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El Tribunal Supremo, en su sentencia 319/2026, ha establecido que cuando un consumidor formuló un requerimiento claro al banco para que eliminara una cláusula abusiva —como las de gastos hipotecarios— sin recibir respuesta positiva, y el banco se allana posteriormente en juicio, la entidad debe asumir las costas del proceso. El alto tribunal aplica la doctrina de que el allanamiento tardío no exime de costas si el banco incumplió previamente la obligación de no vincular a los consumidores con cláusulas nulas. La decisión se basa en el principio de efecto disuasorio de la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas. El fallo reitera que la reclamación extrajudicial previa es el elemento clave para que el banco asuma los costes del litigio que él mismo provocó.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 312/2026, de 25 de febrero, ha rechazado el intento de BBVA de cerrar la puerta a la reclamación de gastos hipotecarios alegando prescripción. El Supremo establece que el plazo de cinco años para reclamar no empieza a correr hasta que el consumidor tiene un conocimiento real de que la cláusula que le hizo pagar notaría, registro y gestoría era abusiva. El banco no puede asumir que el cliente 'debería haber sabido' por la difusión mediática de sentencias anteriores. Esta resolución mantiene abierta la vía de reclamación incluso para hipotecas muy antiguas, siempre que el banco no pueda probar que el cliente concreto tenía ese conocimiento antes.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado íntegramente una sentencia de primera instancia que daba la razón a un cliente frente a Banco Santander, reforzando de forma expresa que negar la condición de consumidor de manera genérica no es suficiente para que un banco evite el control de transparencia y abusividad de sus cláusulas. La sentencia consolida una línea jurisprudencial que facilita la declaración de nulidad de cláusulas abusivas cuando no existe una vinculación real del contrato con una actividad empresarial del cliente. Esta resolución limita una estrategia defensiva frecuente utilizada por las entidades financieras para esquivar la normativa de protección al consumidor.

El Tribunal Supremo ha dictado la STS 181/2026, de 10 de febrero, en la que declara que una entidad bancaria que bloquea cuentas y cobra comisiones por servicios efectivamente prestados no incurre en competencia desleal. El alto tribunal considera que esa conducta está justificada económicamente, amparada legal y contractualmente, y reconocida como correcta por el Banco de España. Además, el hecho de que el banco bonificara antes esa comisión no le impide cobrarla más adelante si lo comunica debidamente al cliente.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 571/2025 de 9 de abril, ha establecido una doctrina de responsabilidad cuasi objetiva para los bancos ante fraudes digitales como phishing, smishing y SIM swapping. El fallo confirma que el banco debe devolver el dinero sustraído incluso cuando se usaron las credenciales del cliente, a menos que la entidad pueda acreditar que el cliente actuó con negligencia grave. En el caso concreto, Ibercaja fue condenada a restituir las cantidades tras un fraude que combinó phishing y duplicación de SIM. El Banco de España ha publicado un análisis específico sobre el nuevo marco de responsabilidad bancaria que abre la puerta a cientos de reclamaciones similares.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 6 millones de euros que el Banco de España impuso al BBVA en 2020 por incumplir el Código de Buenas Prácticas de protección a deudores hipotecarios vulnerables. El banco no informó adecuadamente a sus clientes de la posibilidad de acogerse a este código ni les explicó por qué se les denegaba ese derecho. El tribunal rechazó el recurso del BBVA y afeó que un banco con servicios jurídicos propios alegara indefensión.