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Sanciones de la AEPD, sentencias de tribunales, resoluciones del Banco de España y cambios normativos que afectan a los consumidores bancarios en España. Actualizadas a diario.
97 noticias en Tribunales
El Tribunal de Instancia de O Porriño ha estimado íntegramente la demanda de un consumidor frente a Santander Consumer Finance, declarando nulas y abusivas la comisión de apertura del 3,31% y la comisión por reclamación de posiciones deudoras incluidas en un contrato de financiación de vehículo firmado en julio de 2018. La entidad fue condenada a recalcular el cuadro de amortización eliminando los 396,04 euros de comisión, devolver las cantidades cobradas indebidamente, abonar intereses legales y pagar las costas del procedimiento. El juzgado consideró que la financiera no justificó adecuadamente qué servicio concreto prestaba ni por qué el importe era proporcionado.
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 851/2026, fechada el 3 de junio de 2026, mediante la cual ha comenzado a imponer condenas en costas a los afectados por el índice IRPH que mantienen activos sus recursos judiciales. La asociación IRPH Stop Gipuzkoa ha reaccionado con dureza, denunciando que el alto tribunal castiga a las familias que no retiraron sus demandas pese a los avisos previos del tribunal. Esta decisión se suma a la línea jurisprudencial consolidada desde noviembre de 2025, que limita significativamente las opciones de los hipotecados con IRPH para obtener la nulidad de sus cláusulas. Para los miles de afectados pendientes de resolución, el riesgo de asumir las costas judiciales del banco se convierte en una amenaza económica adicional.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado sus conclusiones en el asunto C-70/25, indicando que los bancos no pueden negarse a devolver de inmediato el dinero sustraído por phishing alegando que el cliente actuó con negligencia grave. Según este criterio, la entidad debe primero reembolsar al cliente y, solo después, investigar si hubo negligencia para intentar recuperar ese dinero. La única excepción admitida sería la sospecha fundada de fraude del propio cliente, comunicada a la autoridad competente. Si el TJUE confirma esta interpretación en su sentencia definitiva, cambiará radicalmente la forma en que los bancos españoles y europeos gestionan este tipo de reclamaciones.
El Tribunal Supremo ha dictado en 2026 varias sentencias que consolidan el análisis caso a caso de las comisiones de apertura hipotecarias. Si la comisión aparece separada con claridad en el contrato y en la documentación precontractual entregada al cliente, no puede declararse abusiva aunque el banco no detalle qué servicios concretos incluye. Sin embargo, si hay duplicidades con otros gastos o la información no fue suficientemente transparente, el consumidor puede recuperarla. Oulego Abogados acaba de ganar en O Porriño frente a Santander Consumer Finance un caso de este tipo.
La Audiencia Nacional ha confirmado mediante la sentencia 1986/2026, dictada el 29 de abril y conocida públicamente en junio, una multa de cinco millones de euros a Ibercaja por haber enviado datos falsos al Banco de España que servían para calcular el índice IRPH. Es la primera vez que un tribunal acredita documentalmente que una entidad contribuidora manipuló los datos que alimentaban este índice hipotecario, que durante décadas aplicaron los bancos a más de un millón de familias. La conducta de Ibercaja tuvo capacidad para distorsionar el IRPH de forma nacional, afectando a hipotecados de otras entidades que ni siquiera eran clientes del banco sancionado. Las asociaciones de afectados reclaman que los cinco millones de multa se distribuyan entre los perjudicados en lugar de ingresar en el erario público.
El Tribunal Supremo ha reafirmado en 2026 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados indebidamente no empieza a correr desde la firma de la hipoteca ni desde las primeras sentencias mediáticas, sino desde el momento en que el consumidor concreto tiene conocimiento real de que la cláusula es abusiva. El banco no puede alegar prescripción basándose únicamente en la difusión mediática de sentencias anteriores. Quienes firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 pueden reclamar la devolución de gastos de registro, gestoría, tasación y parte de notaría. El Supremo refuerza así la protección del consumidor frente a una estrategia defensiva muy extendida en la banca.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia 722/2026 de 11 de mayo, ha resuelto que no basta con haber comprado una vivienda sobre plano para poder reclamar al banco avalista la devolución del dinero anticipado cuando la promoción fracasa: es imprescindible que la compra tuviera una finalidad residencial y no inversora. El caso afectaba a compradores de una promoción fallida en Campos del Río (Murcia) que reclamaron a Caixabank como avalista al amparo de la antigua Ley 57/1968. El Supremo apreció indicios de finalidad inversora en varios compradores —titularidad de otros inmuebles, cláusulas de cesión contractual— y les denegó la protección. La sentencia refuerza la exigencia de acreditar el uso residencial real de la vivienda para acceder al régimen de protección de cantidades anticipadas.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 800/2026, de 27 de mayo, respaldando la aplicación de las cláusulas 'malus' y 'clawback' al que fuera consejero delegado de Banco Popular hasta 2016. El fallo avala que Banco Santander, como entidad sucesora, retire la compensación de prejubilación reconocida al directivo y le reclame la devolución de remuneraciones variables ya cobradas. El Supremo entiende que estas cláusulas son un instrumento legítimo de gobierno corporativo para alinear los incentivos de los directivos con la salud real de la entidad. La resolución llega casi una década después de la resolución del Banco Popular y su adquisición por Santander por un euro.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 11 de junio de 2026 (asunto C-81/24, Jenec) que un banco no puede negar la apertura de una cuenta de pago básica a un consumidor basándose únicamente en que su nombre figura en la lista de sanciones OFAC del Tesoro de EE.UU. La entidad financiera está obligada a realizar una evaluación individualizada del riesgo de blanqueo de capitales y solo puede denegar la cuenta si, tras ese análisis, concluye que el riesgo no puede gestionarse con medidas proporcionadas. La resolución refuerza el criterio de que la normativa antiblanqueo exige un enfoque basado en el riesgo concreto, no respuestas automáticas derivadas de listas extranjeras. Aunque el caso tiene origen esloveno, la doctrina es directamente aplicable a todos los bancos de la UE, incluidos los españoles.
Leer análisis →La Audiencia Provincial de Tarragona dictó el 11 de junio de 2026 una sentencia (ECLI:ES:APT:2026:767) que rechaza el argumento de BBVA según el cual la amplia cobertura mediática de las sentencias sobre cláusulas de gastos hipotecarios debería adelantar el inicio del plazo de prescripción. El banco sostenía que los consumidores podían conocer sus derechos desde 2016 o 2017 gracias a la repercusión de la STS 705/2015. El tribunal exige que sea la propia entidad quien pruebe que el cliente concreto tenía conocimiento real de la abusividad, no una notoriedad genérica. La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo y el TJUE favorable al consumidor.
La jurisprudencia española, liderada por la sentencia TS 571/2025 y reforzada por nuevas resoluciones en 2026, establece que los bancos tienen una obligación cuasi-objetiva de seguridad y deben devolver el dinero sustraído en fraudes de phishing, smishing o SIM swapping, salvo que acrediten negligencia grave del cliente. La sofisticación de los ataques actuales (SMS spoofing, caller ID spoofing) es reconocida por los tribunales como evidencia de que el usuario no actúa negligentemente. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Ibercaja y confirmado la condena a devolver el dinero robado en 15 transferencias no autorizadas por más de 83.000 euros. Además, el TJUE (Asunto C-70/25) respalda esta tendencia al exigir la devolución inmediata del dinero antes incluso de que concluya el litigio.
El Tribunal Supremo ha aclarado que Hacienda no puede embargar automáticamente la cuenta bancaria de un menor de edad por deudas tributarias de sus progenitores, ya que el menor no tenía rentas tributables ni capacidad para asentir en la declaración conjunta de sus padres. El fallo establece además que solo las cantidades superiores al salario mínimo interprofesional depositadas en cuenta pueden considerarse ahorro embargable. El ciudadano tiene la carga de demostrar que los fondos de su cuenta provienen de ingresos protegidos frente a embargo. La resolución refuerza la idea de que Hacienda debe investigar el origen real de los fondos antes de actuar.
Leer análisis →El Tribunal Supremo, en sentencia STS 571/2025 de 9 de abril, ha establecido que los bancos son responsables civilmente de las operaciones no autorizadas derivadas de fraudes de phishing o SIM swapping, incluso si los delincuentes usaron las credenciales reales del cliente, salvo que la entidad pruebe negligencia grave del usuario. En el caso enjuiciado, una clienta de Ibercaja sufrió 15 transferencias fraudulentas en una noche combinando phishing y duplicado de SIM; el Supremo confirmó la condena al banco a devolver todo el dinero. El alto tribunal subraya que no basta con acreditar que se usaron los códigos SMS: el banco debe demostrar que su sistema funcionó correctamente y que el cliente actuó de forma imprudente. El Banco de España ha publicado un análisis propio destacando el alcance de este nuevo marco jurídico.
El Tribunal Supremo ha condenado a Ibercaja a devolver más de 56.000 euros a un cliente víctima de una estafa que combinó phishing y duplicación de tarjeta SIM, mediante la cual los delincuentes realizaron 15 transferencias no autorizadas en una sola noche. El banco había alegado que las operaciones se realizaron con autenticación de doble factor válida, pero el Supremo rechazó este argumento. La sentencia establece que el uso de contraseñas o códigos SMS no implica automáticamente que el cliente autorizó la operación, y que el banco debe demostrar que hubo consentimiento real y consciente. Además, obliga a las entidades a mejorar sus sistemas de detección de operaciones sospechosas.
El Tribunal Supremo ha reiterado en 2026, mediante las sentencias 486/2026 y 161/2026, que la falta de transparencia en una cláusula IRPH no implica por sí sola su nulidad: es necesario demostrar además un desequilibrio material en perjuicio del consumidor. Sin embargo, la sentencia 161/2026 sí anuló el IRPH en un caso de hipoteca por subrogación donde el banco no informó adecuadamente al comprador antes de la firma. El Supremo consolida así el análisis caso a caso, sin dar una solución global para todos los afectados. Esto mantiene limitadas las opciones de reclamar para la mayoría, aunque abre una vía real para quienes acrediten una deficiencia informativa grave y objetivable.
El Tribunal Supremo, en sentencia 800/2026 de 27 de mayo, ha dado la razón a Banco Santander al avalar la aplicación de las cláusulas 'malus' y 'clawback' contra el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron. El alto tribunal considera que su compensación por prejubilación es una retribución variable, lo que permite al banco reclamar su devolución y dejarla sin efecto. También se aplicó la misma doctrina al exconsejero delegado Francisco Gómez. La aseguradora Mapfre deberá dejar sin efecto las obligaciones de pago de la póliza de seguro vinculada y devolver la prima no consumida al banco.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 800/2026 de 27 de mayo, ha dado la razón a Banco Santander y ha avalado la aplicación de las cláusulas malus y clawback al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y a su exconsejero delegado Francisco Gómez. El fallo permite que Santander recupere 12,8 millones de euros en concepto de compensación por prejubilación de Ron y unos 9 millones de Gómez. El Supremo considera que dichas compensaciones eran remuneración variable sujeta a recuperación, dado el grave deterioro financiero del Banco Popular antes de su resolución en 2017. La sentencia revoca parcialmente el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón a los exdirectivos.
El Tribunal Supremo ha dictado la STS 793/2026 en la que aclara cuándo una entidad bancaria es responsable de devolver las cantidades anticipadas por compradores de viviendas que finalmente no se entregaron. La clave está en si el banco conocía o debía haber conocido que la cuenta de la promotora recibía dinero de compradores. No basta con que el banco supiera que su cliente se dedicaba al sector inmobiliario: es necesario que pudiera advertir que los ingresos eran anticipos de compraventa. Esta sentencia sigue la consolidada doctrina iniciada en 2015 y actualizada en 2025 y 2026 con múltiples fallos en el mismo sentido. Si el banco lo sabía, responde; si no lo sabía razonablemente, no.
Leer análisis →La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo en 2026 ha consolidado un criterio protector para las víctimas de phishing bancario: el peso de la seguridad informática recae sobre el banco, no sobre el cliente. Los tribunales entienden que los fraudes actuales de phishing y smishing son tan sofisticados que pueden engañar a cualquier consumidor razonablemente diligente, lo que impide calificar automáticamente la conducta del cliente como negligencia grave. El banco solo se libra de responsabilidad si prueba que el cliente actuó con dolo o negligencia absolutamente inexcusable. Esta doctrina está avalada por la STS 571/2025 de abril de 2025, que obliga al banco a probar tanto el correcto funcionamiento de su sistema como la culpa del cliente.
Leer análisis →El Tribunal Supremo ha dictado la STS 161/2026 en la que declara nula la cláusula IRPH de una hipoteca suscrita por subrogación al préstamo del promotor con Unicaja, porque el banco nunca entregó a los compradores una copia del contrato original donde estaba incluida esa cláusula. Al no estar correctamente incorporada al contrato del consumidor, la cláusula carece de efectos jurídicos: el préstamo subsiste pero sin interés remuneratorio. Esta vía —control de incorporación— es distinta al debate habitual sobre la transparencia del IRPH y abre una ruta de reclamación más clara para quienes compraron vivienda nueva subrogándose en la hipoteca del promotor. El banco no puede exigir intereses de una cláusula que el cliente nunca tuvo la oportunidad real de conocer.