfiles con menor solvencia. España es el único país de la eurozona, junto con Italia, sin medidas de restricción al crédito hipotecario. El sector bancario defiende la competitividad del mercado y niega cualquier práctica irregular.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a CaixaBank con 400.000 euros (500.000 iniciales, reducidos por pago voluntario) por incumplir el principio de privacidad desde el diseño del artículo 25 del RGPD. Dos clientes recibieron por error documentación confidencial de terceros —incluyendo situación financiera y DNI— como respuesta a sus propias reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente. La AEPD acreditó que había brechas similares en años anteriores y que el 60% de ellas fue detectado por personas ajenas al banco, como otros clientes o el propio Banco de España. El banco alegó 'errores humanos puntuales', pero la AEPD rechazó esa defensa y obligó además a presentar en nueve meses un plan de mejora del SAC.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de una entidad bancaria y ha confirmado la nulidad de dos productos financieros estructurados contratados por un cliente minorista. El fallo declara que el banco no informó adecuadamente al cliente sobre los riesgos reales de la inversión ni sobre la posibilidad de perder todo el capital invertido. Como consecuencia de la nulidad, el banco deberá devolver los 100.000 euros invertidos más el interés legal desde la fecha del primer contrato. El cliente, por su parte, deberá restituir a la entidad los cupones o rendimientos percibidos durante la vigencia de los productos, también con intereses.

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a CaixaBank con 500.000 euros por diseñar su Servicio de Atención al Cliente de forma que permitía enviar datos personales de un cliente a destinatarios equivocados. En uno de los casos, un cliente recibió por error información financiera y el DNI de un tercero. En otro, un cliente obtuvo documentación privada de dos personas distintas tras tramitar sus propias reclamaciones. La sanción se reduce a 400.000 euros si la entidad paga voluntariamente, y obliga a CaixaBank a presentar un plan de mejora en nueve meses.

La Audiencia Provincial de Asturias, en su sentencia nº 584/2024 (publicada en junio de 2026), estimó el recurso de apelación de un matrimonio víctima de un fraude bancario que combinó smishing —un SMS falso del banco— con una llamada posterior del supuesto 'departamento de seguridad' de la entidad, en la que el interlocutor aportó datos personales reales del cliente para ganarse su confianza. El tribunal revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo, que había desestimado la demanda, y condenó al banco a pagar 3.675,84 euros más intereses legales. El fallo se basó en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y en que la sofisticación del engaño impedía exigir al cliente medio su detección sin ayuda especializada.

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de 5.000 euros en la que la víctima recibió un SMS fraudulento que apareció en el mismo hilo de mensajes donde su banco le enviaba notificaciones legítimas, lo que le llevó a confiar en el enlace y autorizar una transferencia. La investigación ha permitido identificar a dos mujeres residentes en Madrid como presuntas autoras del delito de estafa. El caso ilustra el fenómeno del smishing con suplantación de remitente, mediante el cual los delincuentes consiguen que un mensaje falso se inserte en la conversación auténtica del banco gracias a técnicas de manipulación del identificador de remitente. Ver el nombre de la entidad en el hilo no garantiza la autenticidad del mensaje.

El Tribunal Supremo ha condenado a CaixaBank a devolver los gastos hipotecarios y la comisión de apertura de una hipoteca firmada en 1999, en la sentencia 603/2026 de 20 de abril. La Audiencia Provincial había dado la razón al banco considerando prescrita la reclamación, pero el Supremo ha corregido ese criterio: el plazo de cinco años para reclamar no comienza desde que se pagaron los gastos, sino desde que el consumidor conoce o debería conocer que la cláusula era abusiva. Además, el tribunal ha establecido que corresponde al banco acreditar que el cliente disponía de ese conocimiento previo, carga de la prueba que CaixaBank no logró satisfacer. La condena incluye gastos notariales, de registro, gestoría, tasación, la comisión de apertura y los intereses de demora.

El fraude por smishing y phishing bancario sigue creciendo en España, con más de 25.000 incidentes registrados en 2025 y una tendencia al alza en 2026, impulsada por el uso de inteligencia artificial que permite clonar con precisión el tono y los mensajes reales de los bancos. La jurisprudencia española consolida que la normativa de servicios de pago obliga al banco a demostrar la negligencia grave del cliente, y que caer en un engaño sofisticado diseñado con IA no equivale a ser negligente. El INCIBE y las entidades financieras refuerzan sus herramientas defensivas, pero la carrera entre atacantes y defensores continúa. El 22 de junio, la Guardia Civil esclarecía una estafa de 5.000 euros mediante smishing en Madrid.

El fraude por smishing y phishing bancario en España sigue creciendo, con más de 25.000 incidentes registrados en 2025 según el INCIBE, un 19% más que el año anterior. En 2026, los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para replicar con exactitud el tono, el logo y el historial de mensajes de los bancos, haciendo casi imposible detectar el engaño. La jurisprudencia española se ha consolidado en favor del cliente: la normativa de servicios de pago obliga al banco a demostrar que el usuario actuó con negligencia grave antes de poder negarse a devolver el dinero. Los grandes bancos están desplegando sistemas de IA para detectar transferencias sospechosas incluso cuando el acceso fue autorizado con credenciales válidas.

El fraude bancario mediante phishing y smishing ha crecido un 19% en España durante 2026, con mensajes generados por inteligencia artificial que imitan a la perfección el estilo comunicativo de cada banco sin errores de ortografía. El smishing —fraude por SMS— es la variante más activa porque los mensajes de texto generan una sensación de urgencia que el email ya no consigue. Los estafadores combinan frecuentemente SMS alarmante con llamada posterior del falso 'departamento de seguridad' para obtener el código OTP en tiempo real. Las entidades financieras y el INCIBE responden con más medios: la línea 017 atendió casi 143.000 consultas en 2025, un 45% más que el año anterior.

Los bancos españoles están reforzando los controles de identificación de clientes (KYC) y pueden bloquear o limitar la operativa de una cuenta si el titular no aporta la documentación actualizada que exige la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Banco de España ha confirmado que este tipo de bloqueo está justificado cuando el cliente desatiende de forma continuada las peticiones de la entidad, pero siempre debe ir precedido de aviso previo. La documentación requerida incluye DNI, NIE o pasaporte vigente, información profesional y, en algunos casos, justificante del origen de los ingresos. El desbloqueo es en la mayoría de los casos inmediato una vez aportada la documentación.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre las hipotecas referenciadas al IRPH mediante la sentencia 486/2026, de 30 de marzo de 2026, reiterando que la mera falta de transparencia en la cláusula no es suficiente para declararla nula. Para que prospere la nulidad, debe concurrir tanto la opacidad en la información facilitada al cliente como un desequilibrio material real y acreditado en perjuicio del consumidor. Esta doctrina deja las opciones de reclamación de los afectados por IRPH en España muy limitadas en 2026, especialmente cuando no pueden probar ese doble requisito. La sentencia no introduce ninguna novedad favorable para los hipotecados afectados.

El Tribunal de Instancia de O Porriño ha declarado nulas y abusivas la comisión de apertura del 3,31% y la comisión por reclamación de posiciones deudoras incluidas en un contrato de financiación de vehículo con Santander Consumer Finance. El juzgado ha condenado a la entidad a recalcular el cuadro de amortización eliminando los 396 euros de comisión, devolver las cantidades cobradas indebidamente con intereses y pagar las costas del procedimiento. La sentencia refuerza la doctrina de que las entidades deben justificar qué servicio concreto prestan con cada comisión y acreditar que su importe es proporcional.

El Tribunal de Instancia de O Porriño ha estimado íntegramente la demanda de un consumidor frente a Santander Consumer Finance, declarando nulas y abusivas la comisión de apertura del 3,31% y la comisión por reclamación de posiciones deudoras incluidas en un contrato de financiación de vehículo firmado en julio de 2018. La entidad fue condenada a recalcular el cuadro de amortización eliminando los 396,04 euros de comisión, devolver las cantidades cobradas indebidamente, abonar intereses legales y pagar las costas del procedimiento. El juzgado consideró que la financiera no justificó adecuadamente qué servicio concreto prestaba ni por qué el importe era proporcionado.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, primera norma en España que regula específicamente los servicios de atención a la clientela, está en vigor desde el 28 de diciembre de 2025 y las empresas, incluidos los bancos, tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas. La ley prohíbe que los contestadores automáticos o bots sean el único medio de atención y obliga a que el 95% de las solicitudes de atención personalizada se resuelvan en menos de 3 minutos. Además, declara nulos los contratos cerrados en llamadas telefónicas no consentidas y exige que las renovaciones automáticas se comuniquen con 15 días de antelación. El incumplimiento será sancionado como infracción en materia de consumo.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 851/2026, fechada el 3 de junio de 2026, mediante la cual ha comenzado a imponer condenas en costas a los afectados por el índice IRPH que mantienen activos sus recursos judiciales. La asociación IRPH Stop Gipuzkoa ha reaccionado con dureza, denunciando que el alto tribunal castiga a las familias que no retiraron sus demandas pese a los avisos previos del tribunal. Esta decisión se suma a la línea jurisprudencial consolidada desde noviembre de 2025, que limita significativamente las opciones de los hipotecados con IRPH para obtener la nulidad de sus cláusulas. Para los miles de afectados pendientes de resolución, el riesgo de asumir las costas judiciales del banco se convierte en una amenaza económica adicional.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un procedimiento sancionador contra los seis principales bancos de España por una posible infracción de la normativa de competencia en el mercado hipotecario. La investigación se centra en si las declaraciones públicas de directivos sobre la política comercial futura, especialmente en materia de tipos de hipotecas fijas, permitieron a los competidores anticipar la estrategia de los rivales. El expediente tendrá un plazo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución. Si se confirman las prácticas, los consumidores podrían haber pagado tipos de interés menos competitivos de lo que debían.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el 16 de junio de 2026 un expediente sancionador (S/0009/26) contra los seis principales bancos cotizados en bolsa por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas. El organismo investiga si declaraciones públicas de directivos sobre la política comercial futura, especialmente sobre tipos fijos, permitieron a los competidores anticipar el comportamiento de sus rivales, reduciendo así la competencia real. Las sanciones potenciales podrían ascender a cientos de millones de euros y el procedimiento tiene un plazo máximo de 24 meses para resolverse. Los bancos afectados niegan cualquier acuerdo y alegan que la dinámica del mercado, no un pacto, explica el comportamiento de los tipos hipotecarios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto el 16 de junio de 2026 un expediente sancionador (S/0009/26) contra los seis principales bancos del Ibex 35 por presuntos pactos de precios en hipotecas a tipo fijo. La CNMC considera que declaraciones públicas de directivos bancarios sobre su futura política comercial podrían haber permitido a los competidores anticipar estrategias, reduciendo la incertidumbre competitiva. Los seis bancos se defienden afirmando que la agresividad del mercado, y no ningún acuerdo, explica el comportamiento paralelo observado en los tipos fijos. El organismo dispone de hasta 24 meses para instruir el procedimiento, y las posibles multas podrían alcanzar el 10% de la facturación anual de cada entidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cerró definitivamente en febrero de 2026 la investigación abierta sobre si la gran banca española había pactado no trasladar las subidas de tipos de interés a la remuneración de los depósitos de sus clientes. El regulador descartó indicios de colusión entre las entidades investigadas. Esta conclusión contrasta con la apertura simultánea del nuevo expediente sancionador por hipotecas fijas, mostrando que la CNMC mantiene una vigilancia activa pero selectiva sobre el sector. Los ahorradores que esperaban una actuación regulatoria en materia de depósitos deberán buscar alternativas competitivas por sus propios medios.