Noticias bancarias y jurídicas

El Tribunal Supremo ha fijado que la documentación con trascendencia tributaria obtenida durante una entrada y registro autorizada para investigar unos ejercicios concretos puede usarse legítimamente para liquidar y sancionar periodos distintos, si se cumplen las exigencias de la doctrina del hallazgo casual. En el caso, una empresa de bebidas fue inspeccionada por Hacienda para 2016 y 2017, pero durante el volcado informático aparecieron correos que revelaban ventas no declaradas de 2015. La AEAT amplió la inspección a ese ejercicio, liquidó 91.500 euros e impuso sanción de 98.400 euros. Tanto el TSJ de Asturias como el Supremo han desestimado los recursos de la empresa.

La AEPD ha desestimado el recurso de reposición de Digi Spain Telecom y confirma la multa de 120.000 euros por una infracción del artículo 6.1 del RGPD. La sanción se debe al tratamiento ilícito de datos personales en la emisión no autorizada de un duplicado de una tarjeta SIM. Los hechos ocurrieron en enero de 2022 y la multa se impuso inicialmente en noviembre de 2025. Duplicar una SIM permite a terceros recibir códigos de autenticación y recuperar contraseñas, lo que supone un grave riesgo para la identidad digital.

El Tribunal de Instancia de Alcobendas admitió a trámite el acto de conciliación presentado por la OCU contra Red Eléctrica Española, diez distribuidoras y unas 50 comercializadoras. La OCU reclama un cauce colectivo de información, compensación y reparación para los usuarios afectados por el gran apagón del 28 de abril de 2025. Las empresas tienen diez días procesales para responder, con vencimiento el 22 de septiembre. La OCU también pide que las distribuidoras regularicen las compensaciones automáticas por calidad de suministro ya reconocidas por ley.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre la abusividad de las cláusulas que imponen la contratación de seguros de amortización de vida financiados mediante prima única. El fallo resuelve un recurso contra Banco Santander y afecta a un préstamo hipotecario suscrito en 2017 con Allianz Popular Vida. El Supremo determina que la oferta vinculante, la solicitud de adhesión y la escritura forman una unidad negocial impuesta, sujeta a control de abusividad.

Un tribunal de Lleida ha exonerado a un hombre de una deuda de 35.656 euros generada por una hipoteca firmada en 2004. El deudor perdió su vivienda en 2009 tras una ejecución hipotecaria y quedó en situación de insolvencia desde la crisis de 2008. El juez consideró que era un deudor de buena fe y aplicó la Ley de Segunda Oportunidad para perdonarle el pasivo insatisfecho.

La Agencia Española de Protección de Datos recibió la primera notificación de una brecha de datos en la que un agente de inteligencia artificial ejecutó el ataque de forma autónoma. El agente buscó vulnerabilidades, inició sesión válida, modificó datos personales y accedió a facturas sin intervención humana. La AEPD advierte que esto obliga a replantear los análisis de riesgos, los plazos de notificación de 72 horas y la gestión de identidades y credenciales.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha dado luz verde a la terna española para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, formada por Luis Jimena Quesada, Ana María Salinas de Frías y Daniel Sarmiento. La decisión se produce pese a que el procedimiento está impugnado ante el Tribunal Supremo. El proceso ha sido criticado por la composición del comité de selección, que incluía a tres altos cargos del Gobierno y una consejera del Consejo de Estado designada por el Ejecutivo. El Supremo ordenó informar a Europa de los recursos existentes, pero el órgano europeo ha continuado con el procedimiento.

Desde el 15 de septiembre de 2026, las operadoras deben bloquear SMS, MMS y RCS cuyo remitente sea un alias alfanumérico no inscrito en el Registro de la CNMC. Esta medida busca frenar el smishing, donde estafadores suplantan a bancos y empresas para robar datos. Las empresas con solicitud pendiente tienen un periodo de gracia temporal. El objetivo es que solo entidades legítimas puedan usar nombres comerciales como remitente.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una condena de ocho años y ocho meses de prisión para un hombre que estafó, amenazó y robó a una mujer que lo había acogido en su casa. El condenado la convenció para pedir un préstamo hipotecario de 25.600 euros y, tras vender la vivienda, la obligó a incluirle como autorizado en su cuenta bancaria. Mediante 46 retiradas en cajeros, vació 54.010 euros, dejando un saldo de apenas 1,78 euros y sumiendo a la víctima en la indigencia. También se condena a su pareja por receptación.

La ley prohíbe pagos en efectivo de 1.000 euros o más cuando interviene un empresario o profesional; el límite es 999 euros. Una empresa fue sancionada con 133.251 euros por 515 operaciones de compra de relojes de segunda mano por 1.000 euros cada una. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la sanción al entender que hubo un error interpretativo de la empresa, sin ocultación ni fraude fiscal.

El jefe de Gabinete de Ceuta renunció y desmintió al delegado del Gobierno, asegurando que sí le avisó de los mensajes del CNI un día antes de la entrada masiva desde Marruecos. La Delegación del Gobierno niega que el delegado tuviera conocimiento del contenido de esas conversaciones. El artículo analiza la contradicción entre ambas versiones sobre lo ocurrido.

La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido abrir una investigación de oficio por un informe de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior con nombres de periodistas y observaciones sobre su supuesta ideología. La AEPD analizará la naturaleza y alcance del tratamiento de esos datos personales, su utilización y la base jurídica que lo amparaba. Recuerda que la ideología es una categoría especialmente protegida por el artículo 9.1 del RGPD, que prohíbe su tratamiento salvo que concurran causas que levanten esa prohibición. La apertura de actuaciones no implica que se haya producido una infracción.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena por estafa continuada agravada contra un hombre que alquiló falsamente una vivienda. El tribunal valida las capturas de WhatsApp y los resguardos de Bizum aportados por las víctimas como prueba suficiente, sin exigir pericial informática. La apertura telemática de una cuenta bancaria con verificación biométrica y el uso del teléfono personal del acusado para recibir pagos fueron claves para acreditar su participación.

El Tribunal Supremo ha condenado a una entidad de crédito por vulnerar el derecho al honor de una clienta al incluirla en un registro de morosos (ASNEF-Equifax) cuando la deuda ya estaba siendo impugnada por usura. La clienta había enviado una reclamación extrajudicial en abril de 2022 y presentado demanda judicial en junio, pero la financiera comunicó los datos al fichero en octubre de ese año. El Supremo considera que la existencia de una controversia previa priva a la deuda del carácter incontrovertido exigido por la ley. La entidad deberá indemnizar con 2.000 euros por daño moral.

La Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó la condena a Wizink Bank por comunicar a la CIRBE una deuda superior a 11.000 euros cuya existencia y exigibilidad estaban afectadas por procedimientos judiciales previos. La entidad deberá indemnizar con 9.000 euros a la clienta por vulneración de su derecho al honor. La CIRBE no es un fichero de morosos, pero los datos incorrectos pueden afectar la reputación económica y el acceso a financiación. La clienta había obtenido resoluciones favorables en los procedimientos sobre nulidad de dos tarjetas revolving, pese a lo cual Wizink comunicó la deuda.

El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que el Derecho comunitario no obliga a hacer públicos los datos de todos los accionistas de una sociedad anónima. Una ley nacional que permita el acceso indiscriminado a esos datos, sin exigir un interés legítimo, vulnera el RGPD. El caso parte de Letonia, donde 17 accionistas minoritarios recurrieron la normativa que publicaba en internet datos como nombre, DNI, dirección o número de acciones, descargables de forma masiva por usuarios no identificados. El TJUE distingue entre administradores y simples accionistas: estos últimos no son nombrados ni cesados, solo poseen títulos.

El Tribunal Supremo ha eliminado la cláusula de intereses ordinarios de una hipoteca inversa por falta de transparencia, sin posibilidad de reducción conservadora del tipo de interés. También aclara que no es necesario el consentimiento de los herederos para que los padres contraten este producto, ya que solo tienen una expectativa de derechos. Los herederos reclamaban la nulidad del contrato y de varias cláusulas por abusivas y poco transparentes. El Supremo confirma la nulidad de la cláusula de intereses por el sistema de liquidación y anatocismo sin transparencia.

El Ministerio de Consumo ha multado a la empresa de alquiler de coches Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes tasas por la gestión de multas de tráfico. Según el artículo 11 de la Ley de Tráfico, identificar al conductor infractor es una obligación legal del titular del vehículo, en este caso la compañía de alquiler. La Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe cobrar por servicios que son obligación legal de la empresa. La infracción se califica como 'muy grave'.

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que fija que el interés remuneratorio de una hipoteca inversa es anulable si el banco no explicó con claridad que los intereses se suman a la deuda y generan nuevos intereses (anatocismo). Las resoluciones 1190/2026 y 1317/2026 resuelven casos contra Kutxabank. En uno de ellos, los prestatarios recibían 650 euros de renta mensual y pagaban 580,25 euros de intereses en 2019. El Supremo confirmó la nulidad de la cláusula y condenó en costas a la entidad.

El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz que solo se incorporen a la causa los movimientos bancarios de sus cuentas que estén vinculados al caso Leire Díez y que se eviten filtraciones. El partido invoca el derecho a la intimidad de las personas y entidades que aparecen en esos movimientos, ya que muchas operaciones no guardan relación con los hechos investigados. La petición llega después de que el juez reclamara a 12 entidades información sobre 82 cuentas, seis de ellas del PSOE. La UCO cifró en 43.225 euros los pagos a Leire Díez.