Noticias bancarias y jurídicas

ASUFIN ha reclamado una mayor implicación de bancos, operadoras de telecomunicaciones, plataformas digitales y administraciones ante el crecimiento de las ciberestafas. Según datos de Incibe, las consultas ciudadanas por ciberestafas se duplicaron en el primer semestre de 2026 hasta rozar las 100.000, y las incidencias por fraude bancario se han cuadruplicado. La asociación considera insuficiente que las entidades aleguen negligencia del cliente cuando ha sido víctima de un engaño y reclama sistemas de detección en tiempo real, bloqueo de operaciones sospechosas y protocolos para clientes vulnerables. También recuerda que la reforma europea PSD3/PSR que reforzará la protección frente al fraude autorizado todavía no ha entrado en vigor.

El Banco de España ha recordado que las entidades financieras están legalmente habilitadas para bloquear o restringir la operativa de cuentas bancarias cuando el titular no cumple los requisitos de identificación exigidos por la normativa antiblanqueo. El bloqueo no es una sanción sino una medida regulada y proporcional. Para evitarlo basta con mantener actualizados el DNI, NIE o pasaporte y aportar documentación sobre el origen de los fondos cuando el banco lo solicite. El supervisor subraya que los bloqueos deben aplicarse de forma gradual y con notificación previa al cliente.

El Banco de España ha sancionado al Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), entidad de cabecera del Grupo Cajamar, con una multa de 2 millones de euros por incumplimientos graves en su política de retribuciones variables. La infracción consiste en no haber computado al menos el 15% de los compromisos por pensiones del colectivo identificado como retribución variable, tal y como exige la normativa de ordenación bancaria. Además de la entidad, han sido sancionados individualmente su consejero delegado Manuel Yebra (75.000 euros) y varios consejeros del banco. Cajamar ha recurrido las sanciones ante la Audiencia Nacional, alegando que actuó conforme a una interpretación correcta avalada por expertos independientes.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de Banco Santander y ha rechazado anular la compra de pagarés de Abengoa por importe superior a 95.000 euros realizada en julio de 2015. La Sala de lo Civil establece que los pagarés de empresa no son productos financieros complejos y que la obligación de información del banco depende de la naturaleza real del producto. El Supremo advierte que el hecho de que una inversión genere pérdidas no significa, por sí solo, que el consentimiento estuviera viciado: es necesario acreditar que el error fue esencial, excusable e imputable a un incumplimiento informativo. En este caso, la orden de compra contenía la información esencial e identificaba los riesgos de insolvencia.

El Banco de España ha publicado en el BOE número 189, de 4 de agosto de 2026, su resolución mensual con los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario correspondientes al mes de julio de 2026. El Euríbor a un año —el índice al que está referenciada la gran mayoría de las hipotecas variables en España— se sitúa en el 2,855%, mientras que el plazo a seis meses se fija en el 2,647% y el de tres meses en el 2,425%. Estos datos son determinantes para el cálculo de las revisiones de las cuotas hipotecarias de millones de familias españolas. La resolución se enmarca en la publicación mensual obligatoria del Banco de España conforme a la Circular 5/2012.

Una mujer con antecedentes por estafa se presentó en una sucursal bancaria de Lugones haciéndose pasar verbalmente por la titular de una cuenta, facilitando su DNI y correo electrónico, y retiró 1.500 euros en efectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (sentencia STSJ AST 329/2026, de 28 de julio) ha ratificado íntegramente la condena de primera instancia: tres años y seis meses de prisión, multa de 1.890 euros e indemnización de 1.500 euros más intereses a la entidad bancaria. El tribunal rechaza que la falta de rigor del empleado al no exigir el DNI físico exima de responsabilidad penal a quien diseñó el engaño. Contra la sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El 2 de agosto de 2026 ha entrado en vigor la fase más amplia del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act), que ahora aplica sus obligaciones más estrictas a los sistemas de alto riesgo, entre ellos el scoring crediticio y los modelos de decisión automatizada que usan los bancos para conceder o denegar préstamos. Los bancos que usen estos sistemas deben acreditar transparencia, trazabilidad y posibilidad de revisión humana. La AEPD ya ha sancionado con 890.000 euros a una entidad bancaria por su sistema de credit scoring con IA antes de esta nueva fase. Con el AI Act plenamente activo, las multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.

La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha procesado penalmente al gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander y a la propia entidad bancaria como responsables de una estafa que afectó a 84 perjudicados —particulares y empresas— que reclaman en total 38,5 millones de euros. La instructora concluye que los mecanismos de control implantados por Novo Banco no alcanzaron el nivel de eficacia exigible, y que la entidad solo supo de las irregularidades porque el propio gestor se confesó ante la Fiscalía en febrero de 2020, no por sus propios sistemas de supervisión. Además, declara partícipes lucrativos a cinco familiares del investigado principal, quienes habrían recibido 1,7 millones de euros de origen presuntamente ilícito. Practicadas todas las diligencias instructoras, el caso avanza ya hacia la fase de enjuiciamiento.

El Banco de España ha decidido elevar el colchón de capital exigido a BBVA para 2027 del 0,75% al 1%, recuperando el nivel que tenía en 2024 y 2025. El aumento se debe a que la puntuación de BBVA como entidad de importancia sistémica nacional (OEIS) ha crecido de 1.931 a 2.039 puntos básicos, situándola en una subcategoría superior. Santander mantiene el 1,25% por ser también entidad sistémica mundial, mientras CaixaBank se queda en el 0,50% y Sabadell en el 0,25%. Estos colchones adicionales de capital buscan reforzar la solvencia de los grandes bancos y reducir el riesgo de que su eventual quiebra desestabilice el sistema financiero.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos de una inversora minorista y ha condenado a CaixaBank —como sucesora de Bankpyme— a devolver 79.000 euros más intereses y costas de todas las instancias. Los bonos Kaupthing eran valores de alto riesgo emitidos por el banco islandés quebrado en 2008, descritos en el proceso como no aptos para inversores sin experiencia. El Supremo aprecia ocultamiento contractual y vulneración del deber de información, considerando que el nexo causal entre la falta de información y el daño económico es directo. La sentencia es la STS 1274/2026.

Sumar ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció a sus diputados el derecho a acceder a los datos de lo que gana cada banco gracias a la facilidad de depósito del BCE. El Banco de España, en respuesta al fallo, solo ofreció una sala de lectura presencial y controlada, pero los parlamentarios consideran que eso vacía el contenido del fallo. Exigen que los datos se entreguen en soporte documental completo en un plazo máximo de cinco días, con firma de recibí y advertencia de confidencialidad. Están en juego más de 20.000 millones de euros que los bancos han ingresado desde 2022 por aparcar su liquidez en el banco central sin asumir riesgo alguno.

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia en la semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 en la que vuelve a desestimar el recurso de apelación formulado por BBVA en materia de gastos hipotecarios. El alto tribunal reafirma que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios es el de la firmeza de la sentencia que declara nula la cláusula, y no la fecha de la publicidad general de la doctrina jurisprudencial. Esto significa que BBVA no puede escudarse en que el consumidor 'ya sabía' que la cláusula era abusiva por haber sentencias previas del Supremo, salvo que el banco lo pruebe individualmente. El fallo condena a BBVA al pago de las costas de la apelación.

Tres diputados de Sumar han interpuesto un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional porque el Banco de España, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2026 que les reconocía el derecho a conocer los beneficios de la banca por la facilidad de depósito del BCE, se limitó a ofrecerles una sala de lectura presencial con acceso controlado. Los parlamentarios exigen la entrega directa de los datos desglosados por entidad, no un acceso vigilado. La disputa pone en el foco la transparencia de los más de 20.000 millones de euros que la banca comercial ha recibido desde 2022 por aparcar liquidez en el Eurosistema. El gobernador José Luis Escrivá defiende que la fórmula ofrecida cumple la sentencia.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) convocó el 27 de julio de 2026 los 'Premios Protección de Datos Personales 2026', que incluyen seis categorías: investigación científica, comunicación, buenas prácticas de cumplimiento, formación y concienciación, labor del Delegado de Protección de Datos, protección de colectivos vulnerables frente a la violencia digital, e investigación jurídica. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de octubre de 2026 y los trabajos deben haberse difundido entre octubre de 2025 y octubre de 2026. En esta edición se priorizarán los trabajos que aborden tecnologías innovadoras o disruptivas y su relación con la protección de datos. La AEPD también ha convocado simultáneamente el Premio de Privacidad y Protección de Datos en Iberoamérica para el mismo ejercicio.

El 27 de julio de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa por la que se actualiza la lista de entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Esta publicación corresponde a las variaciones producidas en el segundo trimestre de 2026. El Código de Buenas Prácticas permite a los deudores hipotecarios en dificultades solicitar medidas de alivio a su banco, como la reestructuración de la deuda o la dación en pago, si la entidad está adherida. Los consumidores solo pueden acogerse a estas medidas si su banco figura en la lista oficial.

Entre el 21 y el 27 de julio de 2026, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete ha dictado tres sentencias consecutivas que confirman la nulidad de cláusulas de gastos hipotecarios de BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell respectivamente, obligándoles a devolver las cantidades indebidamente cobradas por notaría, registro, gestoría y tasación más intereses y costas. En los tres casos los bancos recurrieron alegando prescripción de la acción, argumento que el tribunal desestimó de plano. Las cantidades en cada caso oscilan entre 284 euros y 979 euros, pero el patrón repetido ilustra la masa crítica de litigios que siguen llegando a los juzgados. Los tres fallos responden al mismo magistrado ponente y aplican de forma uniforme la doctrina del Tribunal Supremo sobre el dies a quo de la prescripción.

El Banco de España ha sancionado a Caja Rural Central por una grave mala praxis hipotecaria que dejó a una clienta alicantina con la cuenta en números rojos. La entidad cargó de golpe 30.000 euros correspondientes a 52 cuotas acumuladas —incluyendo los nueve meses de moratoria COVID y tres años de recibos que nunca giró por un fallo informático—, provocando un descubierto de 20.000 euros con sus correspondientes intereses. Según la normativa de las moratorias COVID, el banco no podía exigir un pago inmediato y acumulado, sino que estaba obligado a reestructurar el calendario de pagos. El supervisor recuerda que los afectados por situaciones similares deben reclamar primero al servicio de atención al cliente del banco y, si no obtienen respuesta en un mes, acudir al Banco de España.

La Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado el recurso de Banco Santander y ha confirmado la anulación de dos garantías hipotecarias sobre inmuebles de una empresa declarada en concurso de acreedores. El tribunal considera que esas hipotecas, constituidas en noviembre de 2021 para garantizar un préstamo de 496.000 euros, otorgaban una ventaja injustificada al banco frente al resto de acreedores. Como consecuencia, el crédito de Santander pierde su privilegio especial y pasa a considerarse crédito ordinario en el concurso. Santander ha sido además condenado al pago de las costas del recurso de apelación.

La Memoria de Reclamaciones 2025 del Banco de España pone de relieve que Banco Santander, el banco más rentable de España con 7.328 millones de beneficio en el primer semestre de 2026, es también el que más ignora los fallos del supervisor favorables al cliente: en el 76,1% de los 339 casos resueltos a su favor, Santander no rectificó. A mucha distancia le siguen Deutsche Bank (75,7%) y Kutxabank (69,5%). En el lado opuesto, CaixaBank rectificó en el 58,8% de los casos. El dato expone la debilidad estructural del sistema: las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y los bancos pueden ignorarlas sin consecuencias inmediatas.

El Banco de España inadmite el 58,6% de las reclamaciones que recibe porque los consumidores cometen un error básico: acudir directamente al supervisor sin haber presentado antes una queja formal en el Servicio de Atención al Cliente (SAC) de su propio banco. El procedimiento es obligatorio: primero hay que reclamar al banco (que tiene 15 días hábiles para servicios de pago y 1 mes para el resto), y solo si no contesta o la respuesta no satisface, se puede acudir al Banco de España. Una vez admitida, la reclamación es gratuita y el supervisor tiene un plazo medio de 39 días para resolverla. El plazo para presentar la reclamación ante el Banco de España caduca al año desde que se reclamó al banco.