Noticias bancarias y jurídicas

España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad durante 2025, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior, según datos publicados por INCIBE. Dentro de estas cifras, el phishing superó los 25.000 casos, confirmando la tendencia creciente de este tipo de fraudes. El artículo contextualiza estos datos en el arranque del mes de septiembre, un periodo en el que los ciberdelincuentes intensifican sus campañas aprovechando la vuelta de vacaciones y la menor atención de los usuarios.

El 24 de agosto de 2026, OpenAI anunció la llegada de ChatGPT Anuncios a 31 mercados europeos, España incluida. La publicidad se muestra en las versiones Free y Go; Plus, Pro, Business y Enterprise permanecen sin anuncios. OpenAI declara que las conversaciones son privadas frente a los anunciantes, que se puede desactivar la personalización, borrar datos de anuncios y acceder a una vía sin publicidad de pago. El artículo advierte que una conversación puede revelar datos sensibles (salud, religión, orientación sexual, vulnerabilidad económica) y que las garantías de producto no equivalen a una auditoría de conformidad RGPD.

El artículo explica que el saldo recargado en una app o tarjeta prepago puede ser dinero electrónico, una categoría jurídica con definición propia, régimen de reembolso y reserva de actividad. Emitirlo sin licencia del Banco de España no es un descuido, sino operar en un negocio regulado. La materia se rige en España por la Ley 21/2011 y el Real Decreto 778/2012, que transponen la Directiva 2009/110/CE. De esta calificación depende si una fintech puede lanzar su producto con un simple contrato o necesita autorización administrativa.

Septiembre es momento de revisar contratos y suscripciones que el verano dejó en pausa. El artículo repasa cinco derechos del consumidor: renovaciones automáticas, derecho de desistimiento en compras online, información precontractual y cláusulas abusivas, todos regulados en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Recuerda que el plazo de desistimiento es de 14 días naturales y que la información sobre ese derecho también es obligación del empresario. Una renovación no debería ser automática solo porque el consumidor no detectó una cláusula escondida.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 1.000 euros (500 por cada infracción) a una mancomunidad de propietarios por difundir a través de grupos de WhatsApp un documento médico que identificaba a una vecina con sensibilidad química. La AEPD rechaza que el carácter informal del chat excluya la responsabilidad en protección de datos y considera que comunicar un dato de salud a determinadas personas no autoriza a compartirlo con el resto del grupo. Se vulneraron los artículos 5.1.f) y 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al acceder terceros no autorizados a información médica especialmente sensible.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte de que dispositivos conectados a Internet —televisores, robots aspiradores, altavoces, bombillas, alarmas o timbres— pueden captar y almacenar voces, imágenes e información personal sin que el usuario sea consciente, incluidos datos de familiares e invitados. Estos aparatos no siempre distinguen quién es su titular y pueden seguir recopilando información aunque no se interactúe con ellos, lo que permite elaborar perfiles detallados de hábitos y comportamientos. Además, una configuración insegura puede convertirlos en puerta de entrada para ciberdelincuentes y exponer los datos tratados por terceros en caso de brecha de seguridad. La AEPD ofrece seis recomendaciones para un uso más seguro, como limitar la información facilitada, elegir fabricantes con garantías de privacidad y revisar las finalidades del consentimiento.

Raúl Castañeda, fundador de Preico Jurídicos, afirma haber asesorado a más de 150.000 clientes en reclamaciones contra abusos bancarios tras haber sido él mismo víctima de lo que califica como estafa por parte de Cofidis, experiencia que le llevó a perder todo y a vivir con su hija en un almacén. En la entrevista explica que dirige el despacho sin ser abogado, dedicándose a escuchar a los afectados y a derivarlos al equipo jurídico cuando el caso tiene encaje legal. Defiende un trato personalizado frente a la industrialización de las demandas y asegura haber llevado casos de forma altruista cuando el afectado no tenía recursos. La pieza combina su visión empresarial, su faceta más personal y su posicionamiento sobre el sector jurídico español.

El artículo analiza el inicio del juicio en California contra Meta por diseñar funciones adictivas para menores (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones, likes) y por recabar datos de menores de 13 años sin consentimiento paterno. Se recuerda también el veredicto de Nuevo México de marzo de 2026 que condenó a Meta a indemnizar a una afectada. El texto se centra en si en España podrían articularse acciones colectivas o individuales similares, con qué legitimación (particulares, asociaciones de consumidores, Fiscalía) y qué normas españolas y europeas serían aplicables. Se señala que la vía europea está siguiendo la línea de las demandas estadounidenses, con la Comisión Europea implicada en julio de 2026.

La AEPD ha resuelto el expediente EXP202514784 contra DIGI y concluye que las operadoras de telefonía no pueden rechazar de forma genérica el derecho de acceso de un usuario al registro de llamadas entrantes, alegando secreto de las comunicaciones o protección de terceros. La Agencia recuerda que la Ley 25/2007 no establece ninguna limitación específica al derecho de acceso sobre esos registros, aunque sí exige ponderar caso por caso qué datos pueden facilitarse al titular y cuáles deben restringirse para proteger a terceros. La resolución surgió tras la reclamación de un cliente al que DIGI denegó la petición de conocer fecha, hora, duración y número llamante de las llamadas que había recibido.

La Sentencia 517/2026 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2026:3579) rechaza que un condenado por violencia de género pueda evitar la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal alegando que, con posterioridad a los hechos, cambió su sexo en el Registro Civil. El Alto Tribunal aclara dos escenarios: cuando los hechos ocurrieron siendo varón según el Registro, el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos; y cuando el cambio se hizo antes del delito con intención de burlar la ley, constituye fraude de ley. La sentencia desestima el recurso de casación y mantiene la condena del agresor, que agredió a su expareja y a la hija común menor de edad.

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) pide que la futura Ley de Crédito al Consumo refuerce la protección frente al sobreendeudamiento y limite los intereses según la modalidad de financiación. Considera insuficiente el tope general del 22% previsto en el anteproyecto, porque una TAE del 15% lo cumpliría pese a duplicar la media del mercado. También reclama incluir las tarjetas de débito diferido cuando ofrecen financiación, prohibir préstamos para pagar otros impagados, reforzar la transparencia en la evaluación de solvencia y limitar a 30 euros los gastos de recuperación de impagos.

La AEPD ha informado de que en julio de 2026 se recibieron 919 notificaciones de brechas de datos personales, la cifra mensual más alta del último año. Los hoteles y sus proveedores de software de reserva son los principales afectados. Los ciberdelincuentes aprovechan los datos robados para contactar con los clientes y reclamarles un nuevo pago de la reserva alegando supuestas incidencias. La Agencia recuerda las obligaciones del RGPD (artículos 33 y 34) sobre notificación de brechas y pide reforzar la autenticación, incluido el doble factor.

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado la sentencia que declaró la nulidad de una cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia, pero no condenó en costas a la entidad financiera porque ésta se había allanado a las peticiones de la clienta en la vía extrajudicial, por correo electrónico, antes incluso de conocer la demanda. La Audiencia condena además a la clienta a las costas de la apelación, señalando que ha presentado hasta 19 demandas (una por cada micropréstamo) en lugar de acumularlas, conducta que considera abusiva y contraria a la buena fe.

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Oviedo ha condenado a una Empresa de Micropréstamos a entregar a una clienta los 9 contratos de préstamo que no le había facilitado, de un total de 19 suscritos. La sentencia desestima la entrega de los cuadros de amortización al considerar que los datos relevantes constan en las condiciones particulares y pueden consultarse en la cuenta bancaria. La clienta pretendía también la nulidad de los contratos y la devolución de intereses, pero la Audiencia Provincial estudia el recurso sobre costas y cuadros de amortización.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Más Sol Energía con dos multas de 5.000 euros. Una de ellas deriva de una llamada comercial a una persona inscrita en la lista Robinson, sin que la empresa acreditara una base legitimadora válida. La otra sanciona la obtención de datos personales a través de terceros sin informar al interesado sobre su origen ni sobre la base jurídica del tratamiento. La AEPD considera que comprar una base de datos a un proveedor no elimina la responsabilidad de la empresa que la utiliza para hacer una campaña. La compañía que trata los datos debe poder demostrar que el interesado consintió realmente y debe cumplir sus obligaciones de información, aunque los datos procedan de una compra.

Un particular solicitó la nulidad radical de un contrato de préstamo por considerarlo usurario. La entidad financiera se allanó a la nulidad, pero después reclamó 13.060,86 euros, intereses y costas mediante una demanda reconvencional, argumentando que el capital dispuesto no había sido amortizado. El Juzgado de Primera Instancia de Oviedo declaró nulo el préstamo por usura, descartó la reconvención y condenó a la entidad a pagar las costas. La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de la empresa financiera y ha confirmado íntegramente la sentencia. Consideró que la reconvención carecía de interés legítimo porque los efectos de la nulidad debían operar conforme a la ley y que la liquidación de las cantidades podía realizarse en ejecución de sentencia. También confirmó la condena en costas.

El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Eduardo Ortega, exdirectivo de BBVA. La medida se adopta después de que la Audiencia Nacional abriera juicio oral contra BBVA, su antiguo presidente Francisco González y otras catorce personas por presuntas irregularidades en encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ortega 26 años y seis meses de prisión por varios delitos, mientras la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha vuelto a recordar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que no puede dar por respondido el derecho de acceso a datos personales de un ciudadano limitándose a entregar expedientes o remitir al Registro de Actividades de Tratamiento. El organismo público alegaba que la petición debía tramitarse por la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, pero la AEPD aclara que si el ciudadano canaliza su solicitud expresamente como derecho de acceso del RGPD, el responsable del tratamiento está obligado a resolverla formalmente. La resolución cita dos sentencias del TJUE (asuntos C-487/21 y C-579/21) que refuerzan una interpretación intensiva del derecho de acceso en Europa.

La AEPD, en su resolución EXP202515647, ha recordado que el derecho de acceso del artículo 15 del RGPD incluye los registros de actividad, logs, metadatos e incluso las grabaciones de clases realizadas por Zoom, sin que la empresa pueda sustituirlos por descripciones genéricas. La Agencia rechaza que estos datos queden fuera del derecho por tratarse de información generada durante la relación laboral o por existir un pleito paralelo. Sigue las Directrices 01/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos, que obligan a entregar los datos concretos tratados.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº524/2026 de 29 de julio, ha fijado los criterios para apreciar una asistencia letrada constitucionalmente ineficaz en el proceso penal. La Sala explica que no basta con identificar errores o decisiones discutibles del abogado, sino que quien lo alega debe acreditar dos requisitos: que la actuación se apartó de los estándares objetivos de razonabilidad y que, de no haber sido así, existía una probabilidad razonable de obtener un resultado distinto y favorable. El pronunciamiento parte de un caso de estafa inmobiliaria en Tenerife en el que los condenados cuestionaron también el trabajo de sus abogados.